EDITORIAL

El laberinto previsional

El reclamo por el pago del 82 % móvil a los jubilados recobró fuerza como uno de los puntos centrales en la agenda de planteos al gobierno nacional, en momentos en que las causas judiciales por reajustes de haberes previsionales se acumulan en los tribunales y el titular de la Ansés aseguró que el organismo no dispone de fondos suficientes para atenderlos; confesión que desató una vez más la discusión sobre la pertinencia de sustentar programas sociales con esos recursos.

El pago del 82 % fue ordenado en 2010 por una ley del Congreso, cuando la representación parlamentaria del oficialismo era más menguada que en la actualidad. La norma fue vetada luego por la presidente, disparando un debate que ahora se reedita sobre la viabilidad de una medida de ese tipo, considerando el aumento de la expectativa de vida y la marcada caída de la proporción aportante-beneficiario (un problema que amenaza los sistemas previsionales de la mayoría de los países).

Por otra parte, el Estado nacional incurrió en incumplimiento de la obligación de reajustar de manera automática los haberes, conforme a la movilidad jubilatoria consagrada por la Constitución, e incluso entre 2002 y 2006 dejó al margen de esos incrementos a quienes percibían un monto superior a la mínima.

Previsiblemente, ésto motivó una avalancha de presentaciones judiciales, que saturó el fuero de la seguridad social. Sobre todo a medida que la Corte -casos “Badaro”, “Elliff”, “Sánchez”- daba la razón a los reclamantes y consagraba la vía judicial como la única manera de obtener el reajuste. Los números hablan por sí mismos: entre febrero y octubre de este año ingresaron cerca de 75 mil nuevos juicios contra el cálculo inicial o la falta de reajuste de haberes, con lo cual el número de expedientes supera los 372 mil.

Los pedidos de la Corte de que el problema sea resuelto por el sector político, para evitar la saturación de los tribunales por efecto de la excesiva litigiosidad, no lograron respuesta favorable. Ello a pesar de que, en el interín, los pronunciamientos de instancias inferiores se siguieron incrementando, y aumentaron un 40 % en el período apuntado. Lejos de acatarlos, el gobierno apuesta a una estrategia dilatoria, apelando cada uno de ellos y recusando a magistrados. Y, en lugar de disipar la litigiosidad accediendo al ajuste automático de los haberes -como dispone la Constitución y ordenó la Corte-, sugiere establecer mecanismos para limitar la cantidad de demandas.

En este contexto, la insistencia con el 82 % es una consigna útil y simpática para la oposición, pero difícilmente compatible con la viabilidad del sistema previsional. Por su parte, el gobierno desoye la legalidad y habilita un incremento desmesurado de los litigios, para poder medrar con el asistencialismo. Se trata de un especulativo diálogo de sordos y ciegos, que se agota en el presente y compromete el futuro de las próximas generaciones.