Documentos en Campo de Mayo complican al gobierno
Investigan a la Gendarmería por espiar a los que protestan
Fueron “monitoreados” todos los actores sociales que se movilizan: desde el oficialista Movimiento Evita hasta la Mesa de Enlace del Campo, pasando por Madres de Plaza de Mayo, partidos de izquierda y delegados gremiales.
De la redacción de El Litoral
El juzgado federal Nº 7, a cargo del Dr. Sebastián Casanello, tiene en su poder cinco cds en los que constan los informes que la Gendarmería elaboró, entre 2004 y 2011, sobre prácticamente todos los actores sociales que protestan, se movilizan o reclaman: la nómina de personas y organizaciones políticas, religiosas, sindicales y sociales es tan amplia que va desde corrientes internas del gobierno hasta las conducciones empresariales del agro, pasando por organismos de derechos humanos y curas que trabajan en las villas de Capital Federal.
Las pericias judiciales fueron realizadas sobre los discos rígidos de las seis computadoras secuestradas durante un allanamiento al Centro de Reunión de Información, que está ubicado en Campo de Mayo.
De esa documentación -que compromete al gobierno nacional- se desprende que la Gendarmería realizó tareas de inteligencia contra dirigentes sociales, algo que viola las leyes de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional y que había sido negado por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, cuando salió a la luz el llamado Proyecto X, el año pasado.
La información encontrada incluye una completa base de datos de los referentes sociales de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, con sus direcciones, la actividad social que desarrollan, el grupo al que pertenecen, el poder de convocatoria que tiene cada uno de ellos y, en algún caso, hasta una referencia sobre su presunta orientación sexual.
Los nombres, las direcciones, las filiaciones políticas e ideológicas y hasta religiosas de las víctimas del espionaje tienen un denominador común: se trata de sectores que por distintas razones -hay incluso familiares de los muertos de Cromañón- se han movilizado. Hay hasta datos de dirigentes barriales que, según esos informes ilegales, tienen capacidad de movilizar solamente unas 60 ó 300 personas.
“Dirige el merendero 4 de Agosto, ubicado en la manzana xx, casa xx, de la villa en cuestión. Posee moderado poder de convocatoria”, se señala en un caso. “Colaboradora del comedor Ositos Cariñosos. Estaría alineada al Partido Propuesta Republicana (PRO)”, se menciona en otro.
Madres, Abuelas y hasta Los Piojos
En febrero de 2012, cuando estalló el escándalo, Garré tuvo que realizar una conferencia de prensa para negar que la Gendarmería tuviera una base de datos con dirigentes de las organizaciones sociales y asegurar que la fuerza de seguridad siempre actúa “como auxiliar de la Justicia”. “Es para inteligencia criminal de delito complejo”, explicó en aquella oportunidad la ministra. Y agregó: “No se utilizó nunca en manifestaciones sociales”. La información encontrada en las propias computadoras de Gendarmería desmiente a Garré.
Entre los documentos -muchos con el sello de “secreto y confidencial”-, figuran también informes desde los lugares de reuniones de organizaciones sociales, en los que se analiza y caracteriza la información.
Bajo el título “Principales organizaciones que originaron las expresiones sociales monitoreadas por la Fuerza”, uno de los documentos detalla un listado de gremios nacionales y provinciales. Incluye desde los mecánicos de Smata hasta los empleados del Servicio Meteorológico. También fueron “monitoreadas” o espiadas las “entidades del campo agrupadas en la CRA, FAA, SRA y Coninagro juntos (sic) con autoconvocados y mujeres por la lucha”. En varios documentos, se mencionan seguimientos a organismos de derechos humanos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos y hasta los convocantes a una marcha por Cromañón, lo que incluye desde Los Piojos hasta el Partido Obrero.