EDITORIAL

Reconocimiento a soldados muertos por la guerrilla

Es muy probable que el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación para indemnizar a soldados, oficiales y civiles asesinados por la organización peronista Montoneros -o en ocasión de un operativo terrorista- sea aprobado por la Cámara de Senadores y, efectivamente, los familiares de las víctimas reciban una justa reparación por parte del Estado.

Lo que desde el punto de vista legislativo pudo resolverse con ciertas dificultades, pero resolverse al fin, no alcanzará sin embargo a disipar las dudas y objeciones acerca de la respuesta del poder público al episodio ocurrido en octubre de 1975, cuando la organización Montoneros llevó a cabo una operación de copamiento del “Regimiento de Monte 29” de la ciudad de Formosa, que finalmente fracasó.

En principio, no deja de ser un acto de elemental justicia indemnizar a quienes fueron asesinados a traición. Como se sabe, el proyecto de ley fue presentado por el legislador radical, Ricardo Buryaile, y como suele ocurrir en estos casos el proyecto se negoció con otras fuerzas políticas que le introdujeron modificaciones o suprimieron párrafos con los que no estaban de acuerdo. Fue así como, por ejemplo, legisladores oficialistas reclamaron suprimir la frase en la que se responsabilizaban a Montoneros de haber precipitado con ese accionar el golpe de Estado de marzo de 1976.

Uno de los argumentos fuertes de quienes impulsaron esta ley, es que los familiares de los guerrilleros muertos fueron indemnizados, pese a que sus deudos habían atentado contra un gobierno constitucional. Y que, en cambio, los familiares de los conscriptos y oficiales que perdieron su vida en aquel infausto domingo de 1975, hasta hoy no han sido beneficiados con similar derecho.

De seguro se continuará debatiendo si fue o no justo indemnizar a guerrilleros que atacaron en plena democracia a instituciones del Estado y mataron a soldados argentinos. Al respecto, razonar que quienes decidieron desde la autoclandestinidad asaltar un cuartel, fueron víctimas del terrorismo de Estado, suena a disparate. Y sostener que los soldados que murieron no merecían ser indemnizados porque no fueron muertos por una institución estatal es una falla lógica y una paradoja perversa.

Lo cierto, al cabo, es que la ley fue aprobada en la Cámara de Diputados con 135 votos a favor y 18 en contra. Quienes no compartieron los fundamentos de la norma, votaron en contra o se abstuvieron. En su mayoría consideraban que legitimar esa pretensión significaba avalar la teoría de “los dos demonios”. Una vez más se puede apreciar cómo las especulaciones ideológicas abstractas pesan más que los datos consistentes de los hechos.

La memoria de las 16 personas muertas en cumplimiento del deber no pueden ser sometidas al juego, muchas veces siniestro de los dogmas ideológicos. Así pareció entenderlo el legislador y ex jefe montonero Carlos Kunkel, quien con cierta indiferencia y un toque de cinismo no vaciló en aprobar la ley para corregir “la macana que hicimos”.