Respuesta del municipio por la demanda judicial de los propietarios

“La demolición de la casa de San Martín

y Rioja busca garantizar la seguridad”

“La demolición de la casa de San Martín y Rioja busca garantizar la seguridad”

El edificio.

Está en una esquina muy transitada de la Peatonal santafesina y es eje de una disputa entre el municipio, que ordenó su demolición por el mal estado en que se encuentra, y uno de los dos propietarios, que quiere conservarlo en pie.

Foto: Amancio Alem

El inmueble ya había sido declarado en riesgo de derrumbe en 2010, y desde entonces cayó mampostería. En ese tiempo, no existió ningún tipo de mantenimiento de parte de los propietarios.

 

De la Redacción de El Litoral

[email protected]

A raíz de una presentación judicial efectuada por uno de los propietarios del viejo edificio de La Rioja y San Martín para solicitar que el municipio no concrete la demolición del inmueble, desde la Secretaría de Planeamiento Urbano se remarcó que la medida se tomó con el objetivo de proteger la integridad de las personas que diariamente circulan por el lugar y ante la total falta de inversión en mantenimiento por parte de los dueños.

“La propiedad privada tiene una función social, que exige que no ocasione peligro para los demás. Es obligación de los propietarios de los inmuebles mantenerlos en condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad, de modo tal que no impliquen un riesgo para terceros. En el caso particular de este inmueble, los propietarios han incurrido en décadas de desidia, convirtiendo al edificio en un peligro público”, remarcó el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Eduardo Castellitti.

Antecedentes

El pedido para suspender la demolición por parte del Municipio, fue realizada por Francisco Huspenina, uno de los propietarios del inmueble. En la respuesta elevada por el Municipio a la Justicia, se resaltó también que “la situación descripta no es nueva, sino que data de años de desidia de los propietarios del inmueble, quienes han permitido que se presente en la actualidad en estado de ruina declarado”.

En ese sentido, se destaca que han sido numerosas las actuaciones previas intimando a los propietarios para que adopten las medidas necesarias con el fin de que el bien no constituya un peligro público.

También se destacó “la distinta posición asumida por los copropietarios del inmueble”, donde Huspenina ha sido quien “sistemáticamente ha intentado impedir cualquier tipo de medida de restauración o demolición, mientras que los otros -al menos- han intentado efectuar con profesionales las tareas requeridas”.

De hecho, desde el municipio se remarcó que “ante la negativa del propietario, el resto de los dueños han dado expresa autorización y consentimiento para que proceda a la demolición aludida”.

En el escrito elevado a la Justicia se apunta también que el propietario, “con absoluta desaprensión no sólo de los ciudadanos transeúntes en general, sino de los inquilinos que él mismo reconoce tenía el inmueble a través de locales comerciales, ha pretendido explotar el inmueble sin hacerse cargo en ningún momento de su mantenimiento”. Y deja constancia de que “tampoco en todo este tiempo arrimó prueba alguna para constatar la falta de adecuación de los informes técnicos y decisiones municipales”.

Por el contrario, explica el municipio, “recién cuando se anunció el comienzo de las obras de demolición, y pese a haber tenido con anterioridad la disposición del inmueble, acceso pleno a las actuaciones y total predisposición de las autoridades administrativas, el 24 de julio solicitó un presupuesto para que se proceda a evaluar la condición estructural del edificio”.

“Hasta ese momento, el actor ninguna tarea efectuó sobre el bien -ni tampoco con posterioridad-, pese a las numerosísimas intimaciones, recursos efectuados y presentaciones que se traducen claramente en maniobras dilatorias absolutamente infundadas”, reza la presentación del Municipio.

Preocupación

En declaraciones a la prensa, Castellitti remarcó que “ante la falta de intervención por parte de los propietarios, es el municipio quien decide la demolición, porque consideramos prioritario proteger la integridad física de los vecinos. ¿Quién se va a hacer cargo si sucede una tragedia ante el desprendimiento de mampostería? Si ustedes recuerdan, algo similar ocurrió el 17 de agosto en Buenos Aires, y le costó la vida a una persona. Y aquí, en plena Peatonal, se desprendió hace algunos meses un balcón pero afortunadamente no tuvimos que lamentar ningún daño a los transeúntes. Las actuaciones del Municipio para que los propietarios se hagan cargo de reparar el edificio de La Rioja y San Martín se iniciaron en 2006, y desde entonces nunca hubo una sola inversión”, resaltó.