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Aumentos tarifarios en EPE y Assa

El anuncio de incremento fue seguido de una serie de cuestionamientos de diferentes sectores del justicialismo santafesino y de organizaciones no gubernamentales.

 

 

El gobierno provincial anunció semanas atrás el incremento en los cuadros tarifarios de la EPE y Assa a través de los presidentes de ambas empresas prestadoras de servicios esenciales, aumentos que rondarán en el año una cifra cercana al 25% en dos etapas. En el caso de la eléctrica el incremento rige desde mediados del presente mes, en tanto que el de la prestadora de agua y cloacas está previsto para el segundo semestre del año.

El anuncio de incremento fue seguido de una serie de cuestionamientos de diferentes sectores del justicialismo santafesino y de organizaciones no gubernamentales así como del reclamo de convocatoria a sendas audiencias públicas para discutir con asociaciones de usuarios la legitimidad y conveniencia de dichos incrementos.

El gobernador Antonio Bonfatti ha señalado que la instancia de audiencia pública ya está prevista en el caso de Assa y se convocará en días más, mientras que al no estar legislada para el caso de la EPE no será convocada.

En primer término habrá que señalar que más allá de lo antipático que es un aumento tarifario está en línea con la inflación estimada por la mayoría de los analistas económicos del país y solamente desconocida por el increíble Indec. El propio gobierno nacional viene convalidando aumentos paritarios en torno a esas cifras. Es decir que estos incrementos no harían más que intentar sostener el equilibrio presupuestario en empresas que requieren una constante inversión en mantenimiento y ampliación de servicios cada vez más demandados por la población.

Es en este punto que se abre la discusión política sobre si las prestadoras de servicios públicos invierten lo necesario para garantizar una prestación acorde. Y la primera apreciación permite afirmar que corre con alguna ventaja la EPE sobre Assa. Es que el presupuesto de la EPE tiene un plan de inversión y un equilibrio presupuestario mientras que en el caso de la segunda debe recurrir mes a mes al propio Tesoro provincial para hacerle frente a los gastos operativos. Además, la expansión de servicios depende directamente de esa instancia.

Será en el marco de la audiencia pública donde se discutirán incumplimientos en los compromisos asumidos por Assa antes del último incremento así como el recorte de partidas del propio Ejecutivo previstas en el presupuesto 2012. No será ajeno a la discusión si el Estado debe subsidiar el servicio que se presta en 16 de las 350 localidades de la provincia.

En el caso de la EPE la discusión parece quedar reservada para la instancia legislativa como ha ocurrido en anteriores ejercicios.

Más allá de esto, la Legislatura no ha podido -en los últimos diez años- lograr acuerdos mínimos para dictar norma alguna sobre el control de esa empresa y la representación de los usuarios. Proyectos de ley sobre audiencias públicas y un ente de control se presentaron desde distintas bancadas pero no fueron sancionados pese a que diferentes sectores políticos tuvieron mayorías parlamentarias propias.

Ante este cuadro de situación, y ante un aumento tarifario que está en línea con la inflación, se hace necesario posar los ojos sobre los números de ambas empresas y exigirles el cumplimiento estricto de las inversiones anunciadas que redundan en un mejor y más seguro servicio.

Ante un aumento tarifario que está en línea con la inflación, se hace necesario posar los ojos sobre los números de ambas empresas y exigirles el cumplimiento estricto de las inversiones anunciadas.