Analiza la cautelar extendida a Clarín

Medios: la Corte apura definiciones

Medios: la Corte apura definiciones

Libertad de expresión. Pasado el emblemático 7D y mientras la batalla legal se traslada a la máxima instancia judicial, legisladores opositores y periodistas expusieron ante una misión de la SIP. Foto: DyN

Los ministros ya estudian el pedido de “per saltum” presentado por el gobierno y se expedirían en los primeros días de la semana que viene.

 

De la redacción de El Litoral

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DyN

Cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzaron a analizar el recurso presentado por el gobierno nacional contra la prórroga de la medida cautelar que mantiene frenada la cláusula de desinversión de la Ley de Medios, resuelta por la Sala Primera de la Cámara Civil y Comercial Federal.

La Corte se reuniría el mismo lunes para tratarlo, aunque recién se expediría el martes o miércoles. En tanto, rechazó un pedido del Grupo Clarín para que desestime el “per saltum” al considerar esa presentación como “manifiestamente inadmisible”.

La Jefatura de Gabinete presentó en la Corte un “recurso extraordinario por salto de instancia” para que se anule la ampliación de la cautelar, mientras que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) también pidió la nulidad por considerar que se resolvió de manera irregular las recusaciones que inició contra los jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal.

“Hay una parte de la justicia que no está preparada para enfrentar a las corporaciones porque está colonizada por esas corporaciones”, criticó el titular del Afsca, Martín Sabatella.

El “per saltum” fue aprobado recientemente por el Congreso y uno de sus artículos establece que la sola “admisibilidad del recurso tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida”, de modo tal que si la Corte admitiera la presentación del Estado -independientemente de lo que se resolviera en definitiva- quedaría suspendida la extensión de la cautelar dispuesta por la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. El método que eligió el gobierno fue criticado por numerosos constitucionalistas, quienes auguran que no debería prosperar debido al modo en que fue presentado. La Corte tiene facultades para no aceptar el “per saltum” y en ese caso “proseguirá la causa según su estado y por el procedimiento que corresponda”.

Primer contacto

Fuentes judiciales informaron que luego que el gobierno se presentó en la Corte el secretario letrado Christian Abritta tomó contacto con el expediente y entregó copias de la presentación a los magistrados.

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, convocó a sus colegas Elena Highton de Nolasco y Enrique Petracchi y comenzaron a analizar las presentaciones. Más tarde se sumó el juez Juan Carlos Maqueda. Sin embargo, el Alto Tribunal resolvió que sólo adoptará una decisión cuando puedan reunirse sus siete miembros, lo que por ahora no es posible ya que Carmen Argibay y Carlos Fayt tenían impedimentos personales y Raúl Zaffaroni está de viaje en Colombia y le enviaron por fax las presentaciones.

La Corte evalúa la posibilidad de reunirse entre lunes y martes de la semana próxima, para avanzar en una decisión sobre las presentaciones contra la prórroga de la cautelar por el artículo 161.

El cuanto a la desestimada presentación del Grupo Clarín, la misma no fue firmada por ninguno de los jueces de la Corte, sino que lleva la rúbrica del secretario Abritta en un texto que aclara que el rechazo fue dispuesto “por disposición del tribunal”.

Estado del expediente

Los jueces de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal, María Susana Najurieta y Francisco De las Carreras, prorrogaron la medida cautelar que paraliza para el Grupo Clarín el artículo 161 de la Ley “hasta que se dicte la sentencia definitiva en la causa“, esto es cuando el juez de primera instancia Horacio Alfonso resuelva si la Ley es constitucional o no.

Otro punto controvertido del fallo es la mención a que el año para desinvertir comenzará a correr para el grupo Clarín desde el momento que se llegue a la finalización de todo el proceso.

La Jefatura de Gabinete presentó el “per saltum” al alegar que el fallo contradice a la Corte que en mayo resolvió que la cautelar vencía el 7 de diciembre. Por su parte, el Afsca calificó de “nula” la resolución que amplió la cautelar y le pidió a la Corte que la revoque por su facultad de superintendencia. Sostuvo que había recusado a los jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal y ellos mismos rechazaron ese mismo planteo cuando debieron haberse sorteado magistrados que no estuvieran recusados.

Ante la SIP

Las senadoras Norma Morandini (FAP), Laura Montero (UCR) y María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica-ARI) advirtieron ante representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que “la Argentina camina peligrosamente hacia el control del Estado de los medios de comunicación”.

Durante una audiencia desarrollada en el Salón Illia del Congreso de la Nación de la que también participó un grupo de periodistas, las legisladoras opositoras expresaron su “preocupación” por la “falta de libertad de expresión” que dijeron observar en el país y difundieron una declaración de principios sobre la situación de los medios a nivel nacional.

“El Congreso de la Nación debe frenar los avances de un Ejecutivo que violenta derechos consagrados en nuestra Constitución”, subrayó Morandini, al leer el pronunciamiento ante la delegación de la SIP y agregó que “estamos preocupados por el poder del Estado que condiciona la Justicia y la opinión pública”.

La delegación, que arribó al país para evaluar el estado de la libertad de expresión en Argentina, estuvo encabezada por Claudio Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda. De la audiencia participaron además los periodistas Jorge Lanata, Magdalena Ruíz Guiñazú, Alfredo Leuco, José Eliaschev, Nelson Castro, entre otros, quienes coincidieron en denunciar en sus breves discursos “amenazas” y el “control” del Estado respecto a los medios de comunicación. La declaración firmada por legisladores opositores que fue entregada a la Sociedad Interamericana advierte que “la Argentina camina peligrosamente hacia el control del Estado de los medios de comunicación, una concepción claramente antidemocrática”.


Si los jueces pretenden gobernar o legislar a través de sus sentencias, eso genera un conflicto de poderes que se resuelve en el Congreso de la Nación por juicio político”.

Marcelo Fuentes,

senador kirchnerista.