Tras su trámite exprés y escandaloso en el Congreso

La reforma judicial a Tribunales

Barletta confirmó a El Litoral que la UCR y otras fuerzas plantearán un amparo contra la restricción a las cautelares, y reclamarán la inconstitucionalidad de los cambios a la Magistratura. Voto de confianza a la Corte.

De la redacción de El Litoral

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El presidente de la UCR, Mario Barletta, confirmó la decisión del partido de ir a los tribunales para “defender la división de poderes, la independencia de la Justicia y para impedir que queden impunes todos los hechos de corrupción”.

En diálogo con El Litoral, Barletta destacó “la reacción inmediata del radicalismo de reunir a más de 100 dirigentes de todo el país -en un acto desarrollado en la tarde de ayer en la Capital Federal- frente a una situación que es muy delicada para la república y la democracia”.

El dirigente sostuvo que en los próximos días el centenario partido, probablemente junto a otras fuerzas públicas, presentará “un amparo de alcance general que declare la inconstitucionalidad de (la limitación de) las medidas cautelares porque entendemos que afectan los derechos humanos” en los términos del Pacto de San José de Costa Rica. Y añadió que el 9 de mayo -un día después de la sesión en la que el oficialismo en el Senado buscará aprobar las modificaciones propuestas en el Consejo de la Magistratura-, la UCR volverá a presentarse a la Justicia para denunciar la “inconstitucionalidad” de esa iniciativa.

La suma del poder

“La reforma del Consejo de la Magistratura atenta contra la Constitución cuando intenta la suma del poder público, a partir de generar una elección de jueces por voto popular. Y el efecto más negativo que genera es que un partido político, que al mismo es el que gobierna, va a ser el que va a definir quiénes son los jueces y quiénes dejan de serlo”, advirtió.

Por otra parte, Barletta cuestionó duramente el proyecto relacionado con los partidos políticos y la posibilidad de llevar candidatos en las boletas. Es que en la iniciativa se introdujeron modificaciones que perjudicarían a las fuerzas más chicas porque se les exige representación en 18 provincias. En tal sentido advirtió que la Casa Rosada “intenta impedir no sólo la participación de partidos políticos sino que también genera trabas para la posibilidad de conformar frentes electorales”.

“Esto obligaría, por ejemplo, a la oposición -si queremos ir unidos- a que en 18 distritos llevemos exactamente el mismo frente poniéndonos de acuerdo con otras fuerzas políticas”.

Carrió confiada

Al respecto, la diputada de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió se mostró confiada hoy en que la Justicia intentará frenar este paquete de leyes, al advertir que marcan “el punto entre la democracia y la dictadura de las mayorías”.

“Estamos en un momento muy difícil. Necesitamos el mayor apoyo popular posible, pacífico, no violento, pero estamos ejerciendo una resistencia clara a un gobierno que, a los atropellos, pretende convertirse en autoritario para ganar impunidad y controlar a cada uno de los jueces”, opinó.

“Hoy leí en los diarios que algunos partidos dicen ‘vamos a unirnos para tener un solo candidato a consejero’. Esto no es así, yo estoy peleando contra un fascismo. Desde el principio están tratando de decir cómo participamos en una elección en base a una ley inconstitucional, yo no estoy dispuesta a participar en ningún acuerdo que consienta la violación a la Constitución”, agregó.

Gils Carbó, imputada

El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó de supuestos nombramientos irregulares de fiscales a quien es su superior en el Ministerio Público, la titular de la Procuraduría General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

Así lo revelaron hoy fuentes judiciales y agregaron que Marijuán dio impulso a la investigación en la causa iniciada por la denuncia que radicó el senador radical e integrantes del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla.

La denuncia refiere a que Gils Carbó nombró supuestamente fuera de procedimiento al fiscal Carlos Gonella al frente de una procuraduría especial para investigar el lavado de dinero y que omitió incluir al empresario kirchnerista Lázaro Báez en una causa abierta tras las revelaciones del programa de Jorge Lanata.

El dato

Compromiso

• Además de acudir ante la Justicia por las reformas a la Magistratura y las cautelares, la UCR se comprometió a plantear la cuestión ante organismos internacionales. También ratificó su “confianza en la independencia y honorabilidad” de la Corte y convocó “al pueblo argentino” a mantener el estado de alerta y movilización, “en defensa de la democracia”.

Estrategia electoral

El acto de ayer, convertido en un pronunciamiento de resistencia frente a los avances del Ejecutivo sobre la Justicia, estaba planteado inicialmente como el lanzamiento de la campaña electoral del radicalismo. En tal sentido, Barletta, junto a los tres ex postulantes presidenciales Ricardo Alfonsín, Julio Cobos y Ernesto Sanz, además de la jefa de la Convención Lilia de Stubrin y el presidente de la Juventud Radical, Lucio Lapeña, y los jefes de los bloques legislativos Ricardo Gil Lavedra y José Cano, suscribió el documento en el que el partido manifiesta “públicamente la convicción de conformar un frente nacional con fuerzas políticas y sociales afines”.

Dentro de ese grupo, priorizaron a los partidos que constituyen el Frente Amplio Progresista, de Hermes Binner; a la Coalición Cívica, que atraviesa una disputa interna sin un liderazgo definido, y Proyecto Sur.

Barletta consignó a El Litoral que ya están avanzadas las conversaciones para el armado de listas en conjunto en distintas provincias -comenzando por Santa Fe-, pero que el propósito es lograr institucionalizar el frente a nivel nacional.

Además

Faca

• La Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca), entidad que agrupa a 80 colegios de abogados de todo el país, anunció hoy que pedirá en la Justicia la inconstitucionalidad de las leyes de reforma al Consejo de la Magistratura de la Nación y de limitación de las medidas cautelares una vez que sean promulgadas. La Faca se suma al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPAFC) y a la Asociación de Magistrados (AMFJN), que también anunciaron que pedirán la inconstitucionalidad de esas reformas.