Tras el fallo adverso sobre la elección de consejeros.

El gobierno ahora busca sacarle a la Corte el manejo de recursos

A través de un proyecto de ley, asigna la administración del presupuesto judicial al Consejo de la Magistratura. Lo estipula la Constitución y estaba inicialmente en el paquete de “democratización”, pero Cristina lo modificó a pedido de la Corte. En medio de la actual confrontación, el kirchnerismo vuelve sobre sus pasos.

De la redacción de El Litoral

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DyN

El kirchnerismo ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que le quita al Poder Judicial y a la Corte Suprema facultades presupuestarias, de manejo de personal y hasta de fijación de sueldos y se las pasa al Consejo de la Magistratura, tras haber retrocedido en esos puntos cuando se trató en la Cámara Baja la Ley de los cambios en la conformación del organismo.

En esa oportunidad, las sorpresivas variantes motivaron una denuncia de la diputada Elisa Carrió, quien ventiló un pretendido “pacto” entre el gobierno y el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Ahora, el texto modifica seis leyes nacionales y vuelve a lo que fue el proyecto original del Ejecutivo sobre el Consejo de la Magistratura que, entre otras cuestiones, le otorga al Consejo la potestad de “aprobar” con mayoría simple el anteproyecto del Presupuesto anual del Poder Judicial, cuando el actualidad sólo “toma conocimiento” del mismo y lo pasa, “para su consideración”, a la Corte.

Tras el fallo de la semana pasada que anuló la elección directa de jueces y abogados por considerarlo “inconstitucional”, el gobierno disparó contra la Corte duras declaraciones y se denunció una supuesta investigación fiscal de la Afip hacia Lorenzetti, que el organismo negó.

Recuperación

El nuevo proyecto, que presentaron los diputados del Frente para la Victoria, Diana Conti, Carlos Kunkel, Héctor Recalde, José María Díaz Bancalari, María Teresa García y Gloria Bidegain, es un texto similar al que originalmente había enviado el Ejecutivo en el paquete de leyes de Reforma Judicial y fue uno de los pocos cambios que aceptó hacer el kirchnerismo.

Una fuente del Frente para la Victoria dijo que haber retrocedido en su momento “era parte del acuerdo para mantener la administración del Poder Judicial, a cambio de no dictar la inconstitucionalidad de la norma”, pero como no se cumplió con esa parte “ahora, se vuelve a la idea original”.

En otras partes del articulado queda claro que se eliminan artículos de la reciente Ley 26.855 que reglamente el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y se vuelve al texto original, dejando de lado que las leyes modificadas señalaban que iban a quedar “sin efecto” todas las disposiciones “que importen un detrimento de la administración del Poder Judicial por el Consejo de la Magistratura de la Nación”.

Así, el proyecto de los diputados ultrakirchneristas le permite al Consejo de la Magistratura “reajustar los créditos del presupuesto”, “fijar las dotaciones de personal de los Tribunales, juzgados y dependencias‘ y ‘llevar adelante la administración de personal de todo el Poder Judicial de la Nación, incluida la capacitación, el ingreso y promoción y de la escala salarial, con exclusión del personal de la Corte Suprema”.

Reemplazo

En muchos casos, la redacción de los nuevos artículos reemplaza donde dice “presidente de la Corte Suprema” por el Consejo de la Magistratura de la Nación. También el Consejo podrá “cubrir los cargos de secretarios y de personal auxiliar de los tribunales” y podrá “redistribuir o trasladar” a quienes se desempeñen “en cualquiera de los fueros”. Por otra parte, “fijará las dotaciones de personal de los distintos Tribunales y organismos”.

“El presupuesto del Poder Judicial de la Nación será atendido con cargo al Tesoro Nacional y con recursos específicos propios del citado poder y será administrado por el Consejo de la Magistratura de la Nación”, se señala en el artículo 8 del proyecto.

También el Consejo será el encargado de “establecer” las remuneraciones de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial.

Por último, el proyecto le acuerda al Consejo de la Magistratura y al Poder Ejecutivo la facultad de reglamentar la ley en materia de “administración financiero-presupuestaria”.

" Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia”.

Constitución Nacional (art. 114 inc. 3),

al enumerar las atribuciones del Consejo de la Magistratura.

“Es una represalia”

El consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi consideró que el proyecto presentado por diputados oficialistas, que quita el manejo de fondos a la Corte Suprema, es “un nuevo intento de eliminar la independencia del Poder Judicial” y advirtió que “no será el último”.

“El proyecto es un nuevo conejo que el cristinismo saca de su galera para atacar al Poder Judicial”, afirmó Fargosi y agregó que “es tan inconstitucional como los cambios anteriores”.

En este sentido, agregó que “la Constitución no deja dudas de que la Corte es la cabeza del Poder Judicial y por eso el Consejo de la Magistratura, aunque tenga capacidad de administración, no está por encima de la misma”. Precisó que “igual sucede con el Poder Ejecutivo, a nadie se le ocurriría que las facultades de administración del jefe de Gabinete lo colocan por encima del Presidente”.

En tanto, el diputado radical Manuel Garrido atribuyó la iniciativa a una “represalia” del gobierno contra la Corte y denunció la “desprolijidad y la manipulación” del Ejecutivo en temas “fundamentales” de gestión.

“Estamos hablando de una cuestión regulada por la Constitución que tiene que ver con el manejo de un Poder y lo usan en uno u otro sentido según para donde sopla el viento”, lamentó.

El ex fiscal anticorrupción insistió en fustigar la propuesta kirchnerista: “Resulta que un mes después de que ese proyecto se aprobó, mandan otra vez el proyecto cambiando el contenido de lo que votaron hace un mes. La verdad que es una manera absolutamente irresponsable de regular sobre estas cuestiones”, reiteró.

Secuencia

En 1994, la reforma constitucional creó el Consejo de la Magistratura y puso en sus manos la administración del Poder Judicial.

Tras la demorada creación del organismo se generaron fricciones por este tema con la Corte, que siguió manteniendo en los hechos esa atribución.

El paquete de leyes de la reforma judicial incluía expresamente derivar al Consejo el manejo de los fondos, pero tras un planteo de la Corte, ése fue el único punto que el oficialismo aceptó modificar.

Después del fallo adverso sobre la reformulación del Consejo de la Magistratura, el kirchnerismo insiste con la previsión original, para quitar a la Corte esa atribución.