Disputa entre la Justicia federal y provincial por mafia y narcotráfico

El fiscal federal Juan Murray pidió la nulidad de la causa por asociación ilícita contra la banda de Los Monos que investiga el juez provincial Vienna. El abogado de los imputados hizo lo mismo que el funcionario nacional. El ministro Lewis había anticipado que ese pedido era “funcional” a los investigados.

Germán de los Santos

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Corresponsalía Rosario

En la superficie aparece la discusión sobre la jurisdicción de la investigación de la banda narcocriminal denominada Los Monos, de Rosario, que tiene actividades no sólo vinculadas a la comercialización de estupefacientes sino también está sospechada de decenas de homicidios, de acopio de armas y de brindar protección a otros grupos delictivos, por lo que el juez de Instrucción Nº4 Juan Carlos Vienna investiga a la familia Cantero, que lidera esta organización, bajo la figura de asociación ilícita. En el fondo se cristaliza una disputa entre la Justicia federal y la provincial por esta pesquisa, en la que aparecen elementos más cercanos a una discusión política que jurídica, con más adjetivaciones figurativas que certezas.

El fiscal federal (subrogante) Juan Patricio Murray encendió la mecha de la discusión cuando pidió formalmente a los juzgados federales, Nº4 de Marcelo Bailaque y al Nº3 de Carlos Vera Barros, que declaren nulos los allanamientos dispuestos por Vienna a partir de la saga de homicidios y venganzas que surgieron tras el crimen de Claudio Ariel Cantero, líder de Los Monos, el domingo 26 de mayo en una disco de Villa Gobernador Gálvez. Tras conocer por los medios de comunicación las intenciones del fiscal federal, Carlos Varela, el abogado defensor del clan oriundo de villa La Granada, no tardó demasiado tiempo en anticipar hoy a la mañana en Radio 2 que “hay elementos” para pedir la nulidad de la causa que sigue adelante el magistrado provincial. Desde el gobierno provincial habían advertido antes de que el letrado rearmara su estrategia de defensa que el pedido de Murray era funcional a la familia Cantero.

Operativos

Desde el viernes pasado, cuando se iniciaron los operativos ordenados por la Justicia provincial para desarticular este grupo se realizó medio centenar de allanamientos y quedaron detenidas 18 personas. El núcleo de esta causa que investiga Vienna surgió de las escuchas y pesquisas que el magistrado llevó adelante en el marco del homicidio de Martín “Fantasma” Paz, el cuñado de Claudio Cantero, que se produjo en septiembre pasado. De allí surgieron conexiones con la saga de venganzas y asesinatos también la vinculación de este grupo con efectivos policiales que estallaron tras el crimen de Cantero en la puerta de la disco Infinity Night de Villa Gobernador Gálvez.

Murray considera que el magistrado provincial violó la ley al haberse atribuido facultades que no tiene y al haber avanzado sobre delitos de narcotráfico, que son de competencia federal. “Un juez de instrucción, que desde un comienzo ha conocido su incompetencia para actuar, no podía ignorar la falta de la misma para ordenar el secuestro de estupefacientes, elementos para fraccionarlos, balanzas y todo otro elemento incriminante tal como lo consignó en las órdenes de allanamiento libradas”, señaló el fiscal federal, y agregó: “El juez (Vienna) supo o presupuso por algún elemento inherente a la investigación que estaba llevando a cabo en relación al homicidio que se ventilaba en la causa 913/12, que una de las hipótesis bajo pesquisa era la de infracción a la ley federal de estupefacientes 23.737”.

Reacción en la Justicia provincial

El pedido de Murray a los jueces federales generó la reacción desde el fuero provincial, donde el 27 de mayo pasado, tras el primer crimen de la saga, se conformó por pedido del procurador general de la Corte Suprema Jorge Barraguirre una unidad de fiscales para investigar los homicidios en torno a esta banda. En diálogo con El Litoral, el fiscal de Cámara Guillermo Camporini dijo que “no interesa tanto la opinión del fiscal subrogante sino lo que decidan los jueces de ese fuero”. “Todo lo actuado en la Justicia provincial se realizó en un marco de la legalidad. Estamos frente a una organización delictiva, que está sospechada de homicidios, de tener relaciones con algunos policías, de canalizar bienes, acopio de armas, producto de un accionar entre los que se sospecha que está el narcotráfico. Si uno investiga el patrimonio de esta gente todos figuran como changarines y tienen unas mansiones tremendas”, sostuvo el fiscal de Cámara provincial, quien advirtió que “cuando en el marco de los operativos se ha encontrado droga se convoca a la brigada de la ex Drogas Peligrosas que da aviso a la justicia federal”. “No puede ahora un fiscal pedir la nulidad y decir que se está entorpeciendo una investigación sobre narcotráfico cuando esta causa lleva siete meses”, aclaró Camporini, quien consideró: “No podemos hacernos los tontos frente a esta organización”.

“Funcional a los violentos”

“Las declaraciones de Ganón son funcionales a los violentos”, respondió el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, quien destacó los procedimientos que se llevaron a cabo en Rosario contra bandas criminales, en especial por el grado de articulación entre la Justicia provincial y el Ministerio de Seguridad para realizar las investigaciones. En ese sentido, el ministro expresó que “las críticas infundadas a estas medidas judiciales son inoportunas”.

Lewis se manifestó al respecto a partir de cuestionamientos realizados por otros funcionarios judiciales al accionar del juez penal que llevó adelante los allanamientos (se cuestionó si al caso debía abordarlo la Justicia provincial o la federal, dado que esta última interviene en materia de narcotráfico). “El procedimiento se dio en causas en las que se investigaban delitos de competencia provincial, como por ejemplo numerosos homicidios”, subrayó el ministro.

“Debemos tener mucho cuidado de las valoraciones desafortunadas que nos llevan a debates estériles y no al fondo de la cuestión, que es separar y sancionar a las bandas de violentos que pretenden afincarse en la ciudad de Rosario”, insistió. “Existe la clara voluntad política del gobierno de llevar adelante esta tarea y estos procedimientos son una manifestación de esa voluntad. Es momento de articular esfuerzos y no de intentar competir para ver quién tiene la iniciativa, quién sale en los diarios o quién lleva adelante una investigación de esta naturaleza”, agregó Lewis, quien expresó su apoyo a los funcionarios judiciales y policiales que están llevando adelante estas investigaciones.

análisis

Los narcos se estarán frotando las manos

José Curiotto

Si algo faltaba para agravar la situación frente al avance del narcotráfico en Rosario, era que funcionarios provinciales y judiciales debatieran públicamente sobre la posible ilegalidad de los procedimientos que se vienen realizando para desarticular uno de los grupos más violentos, conocidos como la Banda de los Monos.

El que prendió la mecha fue el defensor general, Gabriel Ganón: dijo que los operativos son una “puesta en escena del gobierno” y que, a pesar de tratarse de un delito federal, actúa un juez de la provincia. En el mismo sentido, el fiscal federal de Rosario, Juan Murray, pidió la nulidad de todo lo hecho hasta ahora en la causa.

Les contestaron el ministro de Justicia, Juan Lewis, y el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, quienes contradijeron las posturas del fiscal y del defensor, aduciendo que en estos casos, además de narcotráfico, se investigan delitos como homicidios, cohecho, extorsión y asociación ilícita.

Si Ganón y Murray tuviesen razón y los procedimientos fueran declarados nulos en el futuro, las autoridades provinciales deberán asumir sus responsabilidades por semejante desprolijidad.

Pero más allá de las discusiones jurídicas -que no deberían producirse en público ante una situación tan delicada como la que vive Rosario-, resulta evidente que la política se ha filtrado también en la lucha contra el delito.

No es casual que el hiperkirchnerista Andrés Larroque haya hablado livianamente del “narcosocialismo” santafesino. En la provincia, y sin poner en dudas sus cualidades en materia jurídica, son inevitables las suspicacias que despierta la pertenencia de Ganón a la Fundación Igualar (www.fundacionigualar.org.ar), organización peronista presidida por Fernando Rosúa, hijo de un ex ministro de Jorge Obeid.

Tampoco resulta descabellado suponer que, en algún momento, el socialismo se ampare en esta evidente politización del tema para disimular sus propias debilidades en materia de seguridad.

A todo esto, ¿qué pensarán los narcos?, ¿leerán los diarios desde sus escondites o desde la cárcel?, ¿se frotarán las manos mientras los que deberían unirse en la lucha contra el delito desnudan públicamente sus diferencias?

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