María Angélica Gastaldi abrió el año judicial en la provincia
“El Poder Judicial actúa en nombre del pueblo, pero no de la mayoría”
De la redacción de El Litoral
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, María Angélica Gastaldi, encabezó con “un acto sencillo, necesariamente formal” la apertura del año judicial santafesino. En medio del debate nacional por la “democratización” de la Justicia impulsada por el kirchnerismo, defendió el rol constitucional de los jueces para defender los derechos de los ciudadanos y actuar como “contra-poder” ante los actos que los vulneren. Y de cara a la provincia se hizo eco de los reclamos por la demora en la cobertura de vacantes y exhortó a agilizar la implementación del nuevo sistema procesal penal.
Ante sus pares del Tribunal, el gobernador Antonio Bonfatti y los ministros Rubén Galassi y Juan Lewis, legisladores nacionales como Roxana Latorre, Juan Carlos Zabalza, Juan Carlos Forconi y Antonio Riestra, el ex gobernador Jorge Obeid, y representantes de las Cortes de Chaco, Entre Ríos y la ciudad de Buenos Aires, Gastaldi agradeció las numerosas adhesiones de personalidades e instituciones y las interpretó como muestra de compromiso con el rol de la Justicia.
“El Poder Judicial, al contrario que el Ejecutivo o el Legislativo, debe juzgar en nombre del pueblo, pero no de la mayoría, para la tutela de la libertad y de los derechos; y por eso los poderes judiciales se configuran como un contra-poder”, dejó sentado, al inicio de su discurso.
Luego mencionó a las defensorías zonales santafesinas y a la mediación judicial como logros en orden al acceso de los ciudadanos a la Justicia, y destacó que -como planteó la presidenta a nivel nacional- los ingresos a tribunales en la provincia están sujetos a concursos desde hace más de 40 años. También destacó la “legitimidad” en las designaciones de magistrados en Santa Fe y el recurso a medidas preventivas y correctivas cuando eso se hizo necesario.
“Los ciudadanos -pese a las críticas- no dejan de ver al proceso judicial como lugar concreto al cual aferrarse para encontrar un sentido del orden, que en sistema social parece inasible. Por eso confiamos en que los restantes poderes del Estado hagan los esfuerzos para dotar de los cargos y de concretar las infraestructuras edilicias y tecnológicas que están pendientes”, añadió.
Inacción y desencanto
Al abordar la dinámica entre el orden social y las instituciones democráticas, Gastaldi advirtió que en un sistema delegativo y ante un cuadro de rampante exclusión social, “nada pareciera inmutarnos o conmovernos lo suficiente para que todos intentemos cambiar este estado de cosas, y nos tranquilizamos mediante el mecanismo de adjudicar únicamente a las instituciones formales de la política la responsabilidad. Y así la generalizada crítica sobre los poderes institucionales es algo normal entre la ciudadanía. Que profundiza el desencanto democrático”, amplificado a través de los medios masivos de comunicación.
Pero consideró que no debe resultar extraño que “en este ambiente de exclusión, de inseguridad, y descreimiento, muchas personas relajen sus inhibiciones de transgredir la ley, y que quienes no estén contenidos de ningún modo en el orden social, irrumpan en conductas delictivas y violentas”. Ante lo cual no valen “la incentivación de amenazas de sanciones y penas”, ni “ampliadas y vanas promesas jurídicas de una legalidad contradictoria”.
Justicia y política
“Es toda esta conflictividad y sus contradicciones, por los fracasos del sistema social, lo que deben enfrentar cara a cara, y caso por caso- permanentemente los buenos jueces, magistrados y funcionarios cuando aplican las leyes e interpretan los alcances de las garantías constitucionales”, prosiguió Gastaldi. Y expresó de qué manera los jueces se enfrentan al dilema de “estar conminados a realizar los valores de la justicia constitucionalmente establecidos, que hace a la esencia de su rol, y compelidos a la misma vez, a cumplir con el mandato de la tradición jurídica que espera de ellos el apego estricto a una ley”.
“Para asegurar esa efectividad constitucional y el equilibrio de los poderes, en resguardo de la ciudadanía, no es extraño que en ciertos casos las decisiones judiciales anulen los actos de los otros poderes del Estado, llegando incluso a declarar la inconstitucionalidad de las leyes”, añadió. Gastalid advirtió que “debe quedar claro que una cosa es que la Magistratura tenga poder de control sobre la política y sobre los restantes cuerpos políticos, y otra que se pretenda la juridificación de las decisiones políticas”. Y, citando al ministro de la Corte nacional Eugenio Zaffaroni, previno a los jueces de “ser utilizados como válvulas de escape de cuestiones de las que el sistema político no puede hacerse cargo”.
