EDITORIAL

Regulación de la telefonía móvil

Una de cada cinco denuncias recibidas en lo que va del año por la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia refieren al servicio de telefonía móvil, por encima de los otros rubros más apuntados, como los de artículos del hogar, bancos y empresas de telefonía fija.

El dato se repite en todo el país y se cifra en la deficiencia o falta de cobertura del servicio, el incumplimiento de promesas contractuales o promocionales, la aparición de cargos por ítems no solicitados, y sobrefacturación.

La dimensión obtenida por la telefonía móvil en nuestro país explica esta preeminencia numérica, y a la vez da cuenta de los alcances del problema: mientras las líneas fijas tocaron un techo en los 8 millones, las correspondientes a celulares están en el orden de los 58, con tendencia al crecimiento.

La explicación también es sencilla, aunque pertinente: mientras las líneas fijas están limitadas a la comunicación bidireccional y constreñidas a un espacio físico, la telefonía móvil permite ubicuidad y admite desplazamiento. A la vez, el avance y abaratamiento de la tecnología ha convertido a los aparatos en verdaderos centros de entretenimiento y conectividad.

Esta serie de prestaciones se incorporaron a la vida cotidiana de tal manera que, lejos de formar parte de un consumo suntuario, produjeron un verdadero cambio cultural. Hasta tal punto que determinadas prácticas que poco tiempo atrás eran consideradas extravagantes u ostentosas, hoy resultan tan corrientes que lo llamativo es su carencia.

En este contexto, las deficiencias del servicio o las decisiones empresariales que son percibidas como un abuso por los usuarios, ya no pueden ser contingencias libradas al mero juego de la oferta y la demanda. Máxime cuando las condiciones de acceso son diferentes, según se disponga de recursos suficientes para contratar abonos “a medida” -en la relación de costos y beneficios- o se deba utilizar el sistema de tarjetas prepagas, con desembolsos menores pero no necesariamente convenientes.

Desde el año pasado, el Senado nacional tiene bajo análisis un proyecto del santafesino Rubén Giustiniani para declarar servicio público a la telefonía móvil, lo que implicaría la posibilidad de que el Estado intervenga en la fijación de precios, derechos de los consumidores, tarifas sociales, y calidad y continuidad de los servicios. Esta idea mereció argumentación en contrario de especialistas en derecho administrativo -que proponen un estatus jurídico intermedio, menos limitativo de la libertad de contratación- y sumó como factor de incertidumbre la decisión del gobierno nacional de reservarse casi el 25 % del espectro radioeléctrico, parte del cual podría ser utilizado por cooperativas. Por cierto, esta aparente apertura del mercado, junto a otras medidas como la portabilidad numérica o la prohibición de cobrar por el tiempo de espera, son avances en el sentido apuntado.

Más allá de la solución por la que se opte, resulta evidente la trascendencia de la cuestión, e impostergable un abordaje integral y acorde a ella.