Acusan a un sector de la Justicia

La Caja de Ingenieros denunció “un intento de desestabilización política”

El cuerpo colegiado expuso públicamente el conflicto que atraviesa parte de su directorio desde los comicios de junio de 2011. El 13 de febrero pasado, la Justicia ordenó la intervención de la entidad que concentra a los colegios de ingenieros de la 1a. Circunscripción.

De la Redacción del Litoral

La Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de la provincia de Santa Fe, 1a. Circunscripción, salió públicamente a contrarrestar lo que consideran una avanzada de la Justicia local, a los fines de apartar a su actual directorio del manejo de la institución.

“Esto es un intento de desestabilización política a través de un hecho judicial”, denunció el arquitecto Amaro Busatto, actual presidente del directorio de la Caja. La acusación refiere a la lucha judicial que la institución viene manteniendo desde hace dos años con un grupo opositor; y que cerró su último capítulo con una orden para designar interventor.

El 13 de febrero último, el juez Correccional Nº 3, Orlando Pascua, dispuso la intervención de la Caja de Ingenieros y ofició a la Corte para que designe un contador para que asuma la intervención. A propósito, el abogado que defiende a los representantes de la Caja planteó la “nulidad con revocatoria y apelación en subsidio” que fue concedida.

Cabe destacar que en marzo del año pasado, la jueza Correccional Nº 4, Jaquelina Balangione, procesó a los arquitectos Amaro Busatto, Oscar Ezcurra y al ingeniero Gerardo Severín por el delito de “desobediencia”, por haber llevado a cabo las elecciones de junio de 2011 desoyendo una resolución judicial previa.

A las autoridades

“Este proceso de dos años termina con una resolución del juez Pascua que decide la intervención de la Caja y le pide a la Corte que designe un contador para su intervención”, asumió el arquitecto Busatto. “Más allá de tener que recurrir a debatir con el colectivo de profesionales que componen la Caja, nosotros hicimos una nota que se la enviamos al gobernador Antonio Bonfatti y al ministro de Justicia, Juan Lewis en el ámbito del Poder Ejecutivo; la enviamos a la Corte, al procurador, Jorge Barraguirre y al defensor General, Gabriel Ganón en el Poder Judicial; y se la hemos hecho llegar a los presidentes de ambas Cámaras, al vicegobernador Jorge Henn, en Senadores y Luis Rubeo, en Diputados en el ámbito del Poder Legislativo”.

Se trata de “una reseña de todo lo ocurrido” en los últimos dos años, hechos que fueron expuestos como “denuncia pública”. Para Busatto, el caso va “más allá de la cuestión personal”, dijo en relación al procesamiento a tres miembros de la conducción política de la Caja; y agregó que “esto es un intento de desestabilización política a través de un hecho judicial”.

“Actitud complaciente”

“Esto ha rebasado el vaso de la cuestión jurídica, porque ha habido una serie de maniobras que tiene que ver con un sector del poder judicial -no todo- que a nuestro entender tiene una actitud complaciente” con quienes se presentan como opositores.

También, “estamos dispuestos a ir a los medios importantes y que tienen capacidad de llegar a la comunidad y nuestros afiliados -que son 7 mil en la 1a. Circunscripción-, creemos que es necesario darle un carácter de difusión”, amplió el portavoz de la Caja.

Para Busatto, “esta situación se suma a que en este tiempo hemos logrado la articulación de una mutual, más allá de las obras edilicias y mejoras en jubilaciones y obra social de la Caja, aparte de un excelente estado económico financiero de los recursos”.

Ante este panorama, “vamos a apelar a todo lo razonablemente posible dentro de la lógica de la justicia, de la política institucional y de las actitudes personales en las que esto pueda terminar”, dijo el presidente.

El arquitecto Amaro Busatto es el presidente de la Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería y uno de los principales afectados.

Foto: José Vittori

La Caja de Ingenieros denunció “un  intento de desestabilización política”

Cronología

Marzo de 2011. La Junta Electoral rechazó un pedido para oficializar la Lista Unidad Colegial -opositora-, cuyo apoderado era Jorge Alberto Zavala -ahora querellante- y los candidatos José Aglieto y Vicente Marcovecchio. Los opositores plantearon la revocatoria por la vía administrativa, pero la Caja no aceptó el reclamo.

24 de mayo. La Sala I de la Cámara de Apelación Penal (Roberto Prieu Mántaras, Daniel Rucci y Federico Echauri) ordenó a las autoridades de la Caja “abstenerse de continuar con cualquier acto del proceso electoral”.

1º de junio. La Caja realizó los comicios ignorando el mandato judicial y proclamó el triunfo de la lista única Colegios y Jubilados.

El fiscal Nº 7, Jorge Andrés, realizó un requerimiento de instrucción para que se investigue el supuesto delito de “desobediencia, de manera reiterada” y solicitó la intervención de la Inspección General de Personas Jurídicas “para que se designe un interventor”.

8 de marzo de 2012. La jueza Correccional Nº 2, Jaquelina Balangione, indagó a los arquitectos Oscar Ezcurra, Amaro Busatto y el ingeniero Agrónomo, Gerardo Severín y los procesó al día siguiente -9 de marzo- por el presunto delito de “desobediencia”.

29 de marzo. Los abogados Romeo Díaz Duarte y Germán Corazza se constituyeron como querellante a nombre de Jorge Zavala, entonces apoderado de la lista Unidad Colegial.

El defensor Néstor Oroño planteó “recursos de nulidad, revocatoria y apelación en subsidio del procesamiento”; pero el 16 de agosto Sala II de la Cámara de Apelación Penal (Pedro Sobrero, Sebastián Creus y Roberto Reyes) confirmó el procesamiento dictado por la jueza Balangione.

13 de febrero de 2013. El juez Correccional Nº 3, Orlando Pascua, dispuso la intervención de la Caja de Ingenieros y ordenó que se oficie a la Corte provincial a los fines de designar un contador para que asuma la intervención.

La semana pasada el Dr. Oroño planteó la “nulidad con revocatoria y apelación en subsidio” de la medida adoptada.

Hostigamiento

“El hostigamiento judicial lleva más de dos años. En ese tiempo en el que debimos contrarrestar los ataques, pudimos identificar el entramado corporativo, mediático y judicial que se propone desintegrar los órganos de la entidad para inmediatamente liquidarla. Solución final que persiguen aquellos que saben que no podrán acceder al gobierno de la Caja por las vías democráticas”. Extracto de la nota cursada por las autoridades de la Caja y recibida el 22 de febrero por el Poder Ejecutivo.

/// EL DATO