EDITORIAL

El Túnel es la prioridad

El 2 de febrero de 1962 las provincias de Santa Fe y Entre Ríos aprobaron el Plano 4 L 4-4 confeccionado por el Alejandro Vega, ingeniero en jefe del consorcio constructor del Túnel Subfluvial. Allí se reconoce la línea de ribera trazada por la autoridad nacional competente en 1957, sobra la costa entrerriana en la zona de obra.

Lo que estaba tierra adentro de esa línea era de propiedad estatal o fue expropiado por Entre Ríos a favor del Túnel; lo que estaba río adentro fue excavado para ubicar los tubos y luego refulado para seguridad de la estructura. La jurisdicción del Ente Interprovincial abarca 100 metros a cada lado del eje del viaducto; el Código Civil establece que las costas ganadas sobre un curso de agua navegable son dominio público provincial, inembargable, que no puede ser objeto de propiedad privada.

Sin embargo desde el año 2000 se estableció sobre la costa entrerriana del Paraná un emprendimiento privado que en parte ocupa el arenal que protege al Túnel. En la zona se excavó una caleta, se instalaron calles y redes de servicios de gas y electricidad y se loteó el terreno para la venta a particulares, según es público, publicitado y notorio en el mercado inmobiliario de la vecina capital.

Como si el Túnel no estuviera allí, como si el director entrerriano del ente interprovincial, Pablo Bertellotti, no hubiera advertido en un documento oficial del 2 de mayo de ese año que “es peligroso dragar” y que no se puede ocupar la zona de seguridad.

En 2001 la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Entre Ríos elaboró un concluyente dictamen y la provincia inició acciones de reivindicación. En 2003 el director por Santa Fe, Erwin Zwiener, denunció las persistentes irregularidades. En 2010 el Senado entrerriano pidió a su gobernador que ordene ocupar la zona de seguridad. El loteo y la caleta siguen allí; la Justicia debe determinar si es constitucional que el ex gobernador Jorge Busti haya desistido de recuperar la posesión.

Los terrenos fueron alteados con dinero público; la arena acumulada sobre los tubos 35 a 37 en la cabecera del lado Paraná -al igual que a todo lo largo de la obra- son parte del sistema de seguridad. La jurisdicción del Túnel incluye una zona de restricción absoluta de 50 metros a cada lado del eje, que tampoco se respeta.

Raúl Uranga y Carlos Sylvestre Begnis firmaron el 15 de junio de 1960 el Tratado que establece que el Túnel es un condominio. El acuerdo vigente -data de 1976 y es ley en ambas provincias- contempla la zona se seguridad. Es cierto que el poder de policía lo ejerce cada provincia a partir de la divisoria entre los tubos 18 y 19 del viaducto, pero el Consejo Superior Interministerial está obligado a tutelar el bien en un todo.

No hay título dudoso posterior al Tratado interprovincial y al inicio de la obra, ni derecho privado, ni anomia pública ni omisión de funcionario de turno que pueda negar las evidencias y las pruebas documentales, a despecho de la integridad de la estructura y del derecho de paso seguro de los usuarios. Quienes pagan el peaje no son sólo santafesinos y entrerrianos, pero en su gran mayoría viven en las capitales de ambas provincias.