Editorial
El debate por las mayorías
La idea impulsada por algunos legisladores de modificar la mecánica del acto electoral y convertir a la actual -y todavía flamante- boleta única en una separata de tres cuerpos, agitó el avispero político a un punto que no se corresponde con la condición de la propuesta.
Concretamente, la iniciativa -avalada por legisladores de distinto signo partidario, e incluso de la oposición- apunta a “pegar” las nóminas de diputados con las de gobernador y vice, por un lado, y concejales e intendente por otro. Gráficamente, implica reemplazar la boleta única por un juego de “mini-sábanas”.
El propósito es facilitar gobernabilidad a las autoridades electas para el Poder Ejecutivo, y evitar que, como ocurrió en las últimas elecciones provinciales, resulte una Legislatura con ambas cámaras en manos de la oposición.
El rechazo generado en distintos ámbitos reconoce sólidos fundamentos en la transparencia y la calidad del acto institucional, ya que en tales términos no hay dudas de que el proyecto significa un retroceso. Que, por lo demás, conspira contra la posibilidad de dar el siguiente paso, hacia el voto electrónico.
También se ha invocado -con coherencia en algunos casos, con descaro en otros- que la modificación implicaría amañar la interpretación de la voluntad popular, que en el caso que sirve de antecedente optó por consagrar gobernador de un partido y Legislatura de otro signo; presumiblemente como forma de conseguir un mayor control y obligar a la gestión a entablar diálogos y buscar consensos. Argumento cuya lógica es inexpugnable.
El problema es que la composición exhibida actualmente por la Legislatura santafesina responde, en buena medida, a la aplicación literal del art. 32 de la Constitución Provincial. Y no a su espíritu, que era, precisamente, el de garantizar la gobernabilidad, otorgando al gobernador una mayoría automática de 28 diputados afines.
Tal asignación resulta absolutamente discutible, ya que soslaya la hipotética voluntad del elector de optar por partidos diferentes para cada categoría, y la distribución proporcional de las bancas. Pero se vuelve una insostenible contradicción cuando el que obtiene esa mayoría automática -y no proporcional a los votos obtenidos- es un partido opositor, como ocurre actualmente.
En tal sentido, la reforma impulsada -que por lo demás, no invalida el corte de boleta- opta por un mal menor, para corregir ese dislate. Y es así como debe ser considerada, a la hora de sopesar argumentos a favor y en contra, sobre la base del correcto razonamiento y la buena fe.
Claro que éste último atributo escasea cuando se pretende atribuir a un simple y aun cuestionable proyecto de ley el rango de una burla a la democracia, siendo que -además de prever efectos que no incidirán para el actual gobierno- lo único que se ha hecho es someterlo a debate. Y, paradójicamente, para prosperar depende de la aprobación de las mismas mayorías que aspira a combatir.
