Reforma con polémica

Magistratura: también en Santa Fe se plantea la inconstitucionalidad

Referentes de la oposición hicieron esta mañana una presentación en la Justicia Federal local. Objetan que la nueva norma modifica sustancialmente el régimen de los partidos políticos, y advierten que atenta contra la independencia del Poder Judicial.

 

De la redacción de El Litoral

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Partidos de la oposición identificados en el Frente Progresista presentaron hoy ante el juez nacional con competencia electoral en Santa Fe, un planteo de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la ley que reforma el Consejo de la Magistratura. El escrito lleva las firmas de Miguel Lifschitz, como secretario general del Partido Socialista; Ariel Bermúdez, de la Coalición Cívica; Gabriel Real, de la Democracia Progresista; Antonio Riestra, de Pares; Oscar Belbey, de SI, y Gabriela Adelina Sosa, de Libres del Sur.

“El planteo -dijo Lifschitz a El Litoral- es similar al que se realizó a nivel nacional y a otros que se están efectuando en diferentes jurisdicciones provinciales. La intención es generar instancias que permitan lograr el objetivo de máxima: que la Corte Suprema de Justicia se aboque al análisis de la ley y declare su inconstitucionalidad”. Pero el objetivo inmediato -aclaró-, es “lograr que nos habiliten una cautelar que permita frenar el proceso electoral (para elegir consejeros) que fue convocado por la presidenta”.

El senador por Rosario dijo que al replicar las presentaciones en diferentes puntos del país, esperan que algún juez se haga eco del tema y dicte la cautelar. “Lo que se objeta básicamente -acotó- es que el sistema de elección de consejeros va en contra de lo establecido en la Constitución reformada en el ‘94, y donde se plantea que los consejeros deben ser elegidos por sus pares”.

Contra los partidos

El escrito presentado por la oposición advierte que la ley impugnada “no sólo modifica sustancialmente el régimen de los partidos políticos al compelerlos a llevar en sus boletas a candidatos al Consejo de la Magistratura, sino que además crea categorías arbitrarias para la adhesión de boletas que los perjudican directa y concretamente”.

“La ley impugnada -advirtieron- impone a los partidos políticos llevar en sus listas de candidatos a quienes deberían ser electos a través de sus respectivas organizaciones representativas, violentando la letra y el espíritu de la Constitución Nacional”.

La oposición sostiene, además, que la norma cuestionada “modifica aspectos concretos del proceso electoral, imponiendo un trato desigual, irrazonable y arbitrario para disponer la adhesión de boletas, lo que contraría el principio de igualdad entre los partidos políticos nacionales y afecta el ejercicio de los derechos políticos de los partidos de distrito”.

En resumen, consideran que la nueva ley “afectará, en forma directa y en grado suficientemente relevante, el interés legítimo de los partidos políticos que son los que tienen la competencia exclusiva para postular a los candidatos a consejeros”.

Independencia

Los dirigentes que firman el planteo advierten en el escrito que la reforma sancionada atenta contra la independencia del Poder Judicial, y consideraron que “el peligro” que entraña dicha situación es, “en primer lugar, con respecto a los otros poderes institucionales, aunque esa independencia también puede ser atacada por poderes. En esta línea de ideas -sostuvieron- es fundamental que el Poder Judicial no dependa del Poder Ejecutivo, al punto tal que la Constitución le impide a éste expresamente entrometerse en cuestiones judiciales”. La oposición considera que las reformas al Consejo, en especial la que hace depender de un partido político la postulación de los jueces que lo integrarán, “nos retrotrae a épocas anteriores a la reforma de 1994, cuando los jueces eran designados por su cercanía o dependencia de los funcionarios políticos”.

“La ley que se impugna -afirmaron- desnaturaliza la esencia misma del Consejo de la Magistratura toda vez que posibilita al partido que gane las elecciones el control del Consejo, otorgándole el manejo exclusivo de la designación, de la acusación y la posible destitución de los jueces”.

El dato

Pronunciamientos

  • La jueza federal con competencia electoral de la Capital Federal, María Servini de Cubría, no hizo lugar a un pedido de medida cautelar para suspender el sistema de elección popular de los consejeros de la Magistratura. Sin embargo, la jueza abrió la acción de amparo y le corrió traslado de la demanda al Estado nacional por un plazo acotado, lo que en los hechos significa que en breve podría pronunciarse sobre la inconstitucionalidad o no de la ley de reforma.

En tanto, el juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro aceptó ayer tratar un amparo presentado por el Colegio de Abogados de esa provincia, y le corrió vista al gobierno nacional por siete días hábiles para que responda la demanda antes de resolver si la acepta o la rechaza.