EDITORIAL

Lecciones que deja el caso de la fragata Libertad

Es muy probable que en la primera quincena del mes de enero la fragata “Libertad” llegue a la Argentina. Las zozobras generadas por este incidente son harto conocidas. La “detención” de nuestra nave insignia en un puerto africano a instancias de un fondo “buitre”, fue una noticia que recorrió el mundo. Y más allá del previsible desenlace a favor de nuestro país, no se puede obviar que se trató de una situación humillante que puso en evidencia falencias diplomáticas en la programación del viaje.

 

Quedan abiertos la investigación y el debate acerca de por qué no se obró con mayor cautela cuando se sabía de antemano que abogados contratados por los fondos de referencia acechaban a distintos bienes del Estado. Al respecto se sabe que ningún funcionario del gobierno asumió claramente esta responsabilidad, lo que determinó que el chivo expiatorio fuera el entonces jefe de la Armada, almirante Carlos Alberto Paz.

Frente a la enojosa situación, la reacción del gobierno fue atribuir el hecho a una supuesta conspiración internacional, amenaza que nos convocaba a una lucha patriótica en defensa del honor nacional ultrajado. Por fortuna, y atendiendo a recientes fracasos de esa altisonante estrategia retórica, se optó por trabajar con profesionales probados de nuestra diplomacia, dejando de lado a improvisados politicastros. En consecuencia, diplomáticos de carrera llevaron la causa ante el Tribunal Internacional del Mar, donde el fallo coincidió con el sentido común en que un barco de guerra es inembargable, aun cuando nuestra fragata no hubiese estado registrada en tal condición.

La lección recibida es interesante. Por lo pronto, el ministro Puricelli ha declarado que de aquí en adelante los recorridos de la nave insignia se limitarán a puertos de América latina, ya que no hay certezas de que los fondos buitres no vayan a intentar tendernos otra celada. A la vez, nuestra Cancillería le ha reclamado al gobierno de Ghana el pago de una indemnización por los gastos y perjuicios ocasionados debido a la forzada estadía de la nave en el puerto de Tema, lo cual luce razonable. Por su parte, las autoridades de Ghana reclaman alrededor de nueve millones de dólares por la presencia prolongada de la nave en su puerto, algo así como un alquiler por el uso de las instalaciones.

Pero lo cierto es que, en sus trazos gruesos, la situación ha sido superada en favor de nuestros intereses nacionales, no por exabruptos antiimperialistas, sino por la actitud profesional, reflexiva y responsable de diplomáticos de carrera que hicieron valer nuestros legítimos derechos. También, por el impecable fallo de un tribunal internacional que le dio un claro mentís a las versiones conspirativas que echaron a rodar funcionarios del gobierno nacional y que fueron reproducidas en diversos ámbitos por militantes del cristinismo.