EDITORIAL

Brasil: condena judicial a grandes figuras políticas

La noticia recorre América latina, pero particularmente llama la atención en la Argentina. Se trata de los juicios y condenas que la Corte Suprema de Justicia de Brasil ha dictado contra prominentes dirigentes y funcionarios del oficialista Partido de los Trabajadores (PT). El último fallo fue contra el ex ministro de Lula da Silva y dirigente del PT, José Dirceu. Se trata de uno de los dirigentes históricos de este partido, un militante que en su momento participó en la lucha armada y que durante años fue el principal colaborador de Lula.

Dirceu y otros dirigentes de su talla han sido condenados a varios años de prisión por traficar influencias y sobornar políticos de la oposición para que votaran leyes del gobierno. El “mensalao”, como se lo conoce popularmente, consistía, entre otros favores, en una jugosa asignación mensual a los legisladores opositores, asignación secreta dada en compensación de los “favores” prestados al oficialismo. Los motivos por los cuales Dirceu fue condenado no son muy diferentes a los que en más de una ocasión fueran piedra del escándalo en la Argentina. Las diferencias con Brasil, de todos modos, son evidentes. En un caso, los responsables son condenados y deben ir a la cárcel; en el otro, la impunidad parece ser la constante.

Lo sucedido a Dirceu no fue diferente de la suerte corrida por otros ministros y funcionarios de Lula. Son los casos de José Genoino Guimaraes Neto o del empresario Marcos Valerio Souza, culpables por haber formado parte de una asociación ilícita. Por su parte, la actual presidente Dilma Rousseff, sólo se ha referido a su voluntad de respetar la división de poderes, pero no ha dicho una palabra ni ha movido influencias en favor de sus compañeros de partido.

Esta realidad nos autoriza a postular que lo sucedido en Brasil resulta novedoso en la Argentina, entre otras cosas porque aquí no estamos acostumbrados a los beneficios y exigencias de una Justicia independiente con capacidad para juzgar y condenar a funcionarios del partido gobernante. Tampoco estamos habituados a mandatarios que respetan los fallos de la Justicia y no interfieren en sus decisiones.

Habría que señalar, para completar el panorama, que lo novedoso de Brasil está representado no sólo por la condena de funcionarios prominentes, sino por el hecho de que se produce en un gobierno en el que militaban los funcionarios juzgados.

Lo ocurrido en el país hermano contrasta con casos como el de Amado Boudou, vicepresidente de la Nación, acusado por la comisión de graves delitos y sistemáticamente protegido por el poder. En el mismo orden de cosas, lo sucedido en Brasil marca una diferencia de calidad con la Justicia argentina, en la que episodios de corrupción administrativa son sobreseídos mediante fallos de sorprendente rapidez por jueces sometidos al poder político. Al respecto, el caso emblemático ha sido el de los Kirchner y su abultado crecimiento patrimonial.