Por una gestión de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe

Evitaron una estafa en perjuicio de

un grupo de jubilados y pensionados

Los damnificados fueron sorprendidos en su buena fe al tomar un crédito en un banco privado de Villa Ocampo. Con la intervención de la Defensoría, se logró que no se cobren créditos que tenían un costo financiero total que rozaba el 260 por ciento.

De la redacción de El Litoral

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El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Dr. Edgardo Bistoletti, recibió la queja de jubilados y beneficiarios de pensiones no contributivas de Villa Ocampo, a los que se les pretendía cobrar créditos que tenían un costo financiero total que rozaba el 260 por ciento.

Fueron sorprendidos en su buena fe al tomar un crédito en una entidad bancaria privada, que era promocionado bajo determinadas condiciones; pero, que en los hechos no se cumplían.

Al analizar la documentación aportada, la Dirección de Defensa de Usuarios y Consumidores de la Defensoría llegó a la conclusión de que el Costo Total Financiero (CTF) de la operación llegaba a casi el 260 por ciento, porcentaje que excede largamente lo preceptuado por el Decreto Nacional 246/2011, por el cual el CTF máximo no puede superar en un cinco por ciento (5%) adicional a la tasa informada mensualmente por el Banco de la Nación Argentina, aplicable a las operaciones de préstamos personales para jubilados y pensionados.

Ante esa situación, la Defensoría del Pueblo solicitó la intervención de la recientemente creada Gerencia de Protección de Usuarios de Servicios Financieros, dependiente del Banco Central de la República Argentina, que intimó a la entidad bancaria a que reconvenga la situación de alto costo financiero que se aplicaba a los tomadores de los préstamos.

Esta situación se originó a través de un promotor de este banco en la ciudad de Villa Ocampo que publicitaba a través de una radio de su propiedad estos préstamos a sola firma, con la presentación de recibo de sueldo y DNI; con la condición de devolverlo en 12 cuotas fijas.

Según informó este organismo, los documentos fueron firmados en Resistencia, provincia del Chaco, y tras ello recibieron el dinero, pero grande fue la sorpresa cuando advirtieron que el importe de las cuotas y de los meses superaban largamente las condiciones promocionadas.

El cuadro de abuso y vulneración hacia los denunciantes se complementa con el hecho de que los beneficiarios de pensiones no contributivas que acudieron a la Defensoría del Pueblo tienen dificultades para leer y escribir.

Hechos concretos

A modo de ejemplo, desde la Defensoría del Pueblo de Santa Fe advirtieron que una mujer que percibe una jubilación mínima de $1.419,50 al mes de julio del corriente año y no sabe leer ni escribir, suscribió un crédito por 2 mil pesos, a pagar en 24 cuotas de 247,89 pesos, y no en 12 como se le dijo en Villa Ocampo.

El otro caso es el de un beneficiario de una pensión no contributiva de 1.145,47 pesos, que tampoco sabe leer ni escribir. Pacta un crédito por 2 mil 500 pesos, en 29 cuotas de 292,85 pesos.

En ninguno de los casos, los tomadores de créditos reciben la totalidad del monto dado, que se le detraen los costos administrativos correspondientes. Estas condiciones, entre otras, son las que elevan el Costo Financiero Total a casi el 260 por ciento.

Pudo constatarse que al momento de la contratación en la sucursal de la ciudad de Resistencia, “hubo ausencia de negociación y cercenamiento de la autonomía de la voluntad, dada la posición de superioridad de la entidad bancaria respecto al consumidor.

En este contexto mal pudieron los denunciantes conocer acabadamente cuál era la tasa de interés. Otra de las anormalidades denunciadas fue que en la sucursal no les entregaron la copia de convenio, lo que impidió conocer qué otras cláusulas contractuales firmaron”, advirtieron desde la Defensoría del Pueblo de la provincia.

Llamado de alerta.

La medida dispuesta por la creada Gerencia de Protección de Usuarios de Servicios Financieros dependiente del Banco Central de la República Argentina sólo beneficia a los ciudadanos que se acercan a formular su queja. No obstante, ante la presunción de que la cantidad de afectados sea mayor y a solicitud de la Gerencia de Protección de Usuarios de Servicios Financieros dependiente del BCRA, se convoca a quienes puedan encontrarse en igual o similar situación a efectuar las consultas y/o denuncia ante la Defensoría de Pueblo.

/// EL DATO