Editorial

Iniciativas sospechosas

El proyecto impulsado por el gobierno nacional para que los jueces tributen el impuesto a las Ganancias encuentra su fundamento en criterios tan nobles y republicanos como la equidad y la eliminación de privilegios injustificados. Pero, como suele suceder con la presente gestión, la movida responde en realidad a razones mucho más mezquinas y peligrosas.

En primer término, y más allá de la ineludible gravitancia del factor económico, la discusión remite a un conflicto de intereses que involucra los pilares jurídicos del sistema: la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, por un lado, y la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados como elemento para preservar su independencia frente al poder político, por el otro. Desde ese punto de vista, los argumentos también abarcarán cuestiones como el carácter general de la imposición -es decir, no se trata de un inaceptable recorte sectorizado- o el respeto a los derechos adquiridos -esto último a los efectos de establecer medidas a futuro, o eventualmente compensar la detracción. Todo esto a su vez en el contexto de un debate retaceado, que es el de la legitimidad de un tributo sobre el salario -en tanto retribución por una tarea realizada y no como mero generador de dividendos- y el referido a la necesidad de una reformulación completa, profunda y progresista del sistema impositivo, lo que abarca aristas como el gravamen a la renta financiera.

En desmedro de todo ello, es más fácil advertir aquí nuevas muestras del “repentismo” kirchnerista, de especulación coyuntural o de la utilización de cuestiones centrales al servicio de estrategias políticas y de acumulación de poder.

En efecto, la presidenta de la Nación plantea el tema, con el inmediato correlato de la acción de sus personeros en el Congreso, en medio de una situación de enfrentamiento con el Poder Judicial, provocada particularmente por los obstáculos tribunalicios a que la ley de Medios pueda ser utilizada para los fines que fue concebida (es decir, destruir a otro de sus enemigos). A partir de allí, la mandataria y sus voceros no se privaron de embestir contra determinados jueces -sobre todo los que no fallaron de acuerdo a sus deseos- o contra el Poder Judicial en general, incluyendo a la propia y no suficientemente maleable Corte Suprema. En tal sentido, tampoco puede generar confianza la apelación genérica de Cristina Fernández de Kirchner a “democratizar” la Justicia, o el proyecto de que los magistrados deban revalidar periódicamente sus cargos a través de un examen.

A la luz de estos factores, la eliminación de la exención aparece, más que como un esfuerzo por mejorar la calidad institucional, como una suerte de vendetta o un mecanismo más de presión. Y todo en atención a un diseño de la Justicia funcional a un proyecto de concentración de poder, y a establecer un círculo de protección para quienes lo ejercen y sus allegados.