Será a sola decisión de la mujer y deberá estar supervisado por el Estado.

Álvaro Mellizo - EFE

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Uruguay volvió hoy a ponerse a la vanguardia en temas sociales en América Latina con la aprobación definitiva en el Parlamento de una ley que despenaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación por la sola decisión de la mujer, siempre que se realice bajo la supervisión del Estado.

Cuando sea promulgada la ley, Uruguay será el primer país suramericano con una despenalización tan amplia de la interrupción voluntaria del embarazo, solo existente hasta ahora en Cuba, Guyana, Puerto Rico y el Distrito Federal de México.

La norma fue aprobada ayer en el Senado por 17 votos frente a 14 y se convertirá formalmente en ley en los próximos días cuando sea promulgada por el presidente José Mujica, quién ya indicó en reiteradas ocasiones que no iba vetarla.

En 2008 Uruguay quedó a las puertas de legalizar el aborto cuando el entonces presidente Tabaré Vázquez, del izquierdista Frente Amplio al igual que Mujica, vetó una ley similar aduciendo motivos morales y científicos, lo que causó indignación entre simpatizantes de la izquierda y las organizaciones feministas.

En algunos países latinoamericanos hay distintos supuestos para permitir el aborto, como el riesgo de vida para la madre, la malformación fetal o que el embarazo sea fruto de una violación, y en otros está penado en todos los casos.

Técnicamente, la norma uruguaya no legaliza el aborto, sino que lo despenaliza siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado.

Estas medidas incluyen pasar por una comisión formada por psicólogos, ginecólogos y trabajadores sociales que asesorarán a las mujeres sobre sus posibilidades y cumplir con un plazo de cinco días de reflexión antes de someterse a la intervención.

Una vez cumplido el trámite, las mujeres podrán abortar si lo desean en cualquier centro público o privado de salud del país, que estarán obligados a realizar la intervención o a garantizar que ésta se haga por terceros en casos de objeción de conciencia.

Los abortos que se realicen fuera de este procedimiento seguirán siendo ilegales y por tanto penalizados. Para la senadora del oficialista Frente Amplio (FA) Constanza Moreira, una de las impulsoras de la medida, esta aprobación causa “regocijo” para el país, ya que terminará “con años de estigmatizaciones, hipocresías y mercados negros”.

“Con esta medida no es que los uruguayos estemos a la vanguardia de nadie, sino que nos ponemos a la altura de nosotros mismos. Obtuvimos el divorcio, la separación Iglesia-Estado, en eso fuimos pioneros. Uruguay debería haber aprobado esta norma antes”, opinó la senadora en declaraciones a Efe.

Pese a todo, Moreira reconoció que la ley deja insatisfechas a muchas partes y que deberá ser mejorada con su reglamentación, en la que se trabajará en las próximas semanas.

La preocupación mayor es que pueda aplicarse en las mujeres más vulnerables del Uruguay, como las de escasos recursos que viven en el interior, en donde todavía no existen las facilidades necesarias para su implementación.

Desde las organizaciones defensoras del aborto, este paso histórico fue visto con cierta ambigüedad, ya que si bien algunas lo vieron como “un avance fundamental para el acceso al aborto seguro”, otras apuntaron que se trata tan solo de “un acuerdo de mínimos que no despenaliza”.

En ese sentido se expresó Marta Aguñín, de la organización Mujer y Salud, para quien la medida es “paternalista” y vulnera los derechos de la mujer al obligarla comparecer ante un “tribunal” que la manda “reflexionar”.

“Las mujeres son conscientes de cómo y cuando quieren tener hijos, nadie debe aconsejar sobre eso ni ofrecerles alternativas”, dijo.

Por su parte, Carlos Iafigliola, portavoz del principal movimiento antiabortista del país, consideró esta decisión parlamentaria como el visto bueno a “una violación a los derechos humanos” y anunció que continuarán peleando para evitar su implementación.

“El aborto, se haga como se haga, es siempre algo sumamente destructivo y deja secuelas de por vida. Y el discurso de los partidarios de esta ley es hipócrita, ya que sólo habla de dar soluciones a las mujeres en dificultades pero no de la vida en juego, que es el bebé que seguro muere”, dijo a Efe.

Iafigliola apuntó a demás que Uruguay, que “en muchos temas fue ejemplo del mundo”, ahora se constituyó como “como el antiejemplo del derecho a la vida, lo que produce dolor y tristeza”.

Pese a estar penado por ley, en Uruguay, según cifras oficiales, cada año se producen más de 30.000 abortos, pero organizaciones no gubernamentales creen que la cifra real puede ser el doble.

Oposición lanza campaña en contra

El opositor Partido Nacional (PN) de Uruguay lanzó hoy una campaña de recolección de firmas para conseguir un referéndum contra la nueva ley que autoriza la interrupción del embarazo y despenaliza el aborto en determinadas circunstancias.

El diputado Pablo Abdala informó que “ya se habló con connotados dirigentes de las otras tres colectividades con representación parlamentaria, el Frente Amplio (FA), el Partido Independiente (PI) y el Partido Colorado (PC)”, pero se reservó los nombres de esos dirigentes.

Sin embargo, el concejal (legislador municipal de Montevideo) Carlos Iafigliola, también del Partido Nacional, no está de acuerdo con ese camino para anular la ley y sugirió, en cambio, formar una Comisión Nacional Pro Derogación bajo la consigna de que “La vida no se plebiscita”. Acompaña esta posición el diputado Javier García (PN) con el argumento de que la recolección de firmas será un fracaso.

Abdala dijo que tiene “esperanzas y expectativas ciertas de que prospere el acto y la derogación de esta ley con la máxima participación de la gente”.

En todas las colectividades políticas de Uruguay hay legisladores y dirigentes que no están de acuerdo con la ley que se votó este miércoles en el Senado y que completó el trámite legislativo. Algunos oficialistas votaron por disciplina partidaria.

Ahora viene la etapa de reglamentación y continúan las presiones desde diversos sectores para lograr que el presidente José Mujica la vete o se anule mediante algún mecanismo constitucional, como es el caso de la consulta popular.

La Sociedad Ginecotocológica del Uruguay, que nuclea a los médicos ginecólogos, reclamó participar en la reglamentación porque serán los encargados de aplicar la nueva norma. “Queremos participar activamente en la instrumentación. Los ginecólogos vamos a hacer la puerta de entrada de este nuevo servicio”, dijo el presidente de la Sociedad, Gustavo Ferreiro.