EDITORIAL
Cuando el socialismo asumió el gobierno de la provincia en 2007, se encontró con dos grandes desafíos en materia judicial.
El primero, poner en funcionamiento el nuevo Código Procesal Penal, que vino a saldar una vieja deuda pendiente al actualizar un sistema tan vetusto que, incluso, contradecía la letra de la Constitución Nacional reformada en 1994.
El otro, hacer frente a una Justicia habituada a establecer sus propias reglas y a gozar de ciertos privilegios que a lo largo de la historia fueron echando raíces profundas. De hecho, fue este poder el que por disensos conceptuales trabó el proceso de modernización del sistema penal impulsado por el Ejectuvo provincial. Entre tanto, el Código Procesal de Santa Fe se convirtió en el más anticuado de la Argentina.
Cinco años después del inicio de la gestión socialista, Hermes Binner y Antonio Bonfatti alternaron avances y aciertos con algunos inconvenientes y desatinos que hoy generan preocupación y dejan abierto un verdadero enigma sobre la situación del Poder Judicial y su efectiva posibilidad de brindar un servicio eficiente a una comunidad ávida de respuestas.
Si bien es cierto que el gobierno debió afrontar la reticencia a los cambios de algún sector de la Justicia, también es verdad que existen problemas innegables y que impera la necesidad de resolverlos cuanto antes si se quiere evitar que la situación continúe agravándose.
En las últimas horas, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia advirtió sobre notorias carencias en la estructura de recursos humanos. Y no es el primer llamado de atención en este sentido.
Hace un par de semanas, los integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la ciudad de Santa Fe describieron la misma situación. Desde el Colegio de Abogados, también se emitieron comunicados planteando la gravedad del problema.
A modo de ejemplo, la Cámara de Apelaciones en lo Penal santafesina cuenta en la actualidad con sólo la mitad de sus vocales en funciones. En el fuero Civil y Comercial, hay tres vacantes en los once Juzgados de Distrito de la ciudad de Santa Fe. Y en dos de esas vacantes no hay posibilidad de recurrir a subrogancia alguna, porque está agotada la nómina de jueces con acuerdo.
En la Sala 1a. de la Cámara Civil y Comercial existe una vocalía vacante desde hace dieciséis meses, y todavía no se ha fijado la fecha de la prueba de oposición. Problemas similares se reiteran en los Tribunales Colegiados locales de Responsabilidad Extracontractual y en los de Familia.
En estas condiciones, el servicio de Justicia tambalea. En consecuencia, existe el riesgo concreto de que los jueces terminen abocándose sólo a aquellas causas urgentes en las que existen personas detenidas. El resto, deberá esperar.
Es verdad que los recursos no sobran y que todo cambio plantea inconvenientes. Sin embargo, se impone la necesidad de que el Poder Ejecutivo adopte las medidas políticas adecuadas para enfrentar esta incuestionable situación de emergencia.
La Justicia en problemas
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