EDITORIAL

Una ley trabada en Diputados

 

Si antes del 1 de diciembre próximo la Cámara de Diputados de la Nación no trata el proyecto de ley sobre libre acceso a la información pública, la iniciativa perderá estado parlamentario, a pesar de haber obtenido media sanción del Senado a fines de 2010.

 

Cuesta comprender cómo es posible que esta misma Cámara baja -conformada en su mayoría por legisladores kirchneristas- es capaz de sancionar en tiempo récord aquellos proyectos de interés político para el gobierno central, pero no logra avanzar después de casi dos años en el tratamiento de esta ley.

Este evidente desinterés por el tema por parte de Diputados resulta contradictorio, incluso, con el pedido público que realizó el gobierno nacional para que la República Argentina pueda incorporarse a la Alianza por el Gobierno Abierto, una agrupación de países que han decidido unirse para promover gestiones más transparentes a través de la rendición de cuentas y el control social efectivo sobre sus actos.

En los últimos días, organizaciones no gubernamentales plantearon su preocupación y reclamaron a los legisladores el urgente tratamiento de este proyecto que resulta fundamental para garantizar la transparencia y fortalecer las instituciones republicanas. Entre los firmantes del documentos aparecen la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Fundación Poder Ciudadano.

En 2003, el gobierno nacional dictó el Decreto 1.172 sobre acceso a la información pública. Sin embargo, dicha herramienta resulta insuficiente para garantizar el ejercicio de este derecho en el país. Tanto es así, que recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación debió convocar a una audiencia pública a representantes del Pami y de la Asociación por los Derechos Civiles, ante la negativa del organismo a brindar información sobre cómo distribuye su presupuesto publicitario. De esta manera, este litigio podría convertirse en el primer caso sobre acceso a la información pública a ser resuelto por el máximo tribunal de la Nación.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acaba de cuestionar a la Argentina por los escasos avances en la materia. Y en este contexto, algunos países reclamaron la necesidad de que se sancione una ley de acceso a la información pública que esté a la altura de los estándares internacionales.

Frente a las urgencias que plantea el inminente final del año parlamentario, distintos diputados de la oposición plantearon la necesidad de que se dé urgente tratamiento al tema. Sin embargo, los pedidos fueron desestimados por el oficialismo.

Ahora, sólo queda la posibilidad de que sea tratado la semana que viene sobre tablas. De no ocurrir, el proyecto perderá estado parlamentario y todo volverá a foja cero.