Instituto de Solidaridad Educativa
Preocupa a varios colegios profesionales un proyecto a discusión en Diputados
Crea un impuesto a profesionales matriculados para solventar becas a estudiantes. Los autores discutieron el proyecto con alumnos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.
En el aula Alberdi de Derecho, Cresto acompañó a Olivera y a Busatto en la presentación del polémico proyecto. Foto: pablo aguirre
De la redacción de El Litoral
El proyecto de ley de los diputados justicialistas Ricardo Olivera y Leandro Busatto para crear el Instituto de Solidaridad Educativa en base a un impuesto a los profesionales universitarios en la provincia generó una fuerte reacción de un grupo de colegios de graduados en distintas disciplinas que expuso su preocupación en nota ante la Comisión de Educación de la Cámara Baja.
En tanto, los autores invitaron a Santa Fe a Mayda Cresto, directora del Instituto Becario de Entre Ríos -modelo del proyecto santafesino- para que explicite los alcances del funcionamiento de dicho instituto. Fue durante una charla realizada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. Cresto contó la experiencia llevada a cabo en su provincia donde el organismo lleva más de veinte años y hoy le permite brindar ayuda a más de 30.000 alumnos con un sistema que tiene once tipo de becas y que ha permitido que muchos jóvenes entrerrianos puedan acceder a un título profesional.
El proyecto de Olivera y Busatto prevé comenzar con becas para alumnos de nivel terciario y universitario, financiadas a través de un impuesto al ejercicio de la actividad profesional, partiendo de la concepción de solidaridad y de devolver a través de este sistema lo que la universidad pública aportó para la formación gratuita de profesionales.
“Muchos de los que estamos acá hemos tenido la posibilidad de recibirnos a partir de la educación pública y gratuita, por lo que nos parece importante que, desde la solidaridad, podamos hacer un aporte para que jóvenes como ustedes, sobre todo del interior, puedan llevar adelante una carrera universitaria” expresó Olivera.
Cresto admitió que “como está pasando en Santa Fe, nuestro proyecto recibió al comienzo alguna resistencia por parte de los colegios profesionales, pero hoy esos colegios son nuestros aliados en la implementación de la política de las becas”.
El proyecto santafesino prevé la participación de los colegios profesionales, universidades, Ministerio de Educación y representantes de la Legislatura en un consejo consultivo, que será el encargado de definir las prioridades y todo lo concerniente al otorgamiento de las becas.
Rechazo
En tanto, varios colegios hicieron llegar a la presidenta de la Comisión de Educación de Diputados, Rosario Cristiani, una nota donde consta la “profunda preocupación” por el proyecto del Instituto a partir de nuevo impuesto. “Debemos advertir que lo que grava es el ejercicio del profesional matriculado. Es en esencia, un impuesto sobre los ingresos brutos con destino específico, lo cual no corresponde ya que la actividad profesional no organizada en forma de empresa se encuentra exenta en Santa Fe”.
La nota lleva las firmas de colegios -especialmente de la segunda circunscripción con sede en Rosario- de Médicos, Bioquímicos, Odontólogos, Farmaceúticos, Fonoaudiólogos, Procuradores, Profesionales en Ciencias Económicas, Abogados, Escribanos, Arquitectos, Martilleros, Kinesiólogos e Ingenieros Especialistas.
Expresan en la nota que la creación de un impuesto con destino específico “atenta contra el principio de generalidad de la tributación, por cuanto se hace una selección arbitraria de contribuyentes para atender un gasto cuyos recursos deben provenir del presupuesto de educación solventado por rentas generales”.
En otra parte de la nota, señalan que el proyecto “gravando el ejercicio de la actividad profesional, no hace más que afectar el derecho de todos los ciudadanos al acceso a la justicia, salud, vivienda y otros y se presenta como violatorio del principio de progresividad y no regresividad en el reconocimiento de los derechos humanos del Estado y del principio pro homine”. También señalan que la alícuota fija del 2% “le da un neto carácter regresivo”.
