EDITORIAL

Saludable respuesta ante el caso Despouy

 

A partir del rotundo triunfo electoral del año pasado y con el control absoluto del Congreso Nacional, quedó firmemente instalada la sensación de que no existirían límites institucionales para el kirchnerismo. Los desaciertos y las miserias exhibidas por los partidos de la oposición durante los últimos tiempos, alimentaron aún más esta convicción. Y el gobierno supo sacar provecho político de este contexto, ejerciendo un estilo centralizado y autocrático de poder para el que no parecía existir contrapeso alguno.

Sin embargo -y afortunadamente para el país y para las instituciones de la República-, durante los últimos días se produjo una situación alentadora. Ante el flagrante y grosero intento del gobierno nacional por desplazar a Leandro Despouy de la presidencia de la Auditoría General de la Nación (AGN), distintas organizaciones intermedias y dirigentes de la oposición estuvieron a la altura de las circunstancias.

La Constitución Nacional establece que la AGN depende del Poder Legislativo y tiene como funciones específicas ejercer el control del sector público en aspectos económicos, patrimoniales, operativos y financieros.

También dispone que el presidente de este órgano debe ser designado por el partido opositor con mayor representación en el Congreso de la Nación. En este caso, se trata del radicalismo.

El objetivo de estas condiciones apunta a garantizar la independencia de la AGN del Poder Ejecutivo nacional. Pero tales facultades comenzaron a resultar incómodas para un gobierno poco predispuesto a ser controlado y a brindar explicaciones de sus actos.

Cuando el embate oficial contra Despouy se hizo evidente, organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Asociación por los Derechos Civiles, la Fundación Directorio Legislativo y Poder Ciudadano, se unieron para emitir un documento en el que denunciaron la crisis, reclamaron respeto a la independencia de la AGN y exigieron a los legisladores del oficialismo que respetaran la figura del presidente del organismo.

Advirtieron que la situación de la AGN agrava el inconstitucional desmantelamiento que sufren los órganos de control, de protección de derechos y de rendición de cuentas.

Hace una semana, estas organizaciones intermedias reclamaron que los partidos políticos del oficialismo y la oposición resolvieran con celeridad la injustificable situación de incertidumbre creada, garantizando la autonomía y funcionalidad de la Auditoría General de la Nación.

Frente a tales urgencias, dirigentes opositores dejaron de lado sus diferencias y sus personalismos, para establecer límites al oficialismo en su avasallante vocación de poder absoluto. Esta vez se pusieron de acuerdo. Y junto con los radicales, elevaron sus voces representantes del Frente Amplio Progresista, el ARI, el Pro y el peronismo disidente.

Se puede ser oficialista u opositor. Pero lo que resulta irrefutable, es que el equilibrio de fuerzas y los límites al poder son siempre saludables, en cualquier democracia moderna.