Editorial
Castigar la independencia
Los continuos embates del gobierno nacional contra el Grupo Clarín para aplicar sin demora la ley de medios audiovisuales llama la atención, máxime cuando los artículos 45 y 161 de esa norma -objetados judicialmente por el conglomerado empresario- deberán ser analizados ahora por el tribunal de alzada, habida cuenta de que el fallo del juez de primera instancia, favorable a la interpretación del gobierno, fue apelado por los abogados de Clarín. Es el ciclo normal de un conflicto de derechos sometido a la consideración de la Justicia.
Lo curioso, mientras tanto, es que las furiosas y recurrentes embestidas contra el grupo en cuestión, contrastan con la falta de aplicación de la ley a todos aquellos que no han manifestado objeciones a su normativa, empezando por el mismo gobierno, ya que el texto legal pone foco en la democratización de los medios de comunicación del Estado, mandato que brilla por su ausencia.
Es más, desde el restablecimiento de la institucionalidad democrática nunca se había visto semejante alineamiento de los medios públicos -y la mayoría de los privados- con el discurso oficial. De hecho, desde la sanción de la ley, que está vigente pero no se aplica -lo que coloca a los funcionarios de la Afsca en situación de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos-, jamás se asistió a tal concentración de voces.
En consecuencia, hay un gravísimo incumplimiento legal en el plano de los medios estatales, situación que se verifica día tras día sin que Martín Sabattella, presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, mueva un dedo. En cambio se muestra obstinado con Clarín, al punto de que pareciera haber decidido por cuenta propia y de espaldas a la ley, que ésta no regirá en la práctica hasta tanto el referido caso judicial se resuelva.
Una vez más el gobierno muestra el lado oscuro del autoritarismo, y las frecuentes contradicciones en su conducta son notas características de una autoridad atada a sus humores y pulsiones. Baste recordar al respecto que fue el gobierno de los Kirchner el que sancionó años atrás la ley de defensa de los patrimonios culturales de la Nación, que mantiene vigencia e incluye expresamente a los medios de comunicación hoy atacados de diversas maneras.
Y similar contradicción puede señalarse en el giro copernicano operado en la cima del poder político respecto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En efecto, el tribunal exaltado desde el atril oficial por la calidad de sus integrantes -la “Corte de lujo”, como se decía a manera de síntesis valorativa- ahora es aporreada a diario y en público por la ira de la presidente y sus principales acólitos, indignados con la indocilidad de jueces que en los hechos hacen honor a los elogios de ayer, aunque hoy soporten gruesas descalificaciones. Es el costo de obrar conforme a la ley.
Pero es evidente que cumplir con la función periodística o dictaminar de acuerdo con la Constitución y las leyes, son conductas mal vistas y castigadas por el gobierno.
