Le permiten jubilarse pese a estar investigado
Gobierno tucumano apeló a favor del juez investigado tras sentencia del caso Verón
El caso de “Marita” Verón tiene un nuevo ingrediente. A todos los escándalos que rodearon la sentencia de exculpó a todos los acusados, ahora se suma la posición del gobierno de Alperovich que le permite jubilarse a uno de los jueces investigados.
Los tribunales tucumanos eje de las críticas de muchos sectores de la sociedad. Foto: Archivo El Litoral
DyN
El gobierno tucumano apeló un fallo a favor del juez Emilio Herrera Molina, quien solicitó su jubilación a pesar de estar bajo investigación por su actuación en la sentencia que absolvió a los 13 imputados del secuestro y desaparición de María de los Angeles Verón.
En tanto, el vocal de la Sala II de la Cámara en lo Contenciosos Administrativo, Carlos Giovanniello, ordenó que se suspenda el juicio político en lo que respecta a Herrera Molina, quien integró el tribunal cuestionado por Susana Trimarco, la madre de Verón, junto con los magistrados Eduardo Romero Lascano y Alberto Piedrabuena. Giovanniello, de esta manera, hizo lugar a una cautelar interpuesta por Herrera Molina, que había solicitado frenar todo proceso que pudiera derivar en su destitución luego de que, también la semana pasada, se le otorgara otra cautelar.
El martes, los camaristas del fuero administrativo Rodolfo Novillo y Hebe López Piossek declararon nulo el decreto por el cual el Poder Ejecutivo rechazó la renuncia que presentó en diciembre Herrera Molina, con la finalidad de acogerse a la jubilación. En ese fallo, la Justicia le dio 72 horas al gobierno de Tucumán para que dicte un nuevo decreto, ajustado a los considerandos desarrollados en la sentencia y para que, en particular, “evalúe el cuadro clínico delicado” del juez.
Luego, el Poder Ejecutivo, a través de la Fiscalía de Estado, interpuso recurso de casación en contra de esta sentencia.
Fallo arbitrario
La apelación argumentó que el fallo de Novillo y de López Piossek es “arbitrario”, ya que “omite, deliberadamente y sin justificación alguna, efectuar el análisis de fundamentos conducentes a la solución del litigio”. El gobierno sostuvo que esa sentencia “prescinde de manera evidente de la facultad constitucional del Poder Ejecutivo para rechazar la renuncia de un magistrado”.
“El hecho de que el ordenamiento jurídico provincial careciere de una disposición reglamentaria como la prevista en el artículo 9 del Reglamento para la Justicia Nacional, no ampara al tribunal para enervar la potestad pública del Poder Ejecutivo para apreciar la procedencia, o no, de un pedido de renuncia de un magistrado judicial, cuando existe una denuncia de enjuiciamiento político en su contra”, argumentó la Fiscalía de Estado este jueves. El juicio político se abrió luego de que en diciembre de 2012 el tribunal absolvió a los trece imputados por el secuestro y prostitución de Verón bajo la excusa de falta de pruebas, aunque se comprobó que varios de ellos integraban una red de trata de personas que la justicia pidió investigar pero en La Rioja.
Marita Verón fue secuestrada el 3 de abril del 2002 cuando se dirigía a la Maternidad de la ciudad de Tucumán, tras lo cual su madre, Trimarco, inició una investigación de 10 años para dar con los responsables de la desaparición de su hija.
