Editorial
Crisis causada por errores del gobierno
La protesta y el estado de sublevación en que incurrieron efectivos de Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina -con el apoyo de otras fuerzas policiales federales y provinciales- dejó al desnudo mucho más que la despareja e insostenible situación salarial de quienes cumplen con la misión fundamental de proteger al país y velar por la seguridad de sus fronteras.
En primer término, esta crisis permitió que la mayoría de los argentinos tomara conciencia del doble discurso del gobierno nacional. Por un lado, se habla permanentemente del compromiso estatal en materia de seguridad e, incluso, se destina a gendarmes y prefectos a la custodia de algunas de las zonas más peligrosas del Gran Buenos Aires. Sin embargo, no se duda al firmar un decreto que determina que estos efectivos, que arriesgan a diario sus vidas, cobren sueldos de miseria.
Pero la protesta también dejó al descubierto la improvisación y la prepotencia en la toma de decisiones por parte de las autoridades nacionales. Si bien es cierto que estos agentes del Estado no podían seguir cobrando gran parte de sus salarios “en negro”, es inaudito que los responsables políticos del área no se hubiesen percatado de que, en algunos casos, gendarmes y prefectos pasarían a perder alrededor del 50 por ciento de sus ingresos.
Ningún trabajador, más allá de que se trate de integrantes de fuerzas de seguridad, puede tolerar semejante recorte sin reaccionar. De esos ingresos dependen no sólo ellos, sino también sus familias.
Esta crisis también demuestra que el oficialismo actúa convencido de que el relato está por encima de los hechos incontrastables de la realidad.
Cuando la ministra de Seguridad, Nilda Garré, anunció la decisión de relevar a las cúpulas de Prefectura y Gendarmería, finalizó su discurso -esta vez convocó a la prensa pero, una vez más, no se aceptaron preguntas- diciendo: “Queda así normalizada la situación en las dos fuerzas”.
¿De qué normalidad hablaba la ministra?, ¿es que acaso está convencida de que los problemas se solucionan por el simple hecho de verbalizar su resolución? La tendencia del gobierno a negar la realidad y a intentar reemplazarla por un relato favorable resulta por momentos abrumadora.
Pero Garré no fue la única que intentó instalar un discurso funcional al gobierno. El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, dijo en un principio que gendarmes y prefectos buscaban “generar caos” con sus protestas. De alguna manera hizo sobrevolar la teoría conspirativa, atada a una supuesta intención de subvertir el orden institucional.
Cuando quienes mantienen sus protestas mostraron sus recibos de sueldos frente a los medios de comunicación, Abal Medina terminó reconociendo el problema y declaró que la liquidación salarial fue “desastrosa”.
Seguramente, en las próximas horas la protesta culminará. Pero por delante quedará latente un verdadero desafío: restablecer el orden, la autoridad y la confianza entre los efectivos de estas fuerzas de seguridad.
