Aval legal al derribo de kioscos
Línea telefónica gratuita para
recibir denuncias sobre drogas
La Cámara de Diputados votó un proyecto para crear una línea telefónica gratuita para receptar inquietudes. Ajustan el plazo para las respuestas a los pedidos de informes al Poder Ejecutivo.
Mario Cáffaro
La Cámara de Diputados dio media sanción a dos proyectos de ley, uno de los cuales establece una línea gratuita para recibir denuncias sobre venta de drogas y el restante regulando la contestación a los pedidos de informes, en el marco de una tranquila sesión sólo alterada por la denuncia del bloque Unión Pro Federal contra el subsecretario de Comunicación Visual y Gestión de Imagen del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, Daniel Canabal, por la difusión de twitter, cuyos términos considera agraviantes y despectivos contra las personas del presidente del PRO de la provincia, Miguel Torres del Sel, y del vicepresidente segundo de la Cámara, Federico Angelini.
En cuanto a la línea 0800, la iniciativa pertenece a la oficialista Verónica Benas (Pares) y el proyecto votado y girado al Senado crea una línea de ese tipo, gratuita, para recepcionar denuncias referidas a la localización de sitios dedicados a la comercialización, venta o distribución de drogas, información que tendrá “carácter confidencial y anónimo” y será evaluada por personal especializado de la dirección general de Prevención y Control de Adicciones del Ministerio de Seguridad.
El proyecto avanza en la autorización del derribo de kioscos dedicados a la venta de drogas, algo que ya se dio en algunos barrios de la ciudad de Rosario. “La autoridad de aplicación podrá disponer que la fuerza pública, en un lapso no mayor de 48 horas de constatada fehacientemente la existencia de locales o puestos de comercialización, venta o distribución de drogas, en los terrenos públicos de cualquier jurisdicción, proceda a la destrucción o remoción de los mismos, previo aseguramiento de pruebas y comunicación al órgano jurisdiccional pertinente”, afirma el artículo tercero.
“En los últimos meses, se han producido episodios de extrema violencia en las principales ciudades de la provincia, vinculados con la presencia de locales dedicados a la venta de estupefacientes. No podemos ignorar que desde hace varios años, Argentina ha dejado de ser un país de tránsito para transformarse en una plaza de consumo de real significancia. De ahí que las disputas territoriales asociadas al control y distribución de las drogas compitan en brutalidad y número de víctimas fatales con aquellos países históricamente señalados como sedes de los principales carteles del narcotráfico”, explicó la diputada rosarina. Consideró “indispensable que el Estado nacional como los Estados provinciales adapten sus estrategias de lucha contra el tráfico de drogas con relación a un escenario completamente nuevo donde las organizaciones criminales se consolidan y crecen, desplegando acciones cada vez más temerarias en pos de lograr el control absoluto del negocio”.
Pedidos de informes
En cuanto al proyecto que apunta a las respuestas a los pedidos de informes, es una iniciativa de varios diputados justicialistas que en el recinto fundamentó el rafaelino Roberto Mirabella. “El proyecto apunta a mejorar el sistema republicano. El pedido de informes es una herramienta del legislador para obtener datos sobre políticas públicas”, señaló. En cuanto al motivo explicó que desde la conformación de la actual Cámara de Diputados en diciembre de 2011, se aprobaron 303 pedidos y apenas 35 fueron respondidos.
La socialista Inés Bertero pidió la abstención del Frente Progresista recordando que está vigente la ley 11.312 que ya regula el procedimiento. Precisamente, el proyecto aprobado ayer prevé derogar esa norma sancionada en noviembre de 1995 a instancias del entonces senador radical por General Obligado, Delkis Scarpín.
El texto votado y girado al Senado alcanza a todo el Poder Ejecutivo, organismos descentralizados, instituciones de seguridad social; empresas, sociedades y otros entes públicos y entes reguladores de servicios. Determina que la respuesta debe ser “precisa y completa, debiendo el Poder Ejecutivo acompañar la documentación respaldatoria de las respuestas efectuadas o indicar el lugar de ubicación cuando ésta sea pública o se encontrase en algún archivo de consulta”. Establece que si el pedido no establece plazo, éste será de 30 días hábiles y faculta al poder administrador a pedir una prórroga.
Las Cámaras, en tanto, llevarán un registro de los plazos acordados para las respuestas, de sus eventuales ampliaciones, del incumplimiento y de las respuestas recibidas. Además, ordena a cada Cámara a publicar mensualmente en su página web el listado de temas no contestados.
