En el fuero santafesino

La Cámara Penal funciona con sólo la mitad de sus miembros

Los miembros de las distintas salas evaluaron que les toca resolver más de una causa por día a cada uno, lo cual es “materialmente imposible”. Pidieron a la Corte que requiera soluciones en forma “urgente”. En tanto, el Colegio de Magistrados cuestionó las reformas al sistema de selección de jueces en la provincia.

De la redacción de El Litoral

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Los integrantes de la Cámara Penal santafesina plantearon la “imposibilidad material” de atender el cúmulo de causas que tiene para su análisis, dada la cantidad y prolongación de puestos en las distintas salas.

En la reunión del Colegio de Jueces de la Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe, desarrollada la semana pasada, el camarista Pedro Sobrero recordó que el cuerpo funciona con la mitad de sus miembros. Concretamente, la Sala II con dos integrantes desde el año 2007, la Sala Penal IV con un solo vocal y la III totalmente sin jueces. Y que, en esas condiciones, cada uno de los vocales posee una carga de trabajo que implica “el estudio, evaluación y realización de más de una causa por día hábil”.

Del encuentro participaron los camaristas Daniel Rucci, Federico Echauri, Roberto Prieu Mántaras, Pedro Sobrero y Roberto Reyes, con la presidencia de Sebastián Creus, que fue electo a su vez como juez coordinador del Colegio. Tras considerar el informe, los jueces decidieron reiterar a la Corte la situación y comunicarle que “de persistir las vacantes existentes en la actualidad”, la Cámara “se verá imposibilitada de cumplir adecuadamente el servicio de justicia, razón por la cual le solicita realice las gestiones pertinentes ante el Poder Ejecutivo y/o las autoridades que correspondan para resolver, en la forma más inmediata requerida, la designación de los cargos vacantes”.

Los integrantes del Colegio debatieron, por otra parte, sobre distintas alternativas que presenta la modificación del sistema de enjuiciamiento penal y la aplicación del Código Ley 12.734. Sobre el particular, advirtieron “la imposibilidad jurídica de proceder a la conformación del Colegio en Pleno, por lo cual, y para cumplir el deber subsistente de remitir un proyecto de organización de la Oficina de Gestión Judicial, es necesario lograr la constitución del Colegio de Jueces de Primera Instancia, respecto de lo cual no es posible avanzar por cuanto se desconoce quiénes son los jueces de Primera Instancia que van a intervenir desde el primer momento en el nuevo sistema y cuáles quedan ejerciendo sus funciones en el sistema de conclusión de causas”.

Por tal motivo, solicitaron también a la Corte que se expida sobre este punto.

Consejo de la Magistratura

Por su parte, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia expresó sus reservas a las modificaciones introducidas por Poder Ejecutivo provincial al sistema de Selección de Jueces, Fiscales y Defensores.

En tal sentido, sostienen que la eliminación en la conformación de ternas del orden de mérito emergente del concurso de oposición y antecedentes “afecta seriamente la pretendida -y largamente pregonada- transparencia del sistema, diluyendo casi totalmente la autolimitación de facultades que el Poder Ejecutivo pretendiera mediante la instauración del Consejo de la Magistratura”.

“Al dejar sin efecto el orden de mérito obtenido en las etapas de selección y permitir que el señor gobernador de la provincia designe -sin necesidad de fundamentación alguna- a postulantes que no habrían obtenido las mejores calificaciones, abre paso a la posibilidad cierta de influencias políticas en la designación de jueces, fiscales y funcionarios”, añaden los magistrados.

Y consignan que, si bien en los fundamentos del decreto se alude al acuerdo establecido con sectores de la Legislatura provincial, “se incurre nuevamente en la práctica de establecer modificaciones al sistema marginando el consenso previo y el diálogo con los sectores que históricamente conformaron las tareas de selección. Además, al desconocerse el contenido de dichos acuerdos, se pone un manto de dudas y sospechas que no resultan acordes con la seriedad y transparencia que debe prevalecer en tan importante y decisiva cuestión como es la designación de magistrados y funcionarios”.

Sin consultas

En un comunicado firmado por los camaristas Daniel Rucci y Ariel Ariza, los magistrados consideran igualmente criticable que se modifique el sistema “sin introducir reformas idóneas para superar las demoras y dilaciones que se padecen en la cobertura de vacantes de órganos jurisdiccionales, que tienen su causa en la complejidad de los trámites de evaluación de antecedentes y oposición pese a que este déficit en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura viene siendo señalado desde hace años por todos los actores interesados”.

Entienden que, de esta manera, “se ha dejado pasar una nueva oportunidad para recibir las opiniones de los distintos sectores en orden a la reclamada institucionalización del Consejo de la Magistratura, persistiendo en la idea de mantener un órgano bajo la directa y exclusiva dependencia y administración del Poder Ejecutivo provincial”.

Pliegos

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos remitió la semana pasada a la legislatura 28 pliegos de fiscales y defensores penales para el nuevo sistema procesal penal. Son 16 propuestas para Rosario que habían sido retiradas a fines del año pasado, cuando el PJ amenazó con rechazarlas a todas, a las que se agregaron ahora otros 12 pliegos de fiscales (seis para Santa Fe, dos para Venado Tuerto y uno cada uno para Melincué, Vera, Reconquista y Rafaela). En el interín, el gobierno acordó con legisladores justicialistas modificaciones al mecanismo de selección que, según entiende, habilitarían la aprobación de estos pliegos.

Críticas de abogados

Al igual que el Colegio de Magistrados (ver nota central), los cinco colegios de Abogados de la provincia salieron a cuestionar las modificaciones introducidas al proceso de selección de jueces en la provincia y puntualizaron que “ninguna de las cuestiones centrales” que plantearon fueron tomadas en consideración.

“Seguimos observando que sigue pendiente la organización y puesta en funcionamiento de un Consejo de la Magistratura, a partir del cual sea posible un debate amplio sobre el ‘perfil de jueces’ que queremos para nuestra Provincia. Es decir la creación de un ámbito plural con capacidad de plantear un esquema de selección de magistrados y funcionarios con la participación efectiva de las entidades representativas de abogados y magistrados”, añaden.

“La existencia de un jurado independiente queda desdibujada, si para su integración el Poder Ejecutivo debe recurrir a otorgar concesiones a las instituciones que los aportan”, denuncian. Y plantean que el decreto habla de restringir el criterio “academicista” en la selección, “pero en concreto no aporta ningún elemento que permita conocer cómo lo va a hacer y cuáles son los criterios alternativos que se van a tener en cuenta para cumplir tal finalidad”.

“Si se entiende que la substitución de un orden de ‘mérito’ por uno ‘alfabético’ en la propuesta que se eleva al gobernador cumple esa finalidad el camino es errado. En efecto, de ser así pareciera que el mecanismo está más bien enderezado a lograr ‘acuerdos’ con la Legislatura Provincial, sobre la base de un listado abierto, antes de la remisión de los pliegos que de efectivamente valorar la labor de jueces y profesionales de la matrícula aspirantes al cargo.Está claro que este no es ni puede ser un mecanismo aceptable para la designación de jueces y funcionarios y que en lugar de un avance es una clara regresión”.

Y firman Gabriel Carlini (Venado Tuerto), Ignacio Del Vecchio (Rosario), Mariel Tschieder (Rafaela), Norma Suligoy (Reconquista) y Eduardo Massot (Santa Fe).