EDITORIAL

Inseguridad y especulación

La renuncia y detención del ex jefe de Policía de la provincia por presuntas vinculaciones con el narcotráfico, derivaron en los últimos días en un verdadero festival de declaraciones y actuaciones políticas, que poco aportan al esclarecimiento del caso y al abordaje serio y responsable de la problemática de fondo, que afecta a todos los santafesinos.

El primer paso de la escalada fue convertir a las derivaciones de una publicación periodística, referida a un expediente abierto en 2009 y apoyado en elementos probatorios de validez aún por comprobar, en un verdadero “linchamiento” virtual. Más allá de la condición de Tognoli y de la negativa valoración que merezca su decisión de ocultarse de la Justicia durante 48 horas, la presunción de inocencia que rige para todos los habitantes del país no se aplicó en este caso. Y ni siquiera hizo falta para ello que existieran flagrancia o indicios contundentes.

Más aún: la consagración de esta sospecha como un hecho consumado permitió a los actores políticos proyectarla sobre toda la política de seguridad del gobierno y, por carácter transitivo, sobre la catadura moral de los dirigentes vinculados a la designación de Tognoli. La onda expansiva alcanzó, en lapsos vertiginosamente breves, a todos los mandos policiales, sin necesidad de otro argumento que rumores o supuestas denuncias operadas por actores confusos.

Sorprendido por las circunstancias, el gobierno provincial buscó la manera de capear el temporal sosteniendo las estructuras y reclamando colaboración al gobierno nacional, que respondió con una retahíla de imprecaciones por parte de ministros y funcionarios; algunos de ellos con expedientes bastante más nutridos que los ventilados en este caso.

Luego de una intensa pero respetuosa confrontación de ideas en la Legislatura (sin perjuicio de que la secuencia de imputaciones posterior tuviese un mayor grado de virulencia, proporcional a su carácter público), el escándalo político alcanzó una nueva cota, cuando un grupo de legisladores alineado con el gobierno de Cristina Kirchner decidió dejar hablando solo al gobernador de la provincia, al no aceptar los términos reservados del encuentro para el que se los había convocado.

La desorientación del gobierno santafesino y cierto afán por descargar culpas, junto al espectacularizado aprovechamiento con miras electoralistas del gobierno nacional y la oposición provincial, desembocaron en un agresivo torneo de planificadas descalificaciones. En ese plano, la perspectiva de superar diferencias para propiciar estrategias de colaboración, acordes a la gravedad y el alcance del problema representado por el narcotráfico, resultó tan lejana y relegada como el propio interés de la ciudadanía.