En Villa Ocampo

Renunció un concejal oficialista por fuertes disidencias con el Ejecutivo

Juan A. Gregoret presentó su dimisión indeclinable planteando diferencias irreconciliables con el gobierno municipal. El cobro del canon por el uso de la vía pública para propaganda y publicidad fue el motivo principal. El intendente dijo que la decisión es “inexplicable” y que las imputaciones son “arteras y dañinas”.

Renunció un concejal oficialista por  fuertes disidencias con el Ejecutivo

Juan Ángel Gregoret es el concejal renunciante del FPCyS.

Fotos: Horacio Macuglia.

 

Gustavo Capeletti

[email protected]

La renuncia a su cargo de concejal, presentada el miércoles por Juan A. Gregoret, que hasta ese día integraba el bloque del oficialista Frente Progresista encendió un conflicto político e institucional en Villa Ocampo.

Tras haber sido reelecto en 2011 y con un mandato al que le restaban más de dos años, el edil que fuera uno de los principales arietes del Ejecutivo en el Concejo, al punto que llegó a presidirlo, tomó la decisión de dimitir argumentando serias disidencias con sus pares, pero esencialmente con el intendente en funciones Enrique Paduán y su secretario de Hacienda, Pablo Díaz.

En el centro de sus “disidencias de fondo”, Gregoret ubicó el derecho de Propaganda y Publicidad sobre el cual dijo tener discrepancias en lo atinente a “definición conceptual sobre la base imponible a grabar, la aplicación de las ordenanzas, la liquidación de los años no prescriptos” y las “exenciones arbitrarias”.

En un párrafo donde se tornó difusa la línea entre lo público y lo privado, citó también en su calidad de comerciante de la ciudad “la denegación por parte del Ejecutivo de entregarme la documentación solicitada por escrito en dos oportunidades, que corrobore el monto que aboné por la tasa correspondiente a los periodos 2004 al 2010”. El renunciante explicó mediante un comunicado que “se cambió radicalmente el concepto establecido para el cobro del derecho, que era por el uso de la vía pública para propaganda y publicidad (carteles, letreros, avisos), y se estableció un nuevo concepto, que también graba todo lo que se imagina publicidad, dentro del negocio y/o visto desde la vía pública, haciendo más amplia su base imponible al incursionar en el espacio privado del comercio”. Así, sacó a relucir que el problema de fondo que lo llevó a alejarse de su cargo legislativo pasó más cerca de cuestiones impositivas que de afinidades políticas.

En su exposición, admitió haber votado afirmativamente la modificación precitada que implicaba una “nueva concepción tributaria y la tercerización de su cobro”, pero aclaró que “nunca avalé el avasallamiento, la irracionalidad y el abuso, cometido en el proceso administrativo de la aplicación de la norma”, razón por la cual, a principios del año 2010 le transmití al Poder Ejecutivo “mi desacuerdo y el pedido de modificación de la ordenanza”.

Y precisó que a raíz de acciones judiciales que algunas empresas realizaron contra la Municipalidad más otras que se negaron a pagar el tributo -obligando primero a iniciar acciones de cobro por la vía judicial, y luego a eliminar de la tributaria el artículo que graba la publicidad en el interior del comercio-, finalmente, el municipio decidió eliminar el canon polémico. Por lo tanto, Gregoret reclamó un “gesto de sensatez” necesario para restituir el “monto cobrado en exceso”.

Legalidad

Con relación a los años no prescriptos, indicó que “nuestro código establece cinco años, no seis como se cobraron (aunque debo reconocer que hubo una picardía administrativa para hacerlo) y la liquidación se debe realizar sobre la base imponible determinada en las ordenanzas que la establecieron y con los valores determinados en las mismas correspondientes a esos períodos, más los intereses que también están establecidos en la ordenanza tributaria”. Pues bien, disparó, “se liquidaron seis años, en vez de cinco” lo que “sería de dudosa legalidad”.

Además, se expidió sobre lo que calificó de “exenciones arbitrarias” debido a un “acto discriminativo e injusto, habida cuenta que solo habrían pagado los años no prescriptos tres comercios locales”. En tanto, observó: “En lo personal, me irrita y me lastima, la actitud desconsiderada y absurda de ‘amigos’ y de compañeros de una gestión que me tuvieron como partícipe activo, la negación de exhibirme la documentación a fin de poder corroborar lo liquidado por el municipio a la compañía petrolera (YPF, cuya concesión explota en la ciudad), que como contribuyente responsable debí efectivizar el pago de ese tributo. Hasta la fecha no sé qué me cobraron”.

Seguramente y en respuesta a mis observaciones, algunos tratarán de “confundir a la sociedad, aduciendo a que es un tema personal o porque me tocaron el bolsillo, minimizando la cuestión institucional; pero si fuese así, ya hubiera solucionado el problema económico, cuando en distintas oportunidades desde el Ejecutivo se me ofreció la solución de manera individual, desestimando mi honorabilidad, al desconocer que mi función de edil me obliga como tal, a defender los intereses de todos por igual, y sin excepción”, denunció.

Por último, el ahora ex edil dijo estar “convencido de que el éxito de una gestión se sustenta en el trabajo de equipo”; pero, también es cierto que cuando uno de esos atributos y fundamentalmente “la confianza se lastima o se pierde, se produce una ruptura en su esencia, que daña y perjudica no sólo al grupo sino también a quienes directa o indirectamente deberían ser beneficiarios”.

Dura respuesta oficial

Esta mañana, en conferencia de prensa ofrecida en la sede municipal ocampense, el intendente Enrique Paduán respondió con contundencia las críticas esbozadas por el otrora hombre de confianza de su gestión. “Es una renuncia inexplicable porque si una ordenanza lleva a tomar una decisión de esas características a una persona en la que el pueblo confió junto a nosotros, me parece que es sencilla y políticamente una barbaridad”, enfatizó.

“No podemos ser caprichosos en la gestión, si se nos tilda de soberbios, a esa actitud qué nombre le tendríamos que poner. Encima quedamos todos tildados como sospechosos de una gestión fraudulenta, deshonesta, como personas sin honorabilidad, que no tienen ética, como si la única persona con ética sería Gregoret”, apuntó.

Me parece que se le ha “escapado de las manos una situación que no supo resolver y lo llevó a tomar esta decisión equivocada y que la sociedad entera debe entender. No podemos aceptar estos grados de obcecación, no puede cerrarse tanto una persona porque no se le da la razón en lo que piensa”, aseguró Paduán, que estuvo acompañado por su equipo y concejales.

Ofuscado por la situación, el mandatario ironizó: “Parece ser que en la gestión la única persona ética es Gregoret. Es bueno aclarar esta situación que me produjo mucha molestia porque hemos arrancado juntos este proceso y salir a decir lo que dijo son cosas que no pueden existir en una gestión honorable y ética como la que él reclama”.

Renunció un concejal oficialista por  fuertes disidencias con el Ejecutivo

Enrique Paduán, en el centro de la imagen; acompañado de Pablo Díaz, secretario de Hacienda -a la izquierda-, y el Pte. del Concejo Municipal, Bernardo Villalba -a la derecha-.

Punto por punto

El gobierno municipal rebatió los puntos denunciados en la renuncia. Sobre la tercerización del cobro del derecho de publicidad y propagada se explicó que la misma fue autorizada por ordenanza. Al planteo de períodos no prescriptos, se respondió que las normas que los fijan están establecidas en el Código Tributario Municipal y las liquidaciones intimadas son legales. Los precios del canon fueron también autorizados por el Concejo, añadieron las autoridades. En referencia al supuesto ocultamiento de la información requerida que cuestionó el ex concejal, el municipio aseveró que fue “entregada en su totalidad al demandado, YPF SA”, la empresa a la cual se le reclamaba el pago del derecho por publicidad en la estación de servicio de Gregoret, y que en todo caso la petrolera debió facilitarle los datos al reclamante. Las exenciones (del 1% del impuesto en danza), por su parte, fueron defendidas para los comercios locales en atención a que publicitan en medios de prensa de la ciudad.

/// EL DATO