Iniciativa justicialista con redacción del Ejecutivo
Ahora sí, la provincia está en “emergencia en seguridad”
Diputados convalidó el veto parcial con texto alternativo a la norma sancionada por la Legislatura. La mayoría justicialista dividió sus votos apoyando, rechazando o absteniéndose.
Mario Cáffaro
La provincia de Santa Fe entrará en emergencia en materia de seguridad pública durante los próximos 18 meses al quedar firme el veto con un texto alternativo propuesto por el Poder Ejecutivo a una ley sancionada a principios de noviembre por la Legislatura con el voto de la oposición y el rechazo de legisladores del Frente Progresista.
La emergencia que fue propuesta y llevada a ley por la oposición justicialista a instancia de sus senadores, cuando llegó a la Casa de Gobierno, el Poder Ejecutivo se encargó de observar en su casi totalidad (vetó 11 artículos en su totalidad y otro en forma parcial de los 16 que tenía la norma). Pero al veto se le sumó un nuevo texto que el Senado aceptó -por unanimidad- a fines de noviembre y que ayer Diputados convalidó con el voto del Frente Progresista, de algunas bancadas justicialistas y de Ciento por Ciento Santafesino. En cambio, otros sectores justicialistas y la Unión PRO Federal lo rechazaron mientras que otros seis justicialistas optaron por abstenerse de acompañar con su voto aunque habilitaron el tratamiento sobre tablas en lo que fue la única sesión del mes de la Cámara Baja.
Este intrincado camino es producto de la debilidad numérica del Frente Progresista en la actual composición legislativa. “Creemos que las enmiendas del Ejecutivo no modifican el espíritu y sentido del proyecto original; creemos que el objetivo fundamental es profundizar el programa trazado por esta Legislatura que a través de las distintas fuerzas brindaron colaboración y su compromiso político en un tema primordial y prioritario de la agenda pública como es la seguridad”, explicó la socialista Inés Bertero al fundamentar el sentido del veto y la propuesta.
Las diferentes voces
Silvia de Césaris (Producción y Trabajo), Germán Khalow (Ciento por Ciento Santafesino) y Darío Mascioli (Bloque Kirchnerista) fueron los encargados de explicar el acompañamiento crítico al Poder Ejecutivo en el tema. Los tres le advirtieron a la Casa Gris que le daban una herramienta acorde para enfrentar la mayor preocupación ciudadana que es la inseguridad pero también le hicieron notar que se le terminan los plazos.
En cambio, Roberto Mirabella (Santa Fe para Todos), Mario Lacava (Santa Fe en Movimiento) y María Eugenia Bielsa (Encuentro) explicaron su voto contrario y apuntaron incluso a cuestionar la constitucionalidad del planteo. Norberto Nicotra (Unión PRO Federal) tuvo las expresiones más duras en su voto contrario con un fuerte reproche a la dirigencia argentina y santafesina por entender que no se tienen políticas serias en materia de seguridad. “Esto sirve para la tapa de los diarios, pero no para enfrentar la inseguridad. Esto es voluntarismo, con el modelo actual de policía no van a agarrar a nadie”, aseguró para señalar luego como los principales problemas de la fuerza la corrupción y la falta de eficiencia.
Héctor Acuña (Corriente Federal) y Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) justificaron el pedido de abstención al momento de acompañar el texto del Ejecutivo. Ambos dicen compartir algunos de los objetivos trazados pero no el método y se diferenciaron en otras cuestiones.
También los oficialistas Darío Boscarol (UCR) y Alicia Gutiérrez (SI) hablaron para justificar el procedimiento elegido mientras que su compañero de bancada, Santiago Mascheroni, cerró el debate aclarando que “no hay inconstitucionalidad ni dudosa constitucionalidad” en los caminos seguidos. “Ustedes (les dijo a los justicialistas) cerraron el debate cuando apuraron la sanción de la ley sin dejarnos introducir algunos cambios al proyecto. El Poder Ejecutivo tampoco fue consultado y ahora hace los aportes que los senadores aceptaron por unanimidad y nosotros por mayoría simple como pide la Constitución”, resumió.
Inés Bertero fue la encargada de explicar los alcances del nuevo texto propuesto por la Casa Gris.
Foto: Sebastián Granata / Cámara de Diputados
Los nuevos alcances
La socialista Inés Bertero explicó que la nueva redacción a la ley de emergencia en seguridad apunta a poner en marcha las propuestas realizadas por el ministerio de Seguridad y cuyas ideas fuerza son la jerarquización de la labor policial, la participación ciudadana, el involucramiento de los gobiernos locales en la temática, la primacía de la labor preventiva y de cercanía y la eficiencia y transparencia en la aplicación de los recursos públicos.
Recordó Bertero que entre las propuestas está la estructuración de la policía en unidades territoriales más pequeñas, un cuerpo táctico unificado de la Dirección General de Investigaciones en el marco de las nuevas exigencias del Código Procesal Penal; la designación de responsables distritales de seguridad para lograr una integración operativo en el territorio; la dependencia directa del ministerio de Seguridad de las áreas de personal, logística y gestión de sumarios administrativos.
La norma también agiliza los plazos para la adquisición de bienes de uso y equipamiento y las contrataciones de obras menores. También crea un fondo especial de asistencia a la seguridad pública y de prevención ciudadana para financiar acciones que apuntan a identificar fenómenos de delincuencia e inseguridad. Este último aspecto fue cuestionado por varios justicialistas -especialmente María Eugenia Bielsa- por entender que se modifican políticas impositivas en una ley transitoria.
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