Dinero “K”: cuatro expedientes para una ruta

El turno de la Justicia

• El juez Casanello no quiere entender en la causa de la bóveda de Lázaro, como si fuera una cuestión distinta a la de los vuelos con bolsos o la salida hacia paraísos fiscales.

De la redacción de El Litoral

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El juez federal Sebastián Casanello se declaró ayer incompetente en la causa sobre las supuestas bóvedas del empresario Lázaro Báez en Río Gallegos y la remitió a la Justicia de Santa Cruz, pero el fiscal Guillermo Marijuán apeló esa decisión y ahora la Cámara Federal porteña deberá resolver el pleito.

Casanello buscó desprenderse de la causa al entender que el caso de las supuestas bóvedas en Río Gallegos configura un hecho ocurrido en esa provincia, sobre el que no tiene jurisdicción para investigar. Y entonces debe hacerlo -a su criterio- la Justicia federal patagónica.

El juez admitió el pedido de Marijuán para incorporar en el plan de protección de testigos a Sergio Triviño Tecol, empleado de Báez en su firma Austral Construcciones, que supuestamente habría colaborado para desmontar las bóvedas y lo fotografió como salvaguarda. También a Mirta Mayorga y Fabián Colli (éste denunció amenazas), quienes bajaron las fotos del celular de Triviño y le sugirieron que las difunda.

Pero además el fiscal Marijuán (otro que recibe amenazas anónimas) apeló la decisión de Casanello para que sea revisada por la Cámara Federal porteña, para que el caso se quede en Comodoro Py.

Mientras tanto Casanello está demorando su decisión de allanar una casa en Tigre. El fiscal se lo pidió porque hasta allí habrían sido mudadas las pruebas que se sacaron de “La Rosadita”, cuyos allanamientos resultaron tardíos.

El juez tiene el expediente por el que debería investigar a Báez, a su hijo Martín , a los contadores Leonardo Fariña y Daniel Pérez Gadín y a Federico Elaskar por presunto lavado de -al menos- 55 millones de euros vía Panamá y otros paraísos fiscales.

Hasta ahora, además de demorar el allanamiento en Tigre, quedan por esperar las indagatorias a todos ellos, al dinero con el que se mueven o los bienes que poseen. Pérez Gadín, el hombre que maneja hoy la financiera SGI (La Rosadita) en Madero Center, compró un campo por 14 millones de dólares cerca de Punta del Este, pero es monotributista en el país.

La democratización que “oscurece”

• La ley 26.857 -parte del paquete de “democratización” de la justicia- dispone que las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios, magistrados y candidatos a cargos electivos “son de carácter público, de libre accesibilidad y podrán ser consultadas por toda persona interesada en forma gratuita a través de Internet”.

Estarán disponibles en el sitio web de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo la norma introdujo un cambio decisivo: no habrá detalles a disposición de la mirada pública o la investigación periodística.

No se podrán conocer los inmuebles o las sociedades de las que son propietarios aquellos que deben “publicar” sus bienes. Tampoco se podrán obtener datos de sus familiares directos.

El director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, le dijo a La Nación que “lo que se muestra como una evolución de mayor acceso es un engaño, porque habrá menos información. Lo bueno que tenían las declaraciones juradas anteriores era poder observar la real evolución patrimonial de los funcionarios, lo que ya no se podrá hacer”, apuntó.

El enriquecimiento ilícito y el conflicto de intereses con la función pública quedarán así fuera de la evaluación de la mirada pública. Un contraste con el uso gubernamental de datos privilegiados de la Afip -que deberían ser confidenciales- a favor del atril de la Casa Rosada, según consta en más de un ejemplo de las alocuciones presidenciales para con los actores privados críticos del gobierno.

El dato

Encubrimiento

• La diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica) anunció que denunciará al magistrado, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, a quienes acusó de integrar una “asociación ilícita” destinada a encubrir diversos delitos. La legisladora precisó también que denunciará a Casanello por presunto encubrimiento, mientras pedirá el juicio político para Gils Carbó y acusará a la presidenta en foros internacionales porque -dijo- “es la verdadera dueña de todo lo que está llevando Lázaro Báez”

Del periodismo a los expedientes

• Hay una significativa diferencia -debe haberla- entre un informe periodístico y un expediente judicial, aún cuando traten sobre una misma cuestión.

En la escena pública argentina han irrumpido con fuerza los primeros, pero no más que eso.

Leonardo Fariña y Federico Elaskar son -confesos- valijero y financista de una ruta para sacar bolsos con euros en efectivo desde Santa Cruz hacia paraísos fiscales, por cuenta y orden de Lázaro Báez. Miriam Quiroga, ex directora de Documentación de la Presidencia, relató que el ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, llevaba y traía bolsos en aviones, previos pasos por Olivos.

Y ahora un empleado de Lázaro Báez habría sacado fotos del desmantelamiento de una bóveda que el empresario kirchnersita habría tenido en un sótano de su chacra.

Las evidencias periodísticas están a la vista y no han sido contrastadas, a pesar de notables esfuerzos del aparato oficial y paraoficial de difusión.

Las pruebas judiciales dependen de indagatorias, allanamientos en tiempo y forma, registros de vuelos, videos de aeropuertos, requerimientos al exterior y pericias arquitectónicas sobre sótanos y bóvedas.

Trabajan los fiscales y abundan los jueces; la justicia espera por sus efectivas actuaciones.