EDITORIAL

Interrogantes tras un partido de fútbol

El viernes 23 de este mes, desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia se emitió un comunicado en el que se informaba, entre otros puntos, que el gobierno había dispuesto remitir a la Justicia las filmaciones vinculadas con los hechos de violencia y los destrozos ocasionados por hinchas de Unión durante el clásico jugado en el estadio de Colón.

Además, el Ministerio solicitó a los dirigentes del club Unión que colaboren para identificar a los violentos y que, a la vez, aplique el “derecho de admisión” previsto en el decreto nacional 1.466/97, en los partidos que se disputen en su estadio.

Resulta alentador que el gobierno haya decidido actuar en este sentido. Sin embargo, resulta difícil de comprender por qué lo hizo de esta manera y con tan llamativa dilación.

En efecto, la decisión de remitir los videos de los destrozos a la Justicia se conoció cinco días después de que se jugara el clásico en cancha de Colón. ¿Es que resultaba tan difícil reunir dicho material con anterioridad, cuando se sabe que existen sistemas de filmación en el estadio, que la policía registró sus propios videos y que, además, todo el país fue testigo de lo que sucedía en vivo y en directo a través de la televisión?

Tampoco se trata de atribuir todas las responsabilidades por estas demoras al Poder Ejecutivo. Cualquier juez o fiscal, al observar lo que estaba sucediendo en el estadio del barrio Centenario, pudo haber actuado de oficio, solicitando las imágenes y ordenando, a poco de terminado el partido, medidas tendientes a la detención de los violentos.

En esta sucesión de interrogantes, aparece otra cuestión difícil de comprender: el gobierno esperó que apenas faltaran 24 horas para el cotejo entre Unión y Newell’s Old Boys, para solicitarle a las autoridades del club que apliquen el derecho de admisión. Se supone que, aplicar esta medida, implica organizar un operativo tendiente a identificar a los barras cuando éstos intentan ingresar al estadio. Hubiese sido mejor solicitar la aplicación de este mecanismo con mayor antelación.

Tal como se preveía, en el partido del último sábado gran parte de la barra brava unionista no se hizo presente en el estadio. Sus integrantes estaban alertados de la decisión política de detenerlos. ¿Era necesario hacer pública esta medida?, ¿por qué, simplemente, no se actuó sin anunciar cuál iba a ser la actitud de la policía?

De todos modos, y a pesar de la ausencia de los más violentos, se produjo un enfrentamiento entre simpatizantes de ambos clubes. La policía, debió actuar para que la situación no empeorara.

El saldo fue alrededor de 20 efectivos heridos y 26 simpatizantes detenidos. Entre ellos, tres de los que habían provocado destrozos en la cancha de Colón. Entonces, surge otro interrogante: si para el clásico sólo se vendieron entradas a socios de Unión, ¿no era posible buscarlos en su domicilio, en lugar de aguardar que se hicieran presentes en el estadio para ver el partido con Newell’s?

Esta noche, en Rafaela, la seguridad tendrá otra prueba de fuego. Es de esperar que, mañana, sólo se hable de fútbol, y no de un nuevo hecho de violencia.