Chipre
La crisis empuja a grecochipriotas a malvender sus tierras ocupadas
La crisis que azota a Chipre ha empujado a los grecochipriotas a vender sus propiedades abandonadas durante la guerra en el norte de la isla, ocupado por Turquía, y lo están haciendo a un precio inferior al real, según algunas denuncias.
Andrés Mourenza
EFE
En 1974, como respuesta a un golpe de Estado que pretendía la anexión de Chipre a Grecia, Turquía invadió el tercio norte y desde entonces la isla quedó dividida. Entre 150.000 y 200.000 grecochipriotas huyeron al sur y 60.000 turcochipriotas al norte, dejando atrás sus hogares, negocios y campos de cultivo.
Desde entonces, esas propiedades han permanecido abandonadas u ocupadas por refugiados del otro bando, e incluso por las fuerzas militares que Turquía envió para proteger la autodenominada República Turca del Norte de Chipre (RTNC), sólo reconocida internacionalmente por Ankara.
En 2006, la RTNC creó la Comisión de la Propiedad Inmobiliaria (IPC por sus siglas internacionales), reconocida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y compuesta por cinco funcionarios turcochipriotas y dos representantes del Consejo de Europa.
Durante años, muy pocos grecochipriotas acudieron a la IPC para exigir la restitución de sus tierras o una compensación por su pérdida (entre 2006 y 2010 se registró una media de 168 peticiones anuales), ya que “cruzar a la otra parte” de la isla dividida aún sigue siendo un tabú para muchos de ellos.
La crisis empuja
Sin embargo, a medida que se profundizaba la crisis, más y más grecochipriotas se dirigieron a la Comisión para reclamar una indemnización y hacer así frente a sus problemas económicos: en 2011 hubo 1.926 solicitudes formales; 1.601 en 2012 y cerca de un millar tan sólo en los últimos seis meses.
“En las últimas semanas se acercan a preguntar entre 15 y 30 personas al día y nos cuentan que hay mucha más gente interesada. Pero somos una oficina pequeña y no damos abasto con tantas peticiones”, explica a EFE el presidente de la comisión, Güngör Günkan.
La mayoría de los casos se resuelve de forma amistosa a través de una negociación pero si hay desacuerdo se puede recurrir al Tribunal de Estrasburgo. Hasta ahora, se ha resuelto sólo el 10 % de las peticiones y la RTNC ha tenido que pagar por ello unos 103 millones de libras esterlinas (122 millones de euros).
María Fieros es una de las refugiadas que perdió sus tierras con la guerra. Ahora está viviendo de primera mano los problemas de la crisis bancaria de su país, ya que perderá dinero por la quita de depósitos y su negocio de antigüedades corre riesgo de quebrar. Pero aún así no quiere oír hablar de la mediación de la IPC.
“Te dan una miseria, ni una décima parte de lo que realmente vale”, se queja.
Ajileas Dimitriadis, el abogado que ganó el primer caso sobre propiedades arrebatadas por la ocupación turca en el Tribunal de Estrasburgo (Loisidou Vs. Turkey), que sentó jurisprudencia internacional, cree que quizás esta estimación es exagerada pero también considera que los turcochipriotas se están aprovechando de la crisis que afecta al sur de la isla.
“La IPC sabe que muchos grecochipriotas están desesperados y los exprime”, denuncia Dimitriadis.
“Un caso normal puede tardar hasta 12 años si se lleva al Tribunal de Estrasburgo, así que el dilema es si resuelven el caso recibiendo una compensación barata o se pueden permitir el lujo de esperar”, añade.
Investigación en marcha
Al gobierno grecochipriota tampoco le hace gracia que sus ciudadanos accedan a un mecanismo de la RTNC y, de hecho, la Fiscalía anunció que abrirá una investigación sobre el asunto.
Günkan se encoge de hombros: “Los políticos del sur siempre les dicen a sus ciudadanos que no vengan a la IPC, que esperen a que se arregle todo el problema de Chipre y puedan recuperar sus propiedades”.
“Pero si se les pregunta cuándo solucionarán el conflicto, nunca responden. Y esta gente necesita el dinero. Nosotros arreglamos sus asuntos y, si corresponde, les pagamos una compensación. Y yo creo que de esta forma estamos contribuyendo a solucionar la división”, asegura.
Para Dimitriadis, hay otra razón por la que al gobierno de Nicosia no le interesa que se recurra al arbitraje de la IPC.
Según este abogado, las autoridades grecochipriotas no quieren sacar el tema de las propiedades de debajo de la alfombra porque entonces se abriría la vía para que también los turcochipriotas exijan sus propiedades perdidas en el sur, y de ahí los obstáculos que tratan de poner para que sus ciudadanos reclamen en el norte.
“Resulta que si le vendes tus tierras a un ruso eres un gran promotor, pero si se las vendes a un turcochipriota eres un traidor”, ironiza.
