El avance K sobre la Justicia
El avance K sobre la Justicia
Primer amparo “preventivo”, para defender las medidas cautelares
Lo realizó el constitucionalista Gil Domínguez. Entidades de jueces y abogados seguirán ese camino, y lo propio harán las fuerzas políticas.
La presentación pide que se impida la promulgación de las leyes, en cuanto importan “actos lesivos definitivos e irreparables”.
Foto: Archivo El Litoral
De la redacción de El Litoral
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez radicó esta mañana en Tribunales la primera acción de amparo contra las leyes que modificaron el sistema de medidas cautelares y, para evitar la “muerte definitiva e indigna” de los amparos, contra la creación de tres nuevas cámaras de Casación.
Gil Domínguez presentó una acción “colectiva y preventiva” en representación de “todos los habitantes de la Nación que ven amenazado su derecho a la tutela judicial” y reclamó una medida cautelar que le prohíba al gobierno la promulgación y publicación de ambas normas.
La causa quedó radicada ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo número 8, a cargo de la magistrada subrogante Cecilia Gilardi Madariaga de Negre. El abogado formuló la presentación en su “carácter de titular afectado del derecho de incidencia colectiva a la tutela judicial efectiva y al derecho de amparo”.
“Vengo a promover la presente acción de amparo preventivo... contra el Estado Nacional-Poder Ejecutivo Nacional respecto del proyecto de ley mediante el cual se establece la regulación de las medidas cautelares dictadas en los procesos en los que el Estado Nacional o sus entes descentralizados sean parte”, explica el escrito.
Además, embiste contra dos artículos del proyecto de ley mediante el cual se crean tres nuevas Cámara Federales de Casación, “próximos a ser promulgados y publicados en el Boletín Oficial por el Poder Ejecutivo Nacional”.
Según el denunciante, ambas normas sancionadas la semana pasada en el Congreso, “con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, conculcan el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el derecho fundamental y humano al amparo”.
Nulidad
Gil Domínguez reclamó que sea declarada “la nulidad e inconstitucionalidad de la inminente amenaza de concreción en actos lesivos definitivos, inexorables e irreparables que implican los proyectos sancionados” y que se ordene al Poder Ejecutivo “que se abstenga de promulgarlos y publicarlos en el Boletín Oficial”.
En un escrito de 50 páginas, el abogado denunció que los proyectos sancionados que limitan las medidas cautelares contra el Estado “afectan de forma directa derechos fundamentales y humanos, subjetivos y colectivos, patrimoniales y no patrimoniales, contemplados expresa o implícitamente en la regla de reconocimiento constitucional argentina”.
Todos los derechos que citó Gil Domínguez, entre muchos otros, podrían verse afectados por la aplicación de la reforma al régimen de medidas cautelares, de allí que plantee la figura de “cautelar preventiva”, tal como lo permite la Constitución de 1994.
En cuanto a los nuevos tribunales creados como instancia previa a la Corte Suprema, el denunciante advirtió que la ley “establece que los recursos de casación e inconstitucionalidad proceden contra las medidas cautelares y que la concesión de ambos recursos, suspende la ejecución de la sentencia hasta tanto la Cámara de Casación respectiva dicte sentencia”.
“Por ende, una persona que obtuvo una medida cautelar en Primera Instancia, que fue suspendida por la apelación estatal, que luego fue confirmada por la Cámara de Apelación, vuelve a tener suspendida la medida cautelar por un nuevo recurso estatal hasta que la Cámara de Casación resuelva. Esto conlleva, lisa y llanamente, la muerte definitiva e indigna del derecho a la tutela judicial efectiva cautelar”, resumió.
“Van por la Constitución”
“Están buscando el terreno propicio”, consideró el representante de los letrados en declaraciones a radio La Red, donde indicó que “están casi terminadas” las presentaciones contra las leyes sobre las medidas cautelares y sobre el Consejo de la Magistratura.
Por otra parte, Rizzo consideró que “charlar, charlaron seguro” entre la Corte Suprema y el gobierno para aplicar reformas en el proyecto sobre el manejo de la Justicia, tal como lo denunció la diputada Elisa Carrió. “Lo que pasa es que había dos cartas, no una sola. Yo anduve investigando y la carta que presentaron no es la misma que se había presentado antes. Había una presentada en el CIJ (Centro de Información Judicial) que después desapareció. Evidentemente, algunas llamadas hubieron, no sé si hubo alguna transacción”, aclaró en referencia a las denuncias de Carrió sobre un presunto “pacto”.
Rizzo remarcó que en la entidad que preside diseñaron dos presentaciones contra la restricción de las medidas cautelares y contra los cambios en el Consejo de la Magistratura.
Pérez Esquivel desmiente
El titular del Servicio de Paz y Justicia (Cerpaj), una destacada figura en la lucha por los derechos humanos durante la dictadura militar, dijo que está de acuerdo con que haya un debate pero no con el contenido de la leyes que impulsó el gobierno.
La agencia oficial Télam había publicado que el defensor de los derechos humanos estaba “totalmente de acuerdo”. Por el contrario, Pérez Esquivel dijo que la reforma “no es democratización, es sumisión”.
Además, tras lamentar el tratamiento express de las leyes, dijo que habrá que esperar a ver qué decisión tomará en su momento la Corte Suprema de Justicia a la que elogió por su prestigio.
Para Pérez Esquivel, es necesario un debate sobre cómo debe reformar el sistema de justicia en Argentina, pero es algo que “corresponde a los especialistas, a diputados y senadores”. “Apoyamos la democratización y la accesibilidad del Poder Judicial, pero los proyectos del gobierno deben ser seriamente corregidos”, había dicho Pérez Esquivel, pero sus declaraciones fueron cambiadas de sentido.
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