El defensor general de la provincia polemiza con la Corte
Ganón: “La Reforma Penal tiene que aprovechar los recursos existentes”
“Pedí a la Corte que ponga a nuestra disposición una lista de los eventuales candidatos a empleados a transferir, pero no logro conseguirlo”.
Foto: Mauricio Garín
Para comenzar con los cambios, “hoy se impone la transferencia inmediata de los recursos humanos y materiales”, que están a cargo de los procesos de instrucción.
Luis Rodrigo
El defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, dijo que “en cierta medida” está de acuerdo con el ministro de la Corte, Daniel Erbetta, que recientemente habló con El Litoral.
“Coincido -dijo el Dr. Ganón- en que tiene que ser inmediato el arranque del nuevo código. Y es por eso que desde hace un año y medio pedimos lo mismo, que la Corte sea por una modificación legislativa como la que nosotros planteamos o que, por otro procedimiento, se nos transfieran los defensores que están trabajando, y al Dr. De Olazábal, los fiscales; es decir, los recursos materiales y humanos que ya existen. La Corte tiene las herramientas para hacerlo ya”.
“He presentado una nota para pedir entrevistarme con la Corte y también hemos pedido a su presidenta (María Angélica Gastaldi) que ponga a nuestra disposición la lista de los empleados, o mejor de los eventuales candidatos a empleados, para poder hacer las primeras designaciones y no logro conseguirlo”, agregó.
Ante una pregunta, Ganón señaló: “Me sigue preocupando que haya existido un recorte presupuestario del 75%, más en la medida en que no se produzca la transferencia de los recursos materiales y humanos que pedimos”.
Luego, señaló que hoy “el Poder Judicial tiene para hacer la instrucción -mal, bien, regular, como uno quiera catalogar a estas investigaciones que se realizan en la actualidad- unas 700 personas que cumplen esas tareas. Entonces, se puede ver que sí existe la posibilidad de efectuar una transferencia de recursos materiales y humanos”, a los nuevos institutos de la Reforma Penal.
Cambio
“En su momento, en el proyecto originario de (el ex ministro de Justicia) Daniel Superti planteaba la incorporación entre fiscales, defensores y empleados de unos 700 actores nuevos en el nuevo escenario de la Justicia Procesal penal. Y eso implica también comprar inmuebles y un desperdicio de recursos materiales y humanos que quedaban en el viejo sistema... Es como que se pensaba en refundar completamente esa parte del sistema judicial. Se pensó en un procedimiento en contrario al que se llevó a cabo en todas las demás jurisdicciones argentinas”, advirtió Ganón.
Tras recordar que existe en Santa Fe “una restricción presupuestaria importante, con un estancamiento de la economía global”, pensar en nombrar a 700 personas “es un verdadero shock, es bien complejo. Más si al mismo tiempo quedan de lado recursos materiales y humanos existentes”.
“Por eso, reclamamos una y otra vez lo mismo: hay que arrancar, pero hay que hacerlo con lo que uno ya tiene. Hay que hacer las transferencias, como se hizo en Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos... se lo hizo de inmediato y se comenzó a trabajar. Ahora, si lo que se quiere es arrancar con unos pocos medios materiales y humanos, sin recursos genuinos, va a ser difícil... quizá tengamos algún impacto simbólico -y político- en el momento del lanzamiento, pero luego, resultados determinantes que van a desacreditar al nuevo proceso acusatorio... temo que así la sociedad sea decepcionada”.
Para el defensor, los planes “no tienen que ser tan ambiciosos sino mucho más racionales”. Dijo que el contexto económico “impone hoy la transferencia inmediata de los recursos materiales y humanos existentes, y tratar de producir cierto ahorro para la provincia pero sin por eso recortar el presupuesto para la Reforma. Si se recorta presupuesto esto no puede arrancar, de ninguna manera”.
Como ejemplo, señaló que “con los recursos existentes no se pueden crear ya oficinas para el nuevo sistema penal distribuidas en todo el territorio de la provincia, falta mucho para eso: requiere muchos recursos. Pero debemos también advertir que al menos parte de ese mapa ideal se puede cubrir con lo que ya existe, y si no lo hacemos estamos cometiendo un error”.
“No conviene seguir trabajando en un doble nivel, en un doble estándar, con lo nuevo y con lo viejo. Perjudicaremos a la ciudadanía si sólo vamos a tener el nuevo proceso penal en las cabeceras de la circunscripción y no lo vamos a tener en otros lugares de la provincia. Lugares donde sí hay oficinas, pero no se van a usar para esto porque la Corte quiere conservar su dirección... Si es así, estamos en problemas”, sintetizó.
De la (in) comodidad y las funciones
Periodista: — Desde la Corte se ha dicho que todos los poderes son responsables de no se haya puesto aún en marcha la reforma pero que el fiscal general y el defensor están en una posición “algo más cómoda”.
Dr. Ganón:— Estoy en una situación muy incómoda. Por eso hace tanto tiempo que estamos buscando alternativas para que se aplique la reforma. Y es por eso que hemos tenido que intervenir en muchos casos y de hecho la Corte, siguiendo la línea estratégica de Rafael Gutiérrez, porque le hemos llevado malas noticias ha intentado separarme a mí de mi cargo. Ha sido por querer trabajar por tratar de darle a la ciudadanía en retorno lo que significa el pago de mi salario.
No estamos cómodos, para nada. Al contrario, ellos (los miembros de la Corte) pretenden obligarnos a dejar de hacer nuestro trabajo porque no quieren que sigamos llevándoles malas noticias.
—Más allá de esta comodidad o incomodidad, ¿Ud. está o no en funciones?
—Creo que la ciudadanía me está pagando un sueldo, uno muy importante, y que juré para llevar adelante mi función. Quiero hacerlo, pero la Corte me dice que no, porque les llevamos malas noticias. Pero lo cierto es que las malas noticias aparecen todos los días en los diarios, aunque después salgan a dar explicaciones (sobre apremios ilegales).
Es lo que ocurre todo el tiempo: hay una virtual denegación (de justicia). No solamente en el fuero penal por una, hasta aquí, incorrecta reforma del sistema judicial, sino que -sobre todo para los sectores más vulnerables- hoy prácticamente se impide la posibilidad de acceso a la justicia.
No sólo hablo de quienes reciben acusaciones penales, sino también de aquellas personas que son víctimas de la violencia de género, de la trata. En ambos casos las mujeres tienen muchas dificultades para acceder a alguien que las represente gratuitamente. Hay además otro sinnúmero de derechos que no tienen canales de reclamo, sobre todo, insisto, para los sectores más vulnerables.
