Jorge Barraguirre

“Hay que relegitimar a la Justicia con la participación ciudadana”

El designado procurador General de la Corte dice que la prioridad es acelerar la reforma penal y apuesta a consensuar medidas en una “mesa chica”. Pero también maneja iniciativas de fondo para las demás incumbencias de su cargo, como intentar la implementación del juicio por jurados.

Emerio Agretti

Jorge Barraguirre dialoga con El Litoral por encima y entre medio de la pila de libros y papeles que, en distintos idiomas, dominan su escritorio, y con el fondo del tránsito matinal de la familiar casa céntrica en que sigue viviendo, como para no perder contacto con el ciudadano de a pie.

Erudito y didáctico a la vez, y días antes de jurar como procurador de la Corte -el cargo desde el que el extinto Agustín Bassó cuestionó la reforma procesal penal-, desgrana ideas con las que espera impulsar cambios concretos, a la par que conceptos filosóficos y antecedentes internacionales. Y asegura que en el Tribunal lo recibieron “con mucho afecto” y expectativa por la incorporación de sangre nueva.

—¿Cuál va a ser su prioridad como procurador de la Corte?

—Yo creo que lo que hay que hacer es, por un lado, acelerar el proceso de reforma penal, que es lo que vengo diciendo. Y tratando de consensuar la reforma del Ministerio Público más bien en una mesa chica. Porque me parece que gran parte de la reforma procesal penal se juega a ese nivel.

—¿Cómo sería esto?

—La reforma penal ha tendido a desgranar la figura de la Procuración como autoridad del Ministerio Público, en otras dos figuras independientes, o autárquicas: el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Provincial de la Defensa Penal. El problema es que mientras no se implemente el nuevo sistema, el órgano Procuración de la Corte sigue manteniendo las viejas competencias. Entonces, un objetivo es poder trabajar juntamente con estos dos nuevos órganos para ver de qué manera se va avanzando más rápido en el proceso de implementación. Porque en rigor, todavía estamos en la etapa de preparación. Habrá un día, que el Ejecutivo tiene que establecer, en que comience la implementación y se abra un proceso de transición que durará tres años, en donde la Procuración mantendrá las facultades actuales, pero con un claro límite temporal y un claro objetivo, que es el de terminar con las causas del viejo sistema. A medida que se van resolviendo las causas, la Corte y la Procuración pueden ir pasando agentes del viejo sistema al nuevo. Entonces, el objetivo es llegar cuanto antes al día del inicio de la implementación. Ese es uno de mis principales objetivos, y me parece que para eso una mesa grande a veces no contribuye como puede hacerlo una más chica, donde el Ministerio Público, el Servicio de Defensa y la Procuración, puedan promover por vía reglamentaria de la Corte, algún tipo de política que de alguna manera apure el proceso o bien anticipe lo que será el funcionamiento del nuevo Código. Discutir a cada órgano qué le falta, y para qué lo quiere, qué tipo de causas va a privilegiar.

—Esto implicará también ir administrando el vaciamiento de funciones de la Procuración.

—La Procuración se va a vaciar de las competencias más visibles, pero queda un segundo grupo de competencias que también son muy interesantes y han quedado invisibilizadas por esto, que tienen que ver con lo que yo resumiría en políticas de buen gobierno del Tribunal. La finalidad de estas políticas es establecer una defensoría del justiciable, ver por qué no se resuelven los expedientes, qué pasa con la mora. Hay una serie de funciones que pueden hacer que la Procuración cobre relevancia a futuro. No hay que ver este aparente vaciamiento como una minusvalía, es la oportunidad de convertirse en un ombudsman ciudadano de los justiciables.

Al procurador también le queda la función acusatoria en materia de enjuciamiento político y la de dictaminador en tres recursos: el contencioso administrativo, el de inconstitucionalidad y el de revisión, en los que uno anticipa una visión a la Corte, le propone una manera de resolver el conflicto. Entonces, cuanto mejor un procurador -o una procuradora- plantee la resolución del conflicto, la figura cobra mayor realce.

Me parece que hay mucho para hacer.

Tecno-burocracia y legitimación

—¿En qué consistirían las políticas de buen gobierno?

—Lo que previó el constituyente del ‘94 para mejorar el desempeño del Poder Judicial era apuntar a la mejora tecno-burocrática. El Poder Judicial es el poder más tecnocrático. Entonces, el razonamiento fue que poniendo buenos tecnócratas -buenos jueces-, automáticamente habrá buenas decisiones. Entonces se creó el Consejo de la Magistratura, y aparentemente esto no funcionó como se esperaba.

El planteo que yo estoy tratando de esbozar es que no hay que mejorar solamente la racionalidad tecno-burocrática, sino también otras políticas de legitimación, como la transparencia, la participación; que pasan por mejorar la visualización pública del espacio judicial. ‘Descorrer el velo’, como plantea Ricardo Lorenzetti. Es decir que hay que buscar la manera de abrir el tribunal a la participación popular. De alguna manera hay que hacerlo. Una puede ser desde el juicio por jurados -pero mixto, con jueces profesionales y ciudadanos-. Eso hay que experimentarlo, más cuando hay una norma constitucional que lo establece. No estamos planteando una reforma constitucional: hay un mandato incumplido. Y el único que, a nivel de doctrina nacional, ha tenido el atrevimiento de plantear esto, es Horacio Rosatti. Entonces, no sé si la respuesta es el juicio por jurados, pero tenemos que ir a un nivel de participación popular significativo.

—¿Por qué cree que esto es importante?

—Es totalmente distinto si alguien participa de un proceso de toma de decisiones, que si no lo ve. Si alguien nunca toma una decisión sobre el patrimonio o la libertad de otra persona, es muy difícil que pueda entender empáticamente la posición en que están un juez o una jueza. Son decisiones muy personalizadas, que tienen que ver con una de las funciones sociales más antiguas. Una es la del sacerdote, que hace justicia intermediando con el ser trascendente. Y la otra es la que reemplaza esa función por una figura laica. El primer gobernante fue un juez, no fue un administrador. Fue alguien que separó a dos personas que estaban rompiendo la paz social de una tribu-familia. Y a veces me parece que falta vocación de entender la función de juzgar, que es casi sagrada; es un sustituto de la justicia que los hombres siempre han esperado que venga del más allá.

Entonces, la función de llevar paz, de llevar fraternidad a una comunidad, es algo trascendente que a veces se pierde en medio de la maquinaria burocrática, cuando no hay audiencias públicas, cuando el juez no toma contacto con los litigantes.

En el caso de los fondos buitre, por ejemplo, el alegato público de las dos partes fue en julio. Y la Cámara resolvió a los tres meses, con un nivel de compromiso por la justicia, con la eficiencia, la celeridad, certidumbre para las partes extraordinario. Y en algo que podría sentar un precedente en materia de reestructuración de la deuda soberana. Eso es lo que se ha perdido, y hay que recuperarlo: de qué manera el Poder Judicial puede relegitimarse, no sólo a través de la mejora tecno-burocrática, sino en la racionalidad valorativa, cómo se generan espacios de transparencia y participación en ámbitos muy cerrados.