EDITORIAL

Una ley que no se cumple

La excluyente y exacerbada atención que el gobierno dedicó a los avatares judiciales de la llamada causa Clarín, no sólo volvió a poner de manifiesto cuáles fueron las motivaciones de fondo para la sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino que dejó en un segundo plano la circunstancia de que la norma ya se encuentra en vigencia, y es el propio Estado nacional quien se encarga de incumplirla.

La batalla central siempre estuvo cifrada en la llamada “cláusula de desinversión”, en función de la cual las empresas periodísticas deben desprenderse de las licencias que excedan las limitaciones establecidas. Pero más allá de su alcance general, ésto fue poco más que una herramienta del kirchnerismo en la brega por desarticular al multimedio.

Tanto es así que el gobierno no mostró el mismo énfasis por aplicar efectivamente la norma a los demás grupos y se conformó con la presentación de bocetos de planes de adecuación, en muchos casos vagos, imprecisos o contradictorios. E incluso les habilitó públicamente la posibilidad de que distribuyan licencias entre familiares y amigos, lo que no parece haber sido el espíritu original de la ley. Y más allá de las declaraciones públicas del titular de la autoridad de aplicación en el sentido de postergar los plazos -amparado en el hecho de que no rigen para Clarín hasta que se resuelva el planteo de inconstitucionalidad-, tampoco hubo una disposición formal en este sentido, con lo cual los mismos se encuentran plenamente operativos.

Pero además, y tal como denunciara el representante de la oposición en Afsca, el gobierno nunca cumplió con el artículo 57 de la ley, en virtud del cual debe habilitar un registro público de licencias y autorizaciones, que pueda ser consultado libremente por internet. Hoy por hoy, los usuarios de radiodifusión escuchan hablar de porcentajes y promesas de readecuación, pero no tienen manera de saber a ciencia cierta a quién pertenecen los medios en cuestión.

Por si fuera poco, el propio oficialismo se encargó de anular el mejor argumento en favor de la ley de Medios: la variedad y pluralidad de voces. Sumado al portentoso esfuerzo de copamiento de señales, que paradójicamente dejó al combatido “monopolio” como una de las pocas usinas de contenidos no alineados con el pensamiento oficial, dió por tierra con las pautas de federalismo y priorización de la producción regional, al disponer la transmisión “en cadena” en los medios estatales de un programa realizado en Buenos Aires.

La ley de Medios fue discutida en su diseño, sus motivaciones e incluso su anacronismo, ya que no contempla la creciente y prontamente dominante área de servicios audiovisuales cubiertas por internet. Pero más allá del planteo judicial sustentado por un grupo, el verdadero responsable de su falta de aplicación es el Estado. Y los funcionarios a cargo incurren, abiertamente, en incumplimiento de sus funciones.