“Cajoneó” expedientes sobre Lázaro Báez

Denuncias por la politización de la Unidad de Información Financiera

 

• Una ex titular del organismo dijo que antes se accedía por concurso, y ahora lo dispone el Ejecutivo.
 

De la redacción de El Litoral

[email protected]

DyN/DPA/El Litoral

La ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) Alicia López afirmó hoy que ese organismo de lucha contra el lavado de activos “tomó un estado político a partir de 2007”, con la designación de Rosa Falduto y luego de su actual presidente, José Sbatella.

“Yo no fui una persona puesta políticamente, rendí un concurso. Por ende, nos resultaba muy difícil conseguir información del propio Estado. La IGJ no contestaba, la Afip no contestaba, el Banco Central contestaba cuando quería...”, expresó.

La ex funcionaria fue consultada esta mañana por la FM 2X4 sobre una información que consignó hoy el diario porteño La Nación, según la cual la UIF “evitó denunciar ante la Justicia durante los últimos dos años y medio a dos empresas de Lázaro Báez”, el empresario kirchnerista denunciado por presunto lavado de dinero.

La polémica actuación de la UIF se concentró en la petrolera Epsur SA y en la firma Austral Construcciones SA, que operan con especial fuerza en la Patagonia. Ambas figuran, además, en la cartera de clientes que mostraba el contador y dueño de la financiera “La Rosadita”, Daniel Pérez Gadín, en su currículum disponible en Internet. Ambas habían sido reportadas por “actividades sospechosas” y se verificó, a través de informes efectuados por la Inspección General de Justicia, que arrastraban serias anomalías societarias. Sin embargo, la UIF nunca llevó esos casos a los tribunales.

“A partir del 2007, la UIF tomó un estado político, a partir de Rosa Falduto y después con Sbatella. Si es el Ejecutivo el que los pone, la información del Estado debería haber fluido mucho más rápido”, criticó López.

Falduto estuvo al frente de la UIF entre enero de 2007 y diciembre de 2010, cuando fue sucedida por Sbatella, ambos cuestionados por su desempeño al frente del organismo por la presunta demora en dar cuenta a la Justicia de operaciones sospechosas de Báez.

Hace dos semanas, el fiscal Guillermo Marijuán imputó a Báez, a su hijo Martín, quien figura con una cuenta en bancaria en Suiza; al contador Daniel Pérez Gadín, y a Fabián Rossi, quien se encargaría de cuentas en Panamá, en una causa por presunto lavado de dinero. En el expediente también están imputados los financistas Federico Elaskar y Leonardo Fariña, quien reveló que sacaba del país bolsos con dinero de Báez, aunque luego se desdijo.

De Ciciliani

La actuación de la UIF fue objeto de un pedido de informes presentado por la diputada nacional Alicia Ciciliani. “Los interrogantes son qué cantidad de empresas o personas fueron señaladas como sospechosos desde el exterior y sobre cuántos de éstos se han iniciado investigaciones”, explicó.

La legisladora santafesina recordó que “la UIF tiene como función el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves. Por ello, es importante saber sobre su labor”. La preocupación es mayor habiendo conocido el reciente proyecto del gobierno nacional respecto del blanqueo de dólares. “Creo que este nuevo blanqueo busca recursos de la economía del delito, y es un traje a medida para los funcionarios públicos que están siendo investigados para blanquear los recursos que provengan de la corrupción”, dijo Ciciliani . Luego agregó: “No resuelve ningún problema económico y, además, el mensaje a la sociedad es que hay impunidad en el manejo de los recursos públicos”.

¿Intervención a Clarín?

“Termino el programa sin saber si el domingo que viene vamos a estar acá”, se despidió anoche el periodista Jorge Lanata, al cerrar su emisión de la jornada de “Periodismo para Todos”, que conduce por Canal 13. En el transcurso del programa amplió sus denuncias sobre lavado de dinero, mostró las mansiones que poseen encumbrados funcionarios, reveló la existencia de una bóveda para guardar documentos y valores en la residencia de los Kirchner, y acabó haciendo mención a la posibilidad de que el gobierno argentino disponga la intervención del grupo Clarín y el desplazamiento de su directorio.

La versión fue desarrollada también en su edición de hoy por el diario La Nación y difundida a todo el mundo por la agencia de noticias internacional DPA. “El gobierno argentino promueve un proyecto de ley para expropiar parte de las acciones de Papel Prensa, principal fábrica de papel de diario, con la intención de intervenir el multimedio Grupo Clarín”, tituló en su despacho de la fecha.

El artículo del matutino porteño considera una “posibilidad” que la Comisión Nacional de Valores (CNV), una entidad autárquica cuya función es velar por la transparencia de los mercados y la correcta formación de precios, “disponga la intervención del Grupo Clarín y desplace al directorio de la empresa”.

Actualmente, el 49 por ciento de las acciones de Papel Prensa están en poder del Grupo Clarín, el 22,5 por ciento es del diario La Nación, el 27 por ciento es controlado por el Estado y el resto cotiza en Bolsa.

La iniciativa de expropiar Papel Prensa propone declarar de “utilidad pública y sujeto a expropiación el 24 por ciento” de la compañía, por lo que el Estado pasaría a controlar el 51,5 por ciento de la empresa que vende el papel a gran parte de los periódicos de todo el país.

Este domingo, Lanata sostuvo que “sería idiota y contraproducente” para el gobierno si decide la intervención del multimedios.