Con un escrito presentado esta mañana

Damnificados de Bolsafe piden ser incluidos como querellantes

Un grupo de afectados por la maniobra fraudulenta llevada adelante por Mario Rossini, titular de Bolsafe Valores, presentó un escrito en el que piden ser incluidos como querellantes y suspender el pedido de excarcelación elevado por la defensa hasta tanto se resuelva la solicitud elevada hoy.

De la Redacción de El Litoral

Familiares de presos políticos o víctimas de la Dictadura solicitaron hoy ingresar como querellantes en la causa en la que se investiga al contador Mario Rossini por administración fraudulenta en 62 casos y fundamentan su presentación al afirmar que “privarnos de tal facultad, implicaría vedar a la querella de la tutela judicial efectiva, que no es subsanable con la intervención del acusador público”.

El escrito fue presentado esta mañana en los Tribunales locales y los familiares que cuentan con el patrocinio de los abogados Fabio Mudry y Leandro Corti lo hacen invocando el artículo 96 de la Ley 12.734, por lo que piden que el “tribunal convoque a las partes a una audiencia dentro del plazo de cinco días, y decidirá de inmediato”. Cabe recordar que el procesamiento del juez Nicolás Falkenberg fue notificado con fecha 28 de diciembre y, de allí, el plazo al que hace mención el escrito.

Los afectados por la presunta estafa entienden que es necesaria su constitución como querellantes para ser parte de la tramitación del recurso de apelación que el abogado del empresario, el abogado Néstor Oroño, presentó tras conocerse el auto de procesamiento. “Privarnos de tal facultad, implicaría vedar a la querella de la tutela judicial efectiva, que no es subsanable con la intervención del acusador público”, señalaron.

En el escrito los firmantes sostienen que “el imputado, en el decurso del proceso, no prestó la más mínima colaboración a los fines de establecer el destino de los fondos por él transferidos, por lo que la actitud asumida, ha sido de total desprecio por los damnificados, que hasta el día de hoy, siguen sin saber donde se encuentran los títulos valores”, argumentaron los abogados Mudry y Corti, basados en el procesamiento del juez Falkenberg que da por probado que Rossini sabía de las maniobras de desvió de los títulos a otras firmas sin autorización de los titulares y con una deliberada intención de obtener un beneficio.

Ante la solicitud de excarcelación

En otro tramo de la presentación se sostiene que “habrá que advertir, que la cuestión de la prisión preventiva, seguramente será materia del recurso de apelación interpuesto por la defensa del procesado, y es central para esta querella, tener la oportunidad procesal de ser oída, por cuanto nos opondremos a la revocación de la cautelar, ya que, tal como lo valoró adecuadamente el juez de instrucción, existen elementos sobrados para inferir la peligrosidad procesal del imputado, entorpecimiento probatorio, o peligro de fuga del mismo”.

Basándose en lo establecido en el artículo 329 II del Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe que establece como criterio para elaborar la presunción de peligrosidad: 1.) la magnitud de la pena en expectativa; 2.) la importancia del daño a resarcir y la actitud que el imputado adoptara voluntariamente frente a él, “en base a la calificación legal del procesamiento, ello es, 62 hechos de administración infiel, el pronóstico de pena (cuyo máximo seria 50 años de prisión) para el imputado, es de una sanción de cumplimiento efectivo, siendo improcedente la pena de ejecución condicional”.

Finalmente sostienen que “tampoco se puede descartar el real peligro de fuga de Rossini, ya que, una maniobra de esta naturaleza, por su cuantía millonaria, muy probablemente esté unida a la previa planificación del disfrute de los beneficios fuera del lugar de producción de los perjuicios, lo que por otro lado resulta válido suponer ante la previsión del art. 329 II inc. 1 y 2 del CPPSF, esto es, la magnitud de la pena en expectativa y la importancia del daño a resarcir”.