EDITORIAL

Otro paso contra la libre expresión 

El oficialismo denunció a dirigentes políticos de la oposición por realizar avisos radiales, televisivos y en la vía pública. Según la presentación de Jorge Landau, apoderado del PJ, Francisco de Narváez, Margarita Stolbizer, Gerónimo Venegas, Graciela Ocaña y Carlos Melconian violaron la ley electoral que prohíbe contratar espacios de difusión en forma privada.

La ley 26.571 “de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral” dispuso que los espacios audiovisuales serán cedidos gratuitamente por los medios y distribuidos entre los postulantes por el Ministerio del Interior. Según la norma, las campañas empiezan 30 días antes de la fecha de los comicios (primarios o generales), y la publicidad se habilita 10 días después y se prohíbe en las 48 horas previas a la apertura de las urnas.

Esa norma fue sancionada tras la derrota oficialista en las elecciones para legisladores nacionales de 2009, en la que jugó un fuerte papel la capacidad de inversión privada de Francisco de Narváez en publicidad. La democratización de los espacios promocionales puede considerarse un acto republicano según se lo administre con equidad, pero la pretensión de prohibir la difusión de las ideas es un acto que afrenta a la democracia.

Los avisos de los dirigentes de la oposición están realizados fuera de los tiempos de campaña electoral que establece la ley, y por tanto no están alcanzados por sus restricciones. Una interpretación en contrario supondría no sólo un bozal legal a la libre difusión de ideas, sino que habilitaría a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual a ordenar multas y hasta la suspensión de licencias a los medios que difundan esos mensajes.

No hay monopolio más pernicioso que el que se ejerce desde un gobierno; en su expresión más acabada, es el signo distintivo de todo régimen hegemónico, y la tentación irresistible -evidente- de quien pretende perpetuarse en el poder más allá de toda frontera republicana.

La Argentina tiene hoy un gobierno que supedita para sí los recursos estatales de los medios públicos; financia sólo a los medios privados adeptos, desobedece a la Corte Suprema de Justicia a la hora de distribuir la pauta oficial, manipula a los anunciantes privados mediante sordas amenazas, discrimina negativamente en el trato fiscal a los medios de comunicación que no se le subordinan y ahora pretende ahogar la expresión de actores políticos que buscan ejercer su derecho a la libre expresión.

El gobierno ya tiene hegemonía excluyente en los avisos que monopoliza en el marco del Fútbol para Todos. Gasta allí presupuestos que resultan obscenos en comparación con las prioritarias demandas educativas, sanitarias, de seguridad o productivas, que padecen por la falta de recursos. Es un ejemplo que sobra como muestra.

Un país que no disputa abiertamente sus ideas se condena; no hay poder más legítimo que el que se puede fundar en la confianza pública ganada por la debatida justicia de sus razones y la eficacia de sus actos. Ahogar el debate público es pretender ocultar las evidencias que podrían demostrar lo contrario.