EDITORIAL

Subsidios en el Senado

El debate sobre la facultad de los legisladores de otorgar subsidios -tanto a ciudadanos como a instituciones- merece que la opinión pública no pierda de vista este aspecto. Sería una oportunidad perdida que la (demorada) sanción de la Ley de Presupuesto 2013 resulte en una olvidadiza vuelta de página.

 

Durante este año, el Senado contará con un fondo especial para otorgar ayudas económicas a instituciones, que al Estado le costará 33,6 millones de pesos. El tema ha dejado casi en un cono de sombras la discusión de semejante ley.

En verdad, no se trata de un tema nuevo. Siempre los legisladores provinciales pudieron otorgar subisidios. Pero ahora, llaman la atención las cifras.

Producto del flamante Fondo de Fortalecimiento Institucional, por mes, cada senador y el vicegobernador podrán entregar hasta 140 mil pesos, que se suman a los 20.000 pesos de subsidios que, desde hace años, tienen a su disposición.

Debe decirse que es la Constitución (ha cumplido medio siglo) la que consagra esa facultad. Sin embargo, también cabe advertir que hasta aquí se utilizaba sólo una pequeña parte de los recursos anuales que corresponden al Legislativo o algunos eventuales ahorros de ese Poder, de administración autónoma.

El cambio más importante -tanto como el monto involucrado- es que se ha creado una partida presupuestaria especial para subsidios.

Los recursos del Senado provenientes del citado fondo deberán volcarse a instituciones con personería jurídica, no a personas físicas, y la información sobre el uso, el nombre de las entidades beneficiarias y del legislador-benefactor, deberán figurar en la página de internet oficial del cuerpo. Algo que ya se hace, pero sólo con los llamados “subsidios institucionales”, es decir, con aquellos que no van a personas con nombre y apellido.

Quienes con más fuerza se opusieron al nuevo instrumento de los senadores fueron los diputados. No les faltan razones políticas y electorales. De hecho, la Constitución no hace diferencias en materia de subsidios entre una Cámara y la otra.

En declaraciones periodísticas, el gobernador Antonio Bonfatti respaldó la existencia de ese Fondo que -según sus propias palabras- permite a las instituciones contar con ayudas inmediatas de los senadores.

Es indiscutiblemente cierto que para muchas entidades de bien público, clubes, escuelas, cooperadoras, cooperativas o comunas, así como para asociaciones deportivas, sociales, gremiales, grupos religiosos o representaciones empresariales será mucho más rápido ir ante el senador que procurar la ayuda que debería darles el Estado, con sus remolones reflejos, sus tiempos ajenos a la realidad, sus circuitos burocráticos y sus necesarios mecanismos de control.

En este sentido, el Fondo de Fortalecimiento Institucional es -contra su nombre- una forma de reconocer que las instituciones, como por ejemplo los Nodos que iban a construir “un Estado amigable”, no consiguen aún funcionar eficientemente para atender lo que la población necesita.