Editorial

Inversión en Seguridad

Por estos días, el gobierno provincial avanzó en la compra de 600 cámaras de seguridad, para instalarlas en la vía pública. Habrá 200 en la ciudad de Santa Fe y otras 400 en Rosario.

La inversión es de unos 40 millones de pesos y está prevista en el Presupuesto 2013, que aún no fue aprobado por la Legislatura. En ese proyecto de ley del gobernador Antonio Bonfatti el gasto en Seguridad se ha elevado al segundo lugar entre las prioridades del Estado Provincial. Ambos datos indican que la actual gestión admite que tiene que mejorar en la prevención y en la represión del delito.

La licitación está en su primera etapa, la de la evaluación técnica. Lamentablemente sólo un oferente ha respondido al llamado que formuló el Estado santafesino a través de los ministerios de Gobierno y de Seguridad. Y si esa oferta es apropiada para la comisión evaluadora, una vez que se produzca la adjudicación pasarán -como mínimo- otros ocho meses para que se complete el plazo de ejecución previsto por el contrato.

El llamado incluye también los programas informáticos para aprovechar cabalmente estas nuevas armas, ahora informáticas, para la Policía. Podrán detectar, en el voluminoso flujo de imágenes que tomen esos dispositivos, tanto los números y las letras de las chapas patentes de vehículos como ciertas características de los rostros.

También servirán para asegurar el almacenamiento, la clasificación y el archivo de esos registros y -lo más importante- su gestión on line, es decir, en tiempo real. El sistema estará integrado con otro que ya existe, el 911, y a su vez con el de huellas dactilares, que se encuentra en formación.

Se busca tanto el control del espacio público, su cuidado, como actuar sobre los hechos delictivos que sucedan ante la lente de una cámara. El propósito es que al mismo tiempo de disuadir a los delincuentes de cometer atentados contra la vida y la propiedad de los santafesinos, se pueda perseguir y atrapar a sus autores.

Como se ha visto, las cámaras en las calles son una parte de un sistema mayor. El de la videovigilancia. Unos pocos años atrás su simple mención habría sido motivo de un debate sobre la invasión del espacio público y el resguardo de la privacidad. Hoy -ante un panorama que es cada vez peor- pocos parecen dispuestos a preguntarse si esos mecanismos de control pueden perjudicar la libertad y el derecho a la intimidad de las personas.

Bajo el mismo razonamiento, los ciudadanos tendrán aún más justificado su derecho a reclamar resultados: La Policía deberá mostrar que saca ventaja frente a los delincuentes al contar con una suerte de panóptico de (al menos una parte) de cada una de las ciudades más grandes e inseguras.

La utilización de estos recursos, de todas formas, no deben provocar confusiones. La inseguridad no podrá superarse con fórmulas mágicas, sino con una batería compleja -y necesariamente plural y de consenso- de respuestas sociales.