Debe “respetar la Constitución”

Concluyente advertencia judicial sobre los límites de la presidenta

 

La formuló una comisión que integran las Cortes nacional y provinciales, así como magistrados y funcionarios. Denuncian “agresión institucional” y “presión” a los jueces.

De la redacción de El Litoral

DyN

La Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial, un organismo que depende de la Corte Suprema y que agrupa a las máximas entidades de la Justicia de todo el país, denunció una “agresión institucional” al Poder Judicial, exhortó al gobierno de Cristina Fernández a “respetar la Constitución” y exigió evitar “el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces”.

El pronunciamiento se conoció en medio de la masiva y sistemática recusación ordenada desde la Casa Rosada a los jueces que en distintas instancias entienden en causas relacionadas a la ley de Medios y las maniobras oficiales en el Consejo de la Magistratura para imponer un nuevo juez en el expediente que analiza la cuestión de fondo.

Además en las últimas horas el ministro de Julio Alak, desacreditó la potestad de la justicia para interpretar la constitucionalidad de una ley cuando son -por la misma Constitución- los únicos que pueden hacerlo, y las afirmaciones de Carlos Kunkel. El ministro de Justicia habló de un “alzamiento” judicial y el diputado kirchnerista advirtió un “golpe de Estado institucional”.

La comisión que reúne a los juristas que ayer cuestionaron con firmeza estas declaraciones, está por las juezas de la Corte Suprema nacional, Elena Highton y Carmen Argibay, e integrada además por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias y de la Ciudad de Buenos Aires (Jufejus), la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura (FAM).

El documento contiene un mensaje directo a la jefa de Estado: le reclamaron “cumplir estrictamente” el artículo 109 de la Constitución Nacional, que prohibe al Ejecutivo asumir funciones judiciales.

Este pronunciamiento inédito en la historia judicial se conoció en el inicio de la tarde de ayer y a menos de doce horas del comienzo del llamado “7D”, la fecha en la que en principio vencía el plazo de una medida cautelar en favor de Clarín, que sin embargo seguirá exento de la aplicación de dos artículos de la ley de Medios.

En ese marco los magistrados exhortaron al Ejecutivo a “cumplir estrictamente con la Constitución Nacional y a ejercer sus facultades como poder del Estado dentro del marco de las reglas procesales, evitando el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces”.

El documento reportó la preocupación de jueces y juezas “de todo el país” frente a “hechos que agreden institucionalmente a un Poder del Estado y, como consecuencia de ello, a todos los ciudadanos de la Nación, ya que la Justicia es para todos”, se afirmó.

El organismo defendió la independencia de los jueces, lo que -dijo- “constituye una garantía fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos”. Y remarcó que esa premisa “se encuentra protegida por la Constitución Nacional” y es una pieza “fundamental del Estado de Derecho que es sustancial para el funcionamiento de la democracia”.

Esta independencia, se sostuvo, “no puede ser confundida con la defensa de intereses corporativos, puesto que se trata de hacer pública la preocupación de la magistratura como Poder del Estado por la afectación que recibe al tener que decidir sobre cuestiones que atañen a intereses de terceros y no los propios”.

Elena Highton de Nolasco, una de las ministras de la Corte nacional que firmó el severo documento que denuncia “hechos que agreden institucionalmente a un Poder del Estado y, como consecuencia de ello, a todos los ciudadanos de la Nación”.

Foto: Archivo El Litoral

En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.

Artículo 109

Constitución de la Nación Argentina

/// análisis

Sentido común

José Curiotto

La decisión de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal es de sentido común. Lo que establece, básicamente, es que mientras la Justicia determina si es o no inconstitucional el artículo de la Ley de Medios que obliga a los grandes grupos periodísticos a “desinvertir” (vender algunas de sus tantas empresas), se mantiene el compás de espera en la aplicación de ese punto de la norma.

Una vez que la Justicia analice la cuestión de fondo y falle al respecto -respetando cada una de las instancias procesales-, se abrirán dos posibilidades: si concluye que ese artículo de la Ley de Medios no viola la Constitución, Clarín y el resto de los grupos periodísticos tendrán que acatar la decisión, como cualquier hijo de vecino. Y si la Justicia determina que la “desinversión” choca contra principios constitucionales, el gobierno deberá aceptar el fallo judicial.

Así funciona una república. Y punto. Todo lo demás, son fuegos de artificio que sólo buscan distraer y sacar la mirada del verdadero foco del asunto. Lo que importa no es la pelea gobierno-Clarín-medios no adictos. Lo que está en discusión es si un artículo, de una ley determinada, viola la Constitución. Pero el asunto fue tan manoseado, que muchos ni siquiera saben qué es lo que se discute.

Pocas horas antes de la decisión de la Cámara, la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial emitió un documento que fue calificado de las más diversas maneras: duro, tajante, terminante, contundente y hasta provocador.

Sin embargo, lo que se dijo en el documento fue simplemente que el Poder Judicial es un poder independiente del resto de los poderes. Ni más. Ni menos.

El problema no es lo que el documento plantea. El problema es, en realidad, que en la Argentina se han perdido la perspectiva y la capacidad de asombro. Por ese motivo, causa sorpresa un hecho tan natural como recordar cuáles son los principios elementales de la Constitución y de la República.

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