Editorial

Caso Amia: pacto con los acusados

Para la Justicia argentina, el iraní Ahmad Vahidi es uno de los principales sospechosos de haber planificado el atentado contra la Amia, ocurrido el 18 de julio de 1994. Sin embargo, y a pesar de las acusaciones que pesaban en su contra, el presidente de Irán, Mahmud Ahmadinejad, lo nombró ministro de Defensa de su país en 2009. Fue una verdadera provocación para la Argentina, para su gobierno y para las víctimas de aquel crimen.

Pero el nombre de Vahidi es apenas uno más en la lista de iraníes sospechados por el ataque que provocó la muerte de 85 personas en la ciudad de Buenos Aires, en el que fuera el más atroz de los atentados terroristas registrados en suelo argentino.

El 25 de octubre de 2006, la Fiscalía que investiga el caso concluyó que Irán tuvo directa injerencia en el ataque y determinó que el golpe fue perpetrado por Hezbolá. Por ese motivo, se presentó un pedido de captura internacional para ocho ex altos funcionarios y diplomáticos del gobierno de ese país que cumplían distintas funciones en 1994.

Sin embargo, tal como ocurriera con Ahmad Vahidi, en cada uno de los casos el gobierno de Irán se ocupó especialmente de brindar protección a los acusados.

Ante esta decisión política de impedir toda posibilidad de esclarecimiento del atentado, el 25 de septiembre de 2007, el expresidente Néstor Kirchner denunció a Irán ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, por su falta de colaboración. Pero a principios de esta semana, Cristina Fernández de Kirchner sorprendió al anunciar un inusual y poco claro acuerdo con el mismo gobierno iraní que, hasta ahora, protegió a los sospechosos. La presidente argentina utilizó un método particular para dar a conocer su anuncio: lo hizo a través de 19 tuits, a pesar de tratarse de uno de los temas de Estado de mayor relevancia para el país y con directa repercusión en el tablero político internacional.

La informalidad del anuncio dejó abierto un verdadero cúmulo de interrogantes y despertó todo tipo de interpretaciones. Es que resulta difícil comprender cuál es el objetivo de plasmar un acuerdo que otorga directa injerencia en las investigaciones a un gobierno que no sólo se encargó de proteger durante tantos años a los sospechosos, sino que además está conformado por algunos de ellos.

El convenio apunta a crear una “Comisión de la Verdad”, que estaría integrada por juristas internacionales independientes que analizarán toda la documentación que le sea presentada por las partes. Pero lo más paradójico es que el gobierno iraní, acusado de entorpecer las investigaciones, no sólo tendrá la posibilidad de acceder a las evidencias que la Justicia argentina posee en esta causa, sino que además estará en condiciones de decidir quiénes conformarán el grupo de juristas.

¿Por qué los argentinos deberían confiar ahora en el gobierno de un país que durante tantos años se negó a colaborar?

Por ahora, imperan la incertidumbre y el asombro.

Es que los antecedentes del caso y las actitudes de ambos gobiernos no permiten avizorar que, de una vez por todas, se haga justicia.