EDITORIAL

Problemas que afectan a la Justicia del país

Mientras la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, el Colegio de Magistrados y los Colegios de Abogados advierten sobre los inconvenientes que se generan por la importante cantidad de juzgados vacantes, un reciente informe de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) revela éste no es un problema que sólo afecta a Santa Fe.

De acuerdo con dicho estudio -realizado sobre la base de datos oficiales-, más del 18 por ciento de los jueces argentinos son subrogantes, es decir que uno de cada cinco magistrados ha sido designado por un sistema distinto al establecido por la Constitución Nacional para el acceso a la magistratura.

La ADC denunció que, si bien las subrogancias deberían representar una excepción en casos de remoción, muerte, renuncia o jubilación de los magistrados titulares de los juzgados, en la práctica se han convertido prácticamente en la regla imperante.

A diferencia de los magistrados que deben sortear todas las etapas previstas por la ley a través del Consejo de la Magistratura para comprobar su idoneidad, honestidad y predisposición para el puesto que pretende ocupar, los subrogantes llegan a dichos cargos por decisiones que suelen ser discrecionales y que afectan, en los hechos, las garantías de independencia judicial.

En algunas jurisdicciones, el problema alcanza niveles alarmantes. Por ejemplo, en la Justicia Federal de Salta, el 35,71% de los magistrados son subrogantes. La ADC reveló que Mar del Plata es el único lugar sin magistrados provisorios en el Poder Judicial Nacional.

El relevamiento plantea otros inconvenientes. Entre ellos que, por lo general, en el momento del nombramiento -a cargo de las Cámaras de Apelaciones- no se suele establecer un plazo de vencimiento en la función del magistrado subrogante. De esta manera, un juzgado puede permanecer en esta condición durante años.

Entre las causas del problema, aparece el retraso del Consejo de la Magistratura de la Nación en concluir los concursos. A esto se agrega la demora del Poder Ejecutivo en remitir al Senado la elección de algunos de los candidatos de las ternas.

Según la ADC, en los últimos dos años el Consejo sólo concluyó 5 concursos públicos destinados a cubrir 21 vacantes, mientras que en 2010 se concluyeron 39 concursos destinados a cubrir 119 vacantes. Por su parte, hasta julio de 2012 se encontraban pendientes en el Ejecutivo Nacional 81 designaciones.

Esta situación afecta de manera directa a la institución judicial que representa uno de los pilares del sistema republicano. Pero más allá del problema de fondo, en términos fácticos la problemática agrava aún más la situación de inseguridad que se vive a lo largo y ancho del país.

Si bien es cierto que a la Justicia no le compete la responsabilidad de prevenir delitos, también es verdad que la falta de jueces o la carencia de idoneidad de algunos magistrados, suelen entorpecer la investigación y resolución de las causas. Y en ocasiones, los delincuentes terminan recuperando la libertad y en condiciones de reincidir.