EDITORIAL

El desafío de recuperar viviendas usurpadas

Un año después de que decenas de familias impulsadas por la Corriente Clasista y Combativa decidieran usurpar el barrio en construcción Santa Rita II, las viviendas continúan ocupadas. El panorama se repite en Las Delicias, otro complejo habitacional ubicado en la intersección de Av. Aristóbulo del Valle y Callejón El Sable.

En la mayoría de los casos, quienes tomaron las casas de manera ilegal están hoy absolutamente instalados. Hace tiempo que cuentan con servicios esenciales, que fueron ejecutando mejoras y que, incluso, abrieron sus propios negocios como cuentapropistas.

Como siempre ocurre en estos casos, se entremezclan distintas situaciones que ameritan ser analizadas de manera cuidadosa.

Resulta evidente que muchos de los que ocuparon los barrios necesitaban imperiosamente una vivienda. Sin embargo, otros usurparon las casas con un simple objetivo especulativo. Tanto es así, que numerosas unidades habitacionales fueron vendidas por los usurpadores iniciales a quienes hoy viven en ellas.

Poco después de las usurpaciones, luego de algunas marchas y contramarchas en busca de la resolución del conflicto, el gobierno provincial decidió judicializar el problema.

Una jueza ordenó el desalojo de los predios, estableciendo una serie de condiciones para que la medida se pudiera efectuar garantizando la integridad física de las familias ocupantes. Sin embargo, aquella decisión fue apelada por los representantes legales de la CCC. El tema recayó en la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, cuyos integrantes coincidieron con la posición de la jueza de primera instancia y advirtieron que el derecho a la vivienda no puede ser alcanzado por los carriles de la ilegalidad.

El caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. En las últimas horas, se supo que el máximo tribunal rechazó el planteo de la CCC y que está firme la orden de desalojo.

Desde ahora, la responsabilidad sobre cómo resolver este conflicto está manos del gobierno provincial, que se encuentra habilitado para recuperar ambos barrios.

El vicegobernador, Jorge Henn, advirtió que el gobierno no avalará métodos “que violentan la legalidad”. Y añadió: “Es un proceso que irremediablemente va a culminar en el recupero de las viviendas usurpadas”.

La situación planteada un año después de la ocupación de ambos barrios es verdaderamente compleja. Superadas las instancias judiciales, el gobierno debe cumplir la orden de la jueza de primera instancia.

Sin embargo, se deberá proceder con suma cautela desde lo político, pues no será fácil convencer a centenares de familias de que deben abandonar estas viviendas, ocupadas de manera ilegal.

Si bien en todos los casos existe una irregularidad manifiesta en la forma en que estas familias se apoderaron de las viviendas, lo más prudente será que las autoridades analicen cada caso en particular y que actúen en consecuencia.

La capacidad de negociación y resolución de conflictos, será puesta a prueba.