Indemnizaciones actualizadas
Cristina promueve una nueva ley
para asegurar riesgos del trabajo
Cristina y un anuncio con la conformidad de los “gordos” cegetistas, el beneplácito de la UIA y las críticas de los abogados laboralistas. Foto: DyN
El proyecto plantea que un trabajador damnificado debe optar entre el cobro del seguro o la acción judicial del resarcimiento. Clausura la polémica “doble vía”.
De la redacción de El Litoral
Télam
El gobierno nacional anunció el envío al Congreso de un proyecto de reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo, que prevé la exclusión de la doble vía de cobro, una actualización semestral de los topes indemnizatorios y un adicional del 20 por ciento en concepto de reparación integral.
La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, anunció anoche en la Casa de Gobierno que remitirá al Congreso la iniciativa con la que buscará modificar la ley 24.557 de Riesgos del Trabajo, sancionada durante la década del ‘90, cuyos principales artículos fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia hace ocho años.
La decisión de enviar el proyecto de ley, que viene siendo discutida desde hace más de seis años, surge luego de un principio de acuerdo alcanzado por empresarios y el sector sindical. Cristina anticipó su posición respecto al tema al hablar en la celebración del Día de la Industria, el 2 de septiembre en Tecnópolis, cuando avaló la denominada “opción excluyente” que implica que si un trabajador que sufre un accidente laboral opta por cobrar la indemnización, no podrá luego iniciar un juicio en el fuero laboral.
De esta manera se busca saldar la falencia de la normativa actual que establece límites al inicio de demandas si la persona cobró el resarcimiento a las Administradoras de Riesgo del Trabajo. “Ya no puede haber doble vía, no se le impide a nadie ir a juicio porque sería inconstitucionalidad, por lo que cualquier trabajador puede ir a la Justicia Civil si no está de acuerdo con los montos que se establecen”, dijo la presidenta en su discurso de esa tarde.
Al anunciar el envío del proyecto, Cristina enfatizó que se decidió “ir al meollo de la cuestión con la actualización de los montos para que ningún trabajador sea perjudicado y que sean cobrados rápidamente”.
También remarcó que “se fija el plazo para poder cobrar en 15 días de producido el accidente. De esta manera ningún trabajador va a tener que estar arrastrando días, meses y hasta años un juicio. En los que muchas veces pasa que el trabajador termina muriendo, o padeciendo discapacidades parciales”, argumentó.
En cuanto a los montos “se estableció un método de actualización semestral de los topes indemnizatorios” por sobre la última actualización del 1º de enero de 2010 que fijaba un tope de 180.000 pesos en caso de muerte del trabajador y que ahora pasará a “383.000 pesos más el 20 por ciento”.
Antecedentes
El texto elevado por la presidenta al Congreso propone reemplazar parte de la ley 24.557, que fuera sancionada a fines de 1995 y que creó las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
La norma reguló las acciones de prevención y creó un seguro obligatorio para los empleadores, pero en su texto original impedía la demanda judicial del trabajador. Esta cuestión terminó en “inconstitucionalidad” y dejó habilitada la doble vía: la indemnización del seguro más la demanda judicial.
Rehabilitada la acción civil, volvió la industria del juicio. Las cámaras empresarias se quejan desde entonces porque deben afrontar el costo del seguro obligatorio y al mismo tiempo el de los juicios y eventuales indemnizaciones, ya que los trabajadores o sus familiares, pueden reclamar judicialmente si no están conformes con la cobertura del seguro, tras un accidente o enfermedad profesional.
Mediante un decreto que dictó en 2009, la presidenta elevó topes indemnizatorios mientras que la Superintendencia de Seguros de la Nación habilitó la creación de un Seguro de Responsabilidad Civil, pero las medidas supletorias no frenaron la litigiosidad y con ella los sobrecostos.
Según un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, desde enero de 2002 hasta junio de este año se presentaron 255.000 demandas por accidentes del trabajo (incluye los que se producen in itinere) y enfermedades profesionales.
Aún con niveles de accidentabilidad en baja, Santa Fe tiene la tasa de litigiosidad más alta del país, con un promedio 232 reclamos cada 10 mil trabajadores en actividad. El problema santafesino es particularmente agudo si se tiene en cuenta que a nivel nacional el promedio es de 77 juicios cada 10 mil empleados.
66.000
demandas por accidentes laborales se esperan para este año en el país.
A la fecha suman 255 mil juicios desde 2002. En 2003 se presentaron 3 mil demandas; la “industria del juicio” -doble vía mediante- inició 57 mil expedientes sólo el año pasado.
Acuerdo de la UIA y los administradores
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio De Mendiguren, evaluó que el proyecto “realmente resuelve el problema de fondo” porque “le da al trabajador la seguridad de que se van a ajustar de forma automática las indemnizaciones”.
“El único perjudicado en esto es la industria del juicio”, dijo el empresario. “Esta ley trabaja muchísimo en la prevención para que se eviten los accidentes”, recordó.
Por su parte la Unión de Administradoras de Riesgos de Trabajo (Uart) expresó que el proyecto de modificación de la ley de riesgos laborales representa “un gran paso” para la solución de los problemas del sistema.
Las administradoras dijeron que “compatibilizar el sistema de reparación de los accidentes y enfermedades del trabajo con otros sistemas de responsabilidad, constituye un gran avance para la consolidación de los derechos y obligaciones de todos los actores sociales involucrados”.
En cuanto a las ART Mutuas, expusieron que “no hace más que conformar una oferta más amplia que volverá más virtuoso el mecanismo de aseguramiento, promoción de la prevención y adecuada reparación”, se destacó en el comunicado.
ART mutual
Cristina firmó hoy el decreto 1720/2012 que las crea. “Son ART sin fines de lucro, y quienes pueden constituirlas son las asociaciones de profesionales, cámaras empresariales y los sindicatos que participan en las negociaciones colectivas”, explicó la presidenta. Esto era “algo muy reclamado durante mucho tiempo, muy beneficioso, que va a mejorar los costos y la competitividad de la economía, y permite orientar recursos que se trasladaban por afuera del sector laboral y que ahora podrán volcarse al sector que produce”.
/// EL DATO
De reparaciones y honorarios
Otro punto referido del proyecto es el establecimiento de un 20 por ciento adicional sobre el monto indemnizatorio para receptar un criterio de un fallo de la Corte Suprema que habla de reparación integral de daño, y que la Presidenta dijo compartir “plenamente”.
También se estableció en el proyecto “un tope de honorarios de los abogados del 20 por ciento”, precisó Cristina al cuestionar que “los abogados fijaban una cuota de hasta el 35, el 40 o hasta el 50 por ciento de la indemnización del trabajador”.
Además, se “establecen pautas para fijar el valor del seguro, que hoy es libre y discrecional -algo que pasaba con las comisiones de las AFJP- y se establece un límite del 20 por ciento”, amplió la Presidenta al recordar que “el mercado al no estar regulado hoy tiene gastos no prestacionales del 35 por ciento en las ART”.
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