EDITORIAL

El caso Marita Verón

El fallo absolutorio para los trece acusados de haber participado en la desaparición y explotación sexual de Marita Verón provocó sorpresa y desencanto. Y es lógico que así ocurriera, sobre todo teniendo en cuenta la historia de lucha y compromiso de una madre que dedicó los últimos diez años de su vida a la búsqueda de su hija y de los responsables de su penoso destino.

Sobre los jueces que dictaron este fallo pesa en estos momentos una condena social generalizada, a la que algunos políticos y periodistas se han sumado de manera irresponsable y demagógica.

Como suele ocurrir en este tipo de casos, muchos opinan sin conocer siquiera una foja del expediente judicial y sin haber presenciado una sola de las jornadas durante las cuales se desarrolló este juicio.

En la mayoría de las provincias del norte del país hay indicios de corrupción estructural y Tucumán no es la excepción. Por ello, no resulta descabellado suponer que integrantes del Poder Judicial puedan caer en las redes de esta corruptela generalizada. Sin embargo, el desenlace de este tipo de casos no puede sustentarse en suposiciones.

Los jueces afirman que, durante el juicio, escucharon numerosos testimonios acerca de Marita Verón. Distintos testigos -entre ellos, mujeres rescatadas de las redes de trata gracias al esfuerzo de Susana Trimarco-, aseguraron haberla visto en prostíbulos de distintos puntos del país.

Sin embargo, a pesar de tantos años de investigación, no logró determinarse con cierto grado de certeza cómo se produjo su desaparición y cuál fue su destino final. Aparentemente, tampoco existen pruebas concretas que avalen las hipótesis planteadas. Y frente a esta situación, los jueces concluyeron que no contaban con elementos suficientes como para condenar a los acusados.

Si efectivamente los hechos ocurrieron tal como dicen los magistrados, habrá que aceptar entonces la absolución de los sospechosos. Aunque duela, aunque indigne y a pesar del ejemplo de lucha y entereza de esta madre. La indignación social y el deseo de condena, no pueden convertirse en los argumentos de un fallo judicial.

Además, la apelación de la sentencia deja abierta la posibilidad de que el fallo sea revisado por instancias superiores.

Es cierto que sobre los imputados -al menos sobre algunos de ellos- pesan frondosos antecedentes delictivos. Sin embargo, los jueces debían fallar sobre una causa puntual -la desaparición y explotación de Marita Verón-, y no sobre los antecedentes de vida de los sospechosos.

Pocas horas después de conocidas las absoluciones, desde el gobierno nacional se anunció la decisión de impulsar un proceso de “democratización de la Justicia”. En este sentido, todo cambio que favorezca el desempeño del Poder Judicial será bienvenido, siempre y cuando no se vulnere la independencia republicana de poderes.

Sin embargo, los antecedentes en este sentido son preocupantes: Cristina Fernández aseguró de manera generalizada, temeraria e irresponsable que, “cuando hay dinero, a los jueces no les importa nada”.

Una clara muestra de que ni siquiera un caso trascendente como el de Marita Verón está exento de ser explotado como botín político.